Chihuahua ya cuenta con Ley que protege los bienes del Estado

Chihuahua cuenta ya con una Ley de Bienes del Estado que derivó una mesa de trabajo de más de 15 reuniones desde el mes de junio hasta el mes de octubre del 2019 con la participación de  las representaciones de este Poder Legislativo, personal del Poder Ejecutivo Estatal por conducto de la Dirección General de Normatividad y la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, de la Secretaría General de Gobierno; Secretaría de Hacienda; Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología; Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, así como representantes del gobierno municipal de Chihuahua.

La Ley tiene como finalidad un efectivo control, protección y administración del patrimonio del Estado, en beneficio de la sociedad que propicie el óptimo aprovechamiento de los bienes estatales y municipales, observando además la integración y distribución de competencias entre las distintas dependencias y entidades administradoras.

La nueva Ley de Bienes del Estado de Chihuahua consta de un total de 109 artículos, los cuales se dividen en cinco Títulos, mismos que a su vez se segmentan en diversos Capítulos y Secciones, con el contenido y sistematización siguiente:

Establece la regulación para el régimen de dominio público de los bienes del Estado y de los municipios. Los bienes de dominio público tienen la característica de ser imprescriptibles, y que, mientras no cambien su situación jurídica, serán también inalienables e inembargables.

Se prevé el procedimiento para la enajenación de los bienes de dominio público de carácter estatal, en donde para tal efecto se prevé que dichos bienes pueden ser enajenados previo decreto de desincorporación dictado por el Congreso del Estado.

Se regula la figura de las concesiones sobre bienes inmuebles de dominio público, herramienta que permite al Estado y a los municipios otorgar a particulares, bajo ciertas reglas estrictamente definidas, los derechos de uso o aprovechamiento sobre los citados bienes, para la realización de actividades económicas, sociales o culturales.

Se permite que los entes públicos puedan convenir con otras dependencias y entidades de los tres órdenes de gobierno, para que usen, exploten o aprovechen los inmuebles de su propiedad. En este apartado sobresale la figura por medio de la cual el Estado y los municipios podrán rescatar por causas de utilidad pública los inmuebles otorgados en asignación, remitiendo para tal efecto a los supuestos ya previstos en el Código Administrativo del Estado.

Lo referente a la prescripción de los inmuebles de dominio privado, en donde para el Estado se permite su procedencia con la duplicidad de los plazos que marca el Código Civil, pero para el caso de los municipios, se prevé que estos serán imprescriptibles, respetando con ello el espíritu del legislador de las disposiciones actuales.

Se prevé el procedimiento para la enajenación de los bienes de dominio privado del Estado: la enajenación directa y la subasta pública.

El gobierno acordará si los bienes adquiridos se destinarán al dominio público o dominio privado, para lo cual se deberá observar además lo dispuesto por los planes o programas de desarrollo urbano aplicables.

Los entes públicos podrán recuperar la posesión de bienes inmuebles de su patrimonio, en caso de que existan personas que usen o aprovechen estos bienes sin contar previamente con una concesión, permiso o autorización, o bien, que contando con ella, ya se haya extinguido o se incumpla con las obligaciones derivadas de la misma.

Se crea padrón de la propiedad de bienes del dominio público y privado que deberán llevar el Estado y los municipios, así como los demás entes públicos, a través de sus áreas correspondientes, con el objeto de organizar, clasificar y registrar su patrimonio, así como los demás actos jurídicos relacionados con el mismo.

Establece las  sanciones a las que serán acreedores quienes incumplan particularmente en lo que toca a las concesiones, autorizaciones o permisos de bienes públicos; así como una referencia a los medios de defensa que cuentan los particulares contra los actos o resoluciones administrativas que se dicten en la aplicación de la Ley.

Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los  municipios, los organismos descentralizados estatales y municipales, así como a los Organismos Constitucionales Autónomos, deberán expedir o adecuar, en un plazo de ciento ochenta días naturales, las disposiciones necesarias para el cumplimiento de la presente Ley.

Los municipios del Estado, en un plazo que no podrá exceder de ciento ochenta días, deberán crear su Registro de Propiedad Municipal.

 

Por: Antonio Hernández

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