Avanza la Ley de Austeridad Republicana

Ley Federal de Austeridad Republicana Esta Ley regula las medidas de austeridad en el ejercicio del gasto público federal y es aplicable a todas las dependencias, entidades, organismos y el resto de los entes que integran la Administración Pública Federal y tiene como objetivo que los recursos económicos de los que se dispongan se administren de la mejor manera.

La Ley trata de fijar un nivel de gasto público en términos reales salvo en los casos en los que se autorice a la SHCP con previa justificación. 6 De acuerdo con Casar (2020), para 2020 se propuso un superávit de 0.7% del PIB y se renunció nuevamente al endeudamiento público.

La pandemia a inicios del año hizo evidentes las vulnerabilidades del país ante lo que el gobierno desatendió su meta de superávit primario y anunció programas de crédito por cerca de 0.5% del PIB.

Adicionalmente el Banco de México elevó la liquidez en el sistema Señala que los entes públicos deberán ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales con el objetivo de eliminar todo tipo de duplicidades.

Entre otras medidas de austeridad republicana se enlistan las siguientes:

se prohíbe la compra o arrendamiento de vehículos de lujo (superior a las 343 UMA diarias vigentes), adquisición de equipos y sistemas de cómputo (se prioriza el uso de software libre), contrataciones de seguros de ahorro (Seguro de Separación Individualizado o cajas de ahorros especiales) a excepción de cuya obligación de otorgarlos derive la ley;

los vehículos aéreos propiedad del Poder Ejecutivo Federal serán destinados únicamente a actividades de seguridad, defensa, marina, fuerza aérea , de protección civil así como para el traslado de enfermos; se eliminaran los gastos de oficina innecesarios y se priorizara el cuidado de los insumos (energía eléctrica, agua etc.).

Se establece que se eliminarán las plazas de Dirección General Adjunta creadas a partir del ejercicio fiscal 2001 que no cumplan con lo dispuesto en la fracción III del artículo 12 de la misma Ley y que se prohíbe y cancela cualquier tipo de pensión que se hubiere creado exprofeso para el beneficio de los extitulares del Ejecutivo Federal, así como la asignación a estos de cualquier tipo de servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos costos sean cubiertos con recursos del Estado, de los bienes muebles o inmuebles que se encuentren a su disposición y formen parte del patrimonio federal.

Por: Antonio Hernández

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