Feministas Mexicanas contra vientres de alquiler se une a moviento internacional

Cientos de organizaciones defensoras de los derechos humanos de las mujeres de 18 países han difundido un comunicado que pide la prohibición global del alquiler de vientres, también conocido como maternidad subrogada. En una acción global sin precedentes, liderada por la española Red Estatal contra el Alquiler de Vientres (RECAV), estas organizaciones feministas piden a los jefes de Gobierno y de Estado que se pronuncien públicamente por la prohibición global del alquiler de vientres durante la 73ª sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas. También piden a los gobiernos que consideren retirar su apoyo financiero a las agencias de la ONU que están motivando la legalización del alquiler de vientres. [Más información en el comunicado adjunto y en la lista de organizaciones firmantes].

Laura Lecuona, integrante de Feministas Mexicanas contra Vientres de Alquiler (Femmva), agrupación nacional que se suma a este esfuerzo, señala que esta práctica se aprovecha de la feminización de la pobreza y se ha convertido en una forma de explotación en la que las mujeres y sus hijos son percibidos como objetos que se pueden rentar o comprar.

“Feministas del mundo entero nos oponemos a la renta de vientres porque perpetúa la concepción de la mujer como objeto o como ser-para-otros. Además ha dado lugar a una industria millonaria en la que las agencias intermediarias y en ocasiones incluso los propios familiares utilizan a mujeres jóvenes y su capacidad reproductiva para sacar una tajada. Este negocio internacional tiene una dirección clara: personas de países ricos alquilan a mujeres vulnerables de países pobres para que ‘les hagan’ hijos, tratándolas como poco más que incubadoras; es una forma patente de colonialismo y de comercialización de seres humanos. Organizaciones feministas de 18 países hacemos un llamado para prohibirla en todo el mundo y a impedir que mujeres y bebés sean víctimas de explotación. Las personas no deben ser objeto de comercio”, puntualizó.

Femmva señaló que la maternidad subrogada ha prosperado en México por la conjunción de dos factores principales: vacíos legales y el alto grado de vulnerabilidad en el que vive gran parte de la población, en particular las mujeres.

“La mayoría de las mujeres que acceden a parir ajeno lo hacen movidas por la desesperación. No es una decisión libre sino que lo hacen orilladas por condiciones económicas precarias. Una mujer sólo accede a vender un hijo parido por ella en circunstancias extremas y cuando no hay de otra, tal como nadie vendería un riñón nomás por gusto y si tuviera alternativa. Al gestar para otros, las mujeres se exponen a riesgos y complicaciones de salud; al firmar un contrato de subrogación renuncian a derechos fundamentales, como el de filiación. Así como la esclavitud y la venta de órganos están prohibidas, la renta de mujeres y la compra de niños son inaceptables en un país respetuoso de los derechos humanos. Son prácticas que, además de todo, propician la trata de mujeres y el tráfico de niñas y niños”, agregó.

Por lo anterior, Femmva urge a los integrantes de las dos cámaras del Congreso de la Unión y al nuevo gobierno, próximo a iniciar funciones, a tomar cartas en el asunto y prohibir de manera definitiva la también llamada gestación subrogada, para proteger los derechos de las mujeres y de la infancia.

Asimismo, la organización hace un llamado especial a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en la actualidad analizan los amparos en revisión 780/2017 y 553/2018 bajo las ponencias de Norma Lucía Piña Hernández y José Ramón Cossío DIaz, respectivamente, en los que bajo un supuesto enfoque de derechos sexuales y reproductivos se dejan de lado las vulneraciones sistemáticas a los derechos de las mujeres gestantes y el interés superior de la niñez que la misma Corte defiende. En la práctica de la gestación subrogada, sostiene Femmva, las mujeres son tratadas como medios para conseguir un fin, y los niños son considerados meros objetos de comercio que pueden solicitarse a la carta. Esto es contrario a toda ética feminista y a toda ética respetuosa de la dignidad humana de las mujeres.

“El máximo tribunal del país debe garantizar el derecho de las poblaciones más vulnerables, como las mujeres empobrecidas y los niños. Una resolución a favor de la explotación reproductiva no asegura su bienestar o su integridad física, sino el enriquecimiento de los intermediarios”, concluyó.

Por: Xavier Ochoa

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