Primeros 100 días de Trump: su ofensiva migratoria amenaza con crear una crisis constitucional
EFE.- Donald Trump llegó al poder apoyado en un discurso contra la migración, con una promesa central de cerrar las puertas a quienes buscan emigrar o encontrar refugio en el país y de poner en marcha la mayor campaña de deportación de la historia de Estados Unidos.
En sus primeros 100 días en la Casa Blanca, que se cumplen el miércoles, el presidente ha forzado los límites del Ejecutivo para cumplir su palabra, firmando más de 170 decretos y empujando a otras agencias —como el Pentágono o el Departamento de Justicia— a involucrarse en la gestión migratoria.
Trump se ha enfrentado a obstáculos judiciales y logísticos —falta de personal y de infraestructura— para lograr las deportaciones "masivas" que prometió a sus votantes.
El gobierno ha sacado pecho del aumento en los arrestos de migrantes, que se han duplicado en comparación con la Administración anterior de un promedio de 310 al día a más de 650, según cifras del Migration Policy Institute.
En contraste, no han publicado datos con la cantidad total de deportaciones y los que se conocen muestran que han expulsado a un ritmo igual o menor del que llevaba el gobierno del demócrata Joe Biden (2021-2025).
Esto ha provocado frustración dentro del Ejecutivo, según filtraciones a medios estadounidenses, que ha decidido lanzar una campaña promoviendo la "autodeportación": es decir, que los migrantes decidan por su cuenta volver a sus países de origen.
En medio de la presión por acelerar las deportaciones y arrestos, se han dado decenas de casos de detenciones de ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y migrantes con un estatus legal.
La administración de Trump también ha intentado eliminar una serie de programas y beneficios migratorios creados por su antecesor, entre ellos el parole humanitario para Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití, el estatus de protección temporal y la aplicación CBP One, que permitía pedir cita para entrar de manera legal por la frontera.
Como consecuencia, más de medio millón de personas se han quedado en un limbo legal -mientras los tribunales deciden sobre la legalidad de los programas- o directamente en una situación migratoria irregular.
Enfrentamiento con el judicial
En febrero, el gobierno de Trump comenzó a usar la base naval estadounidense en Guantánamo (Cuba) para retener a migrantes, trasladándolos desde centros de detención en Estados Unidos.
Inicialmente, las autoridades enviaron allí a 178 migrantes venezolanos, que pasaron varias semanas encarcelados antes de ser deportados a Venezuela, provocando el rechazo de organismos internacionales.
Desde entonces, las autoridades han trasladado discretamente a más personas a la base para luego enviarlos a otros países. Actualmente están detenidas allí 45 personas, según informó el diario The New York Times.
A mediados de marzo, Trump decidió invocar la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa poco conocida y usada en el pasado solo en tiempos de guerra, para expulsar a cientos de migrantes (en su mayoría venezolanos) hacia una megacárcel en El Salvador.
En total, el gobierno ha enviado a más de 200 personas al país centroamericano, sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte ni de comunicarse con sus familias o abogados, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos como Human Rights Watch han calificado como "desaparición forzada".
El uso de esta la ley que data de 1798 ha desatado un enfrentamiento con el Judicial que amenaza con crear una crisis constitucional, según han alertado ya expertos legales y voces críticas del Ejecutivo.
El Supremo ha decidido intervenir con urgencia para resolver las demandas que se han presentado en contra de su uso y ha ordenado una pausa temporal a las expulsiones.
No obstante, el Gobierno ha estado ignorando los requerimientos de jueces en menor instancia, que le han acusado de actuar de mala fe. Un magistrado en Washington D.C., James Boasberg, ha iniciado ya el proceso de declarar en desacato a la administración republicana.
El Ejecutivo ha respondido tildando a los jueces de "insubordinados" y "radicales de izquierda" y el pasado viernes el FBI arrestó a una magistrada de menor instancia en Wisconsin acusándola de impedir el arresto de un migrante indocumentado.
En particular, el caso de uno de los hombres enviado a la megacárcel del CECOT, Kilmar Ábrego García, se ha convertido en una lucha abanderada por la oposición demócrata. El Supremo ordenó al Gobierno "facilitar" su retorno, pero tanto Estados Unidos, como El Salvador se han rehusado a hacerlo.
El migrante —de origen salvadoreño— estaba afincado en Estados Unidos desde hace más de una década y tenía un estatus legal que lo protegía de la deportación. El gobierno, no obstante, lo arrestó y lo deportó, acusándolo sin pruebas contundentes de formar parte de la pandilla MS-13.
Las acciones en contra de los migrantes y la "erosión" al debido proceso, señala a EFE Cathryn Paul, activista de la organización promigrante CASA, han llevado al país a un momento crucial donde se están poniendo a prueba "cada uno de los derechos y libertades" que tienen quienes viven en Estados Unidos.
Con información de Latinus
Tips al momento
Una elección nada recomendable
A una semana de la elección judicial y cuando aun no se conocen la mayoría de los resultados para los diferentes cargos, lo que llevará todavía unos días más, y a pesar de que la presidenta Claudia Sheinbaum, la consideró como "maravillosa", por lo pronto la Organización Estados Americanos (OEA) , consideró que este modelo no puede ser llevado a otro países.
Las razones según lo explica el analista Juan Ortiz, en sus redes sociales, fue debido a la baja participación de solamente un 13% del electorado, lo que evidencia el desinterés y por ende, la alta abstención. También, al considerarse como un riesgo para la independencia judicial.
Además, el que fue una reforma apresurada en su implementación, sin debate plural, ni gradualidad y un limittado análisis técnico. También, el que los requisitos fueron insuficientes, pues los criterios utilizados para las candidaturas, no garantizan idoneidad ni evitan politización.
Uno de los señalamientos, fue la complejidad de las boletas, que derivaron en confusión entre los electores y demoras a la hora de votar.
Otro punto, es que la difusión fue insuficiente, lo que no permitió conocer información sobre cargos y candidatos. También salió a relucir, las limitaciones al presupuesto al INE, que se tradujo en la reducción del número de casillas y que afectó la organización.
Y desde luego, los “acordeones” que dieron el sello distintivo a esta elección pues hubo denuncias sobre los listados que circularon, especialmente desde la 4T, que según se ha dicho, son considerados como propaganda ilegal y coacción al voto. Así la evaluación a una semana de esas elecciones. ¿Qué otros “detalles” saldrán en los próximos días?, ya se verá, comentan.
