Ante política migratoria de Trump, impera el “sálvese quien pueda” en América Latina
La crisis ocasionada por la implementación de medidas para expulsar migrantes y evitar su entrada a Estados Unidos, ha propiciado una serie de tensiones en esa nación, así como en los países de origen y tránsito de personas en condición de movilidad. En tanto, los gobiernos de la región han optado por firmar acuerdos bilaterales con el gobierno estadounidense, con consecuencias perversas para esas personas, quienes han quedado en un limbo jurídico o en condiciones de mayor vulnerabilidad.
De acuerdo con el director del programa para América Latina y el Caribe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), Diego Chaves – González, hasta el lunes pasado, el presidente Donald Trump había firmado 175 órdenes ejecutivas, muchas de las cuales han generado graves afectaciones a los migrantes.
Ello, sin contar las emitidas el lunes pasado, para ampliar el operativo de detención y deportación de indocumentados, puesto en marcha el 20 de enero. Además, Trump solicitó al Departamento de Justicia una lista con el nombre de los estados, condados y ciudades que han evitado sumarse a los operativos federales de inmigración.
Chaves – González, dijo que lo delicado es que eso está generando desafíos legales relevantes.
Concretamente, se han producido tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial ante casos específicos, por ejemplo, el del salvadoreño que “por equivocación” fue enviado a una cárcel de El Salvador y el poder Judicial ha dicho que tiene que ser regresado a territorio estadounidense.
Hasta el 27 de abril pasado, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba 50 demandas colectivas, contra sus políticas migratorias, de las cuales, al menos tres, se encontraban en la Corte Suprema.
En ese sentido, el especialista destacó que, en fallos anteriores, el Tribunal Supremo ha señalado que, si bien, el gobierno tiene la facultad para implementar este tipo de medidas, ha pedido el respeto al debido proceso y que se hagan con órdenes judiciales de por medio.
A finales de 2024 había cerca de 1.5 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos con órdenes definitivas de deportación, de los cuales más de dos tercios provenían de países como México, Honduras, Guatemala y El Salvador.
Muchos de ellos a pesar de estar sujetos a medidas de control, exploraban formas de protección para evitar la deportación, pero la situación ha hecho que las capacidades de los países para recibir retornados sean sobrepasadas.
El especialista comentó que en Guatemala y México han comenzado a publicar planes de apoyo para los retornados, pero cuando se analizan las capacidades logísticas y económicas para implementarlos se evidencia que son muy limitados.
Migrantes no autorizados en EU, en situación altamente vulnerable
La vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en Estados Unidos se ha mantenido.
Se suspendió el programa para cubanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos que había permitido el ingreso de alrededor de 530,000 personas hasta diciembre de 2024. Lo delicado es que ese instrumento no ofrecía ninguna vía hacia la residencia permanente, por lo que, al cerrarse, existe el riesgo de que esas personas queden en una situación irregular y, por ende, susceptibles de ser deportadas en los próximos meses.
Los nicaragüenses son las personas más vulnerables porque no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en Inglés) ni acceso a la ley de ajuste cubano, por ejemplo. Dependen únicamente del asilo, que es un proceso cada vez más restringido.
Los cubanos tienen la posibilidad de ajustar su estatus gracias a la ley de ajuste cubano y los haitianos y venezolanos cuentan todavía con el TPS, como mecanismo de protección, aunque tienen la incertidumbre de si podrán mantener ese estatus.
De acuerdo con cifras oficiales, más de 90% de los beneficiarios del Programa de Libertad Condicional Humanitaria (CHNV por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, cuyo permiso vencía a finales de 2004 ya había solicitado y les habían concedido un ajuste de estatus, sin embargo, eso deja a miles de personas en una zona muy gris.
Por otra parte, al poner fin al CBP-One miles de personas, particularmente de Centroamérica se han quedado sin opciones claras de entrada.
A finales de 2024 había cerca de 1.5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos con órdenes de deportación.
Deportaciones no han aumentado
Si bien el número de deportaciones no ha aumentado, en términos absolutos, lo que sí ha aumentado es su visibilidad, lo cual ha traído como consecuencia miedo en las comunidades latinas y tensiones con muchos países.
Ello, sobre todo porque el gobierno ha concentrado su estrategia en las deportaciones desde el interior de Estados Unidos, lo cual ha generado pánico entre esas comunidades y estigmatización de la comunidad migrante, indicó el especialista.
Dentro del territorio estadounidense lo que ha ocurrido es una sensible disminución en la asistencia a escuelas de hijos de inmigrantes, por temor a exponerse a una deportación.
Los empleadores de agricultores ya han expresado su preocupación por posibles deportaciones, lo cual afectaría sus negocios; ha caído la llegada de turistas y en las comunidades con alta concentración de inmigrantes ha disminuido considerablemente el comercio y el tránsito de personas.
Chaves – González destacó que ha caído el número de cruces no autorizados, pero principalmente debido a la cancelación de la aplicación en internet CBP One, que permitía a personas sin los documentos migratorios en regla, gestionar su ingreso al país sin tener que ir directamente a un puerto de entrada.
Con ese instrumento alrededor de 40,000 al mes podían ingresar para solicitar asilo.
En lugar de esa aplicación, el gobierno habilitó CBP Home y alrededor de 5,000 personas la han usado para auto deportaciones.
Ante esa situación, el especialista consideró que en la frontera sur de Estados Unidos, el asilo prácticamente ha desaparecido.
“Actualmente las autoridades estadounidenses solo hacen evaluaciones de solicitantes de asilo que estén en el marco de la convención contra la tortura, que es en un estatus no permanente y permite mandar a los solicitantes a un tercer país”.
Dijo que, si bien han cambiado los flujos migratorios hacia Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que ya venían disminuyendo desde el 2024, lo cual tiene que ver con la llegada de Trump, por segunda ocasión a la Casa Blanca, las elecciones en Venezuela y políticas implementadas por Biden, por ejemplo, la implementación de CBP One.
Mencionó que, aunque la administración Trump no ha transparentado las cifras totales de deportaciones, el número de personas liberadas bajo la figura realease to remove, es decir personas que son liberadas con la intención de ser liberadas en el futuro, se ha mantenido más o menos estable.
Eso sugiere que, si bien las deportaciones no se han disparado en volumen, el ritmo y la estrategia de control migratorio han cambiado, priorizando acuerdos bilaterales y la contención en terceros países.
Migración, moneda de cambio en América Latina
Lo delicado es que, en opinión del especialista de ese organismo con sede en Washington, la migración se está convirtiendo en una herramienta geopolítica muy fuerte en América Latina.
Dijo que lo que ha ocurrido es que se ha desplegado una lógica racional de los gobiernos de la región de negociar acuerdos bilaterales con Estados Unidos ante la incertidumbre sobre lo que está pasando para preservar intereses políticos o económicos.
Guatemala aceptó recibir más refugiados; El Salvador acordó albergar deportados incluso, ciudadanos estadounidenses con antecedentes, Panamá y Costa Rica se comprometieron a actuar como países puente aceptando personas de terceros países.
La migración se está utilizando como moneda de cambio para que los países de América latina puedan preservar algunos de sus intereses económicos y políticos en la región.
Recordó que, para países como Guatemala, El Salvador y Honduras, las remesas que reciben desde Estados Unidos equivalen entre 20 y 25% de su PIB.
Tan solo Guatemala recibe anualmente alrededor de 11,000 millones de dólares anuales en remesas.
Lo preocupante, destacó, es que, al priorizar los acuerdos bilaterales con enfoques transaccionales, se pueden generar efectos perversos, para la región. “Lo que se acuerda en un país tiene afectaciones en otros”.
Eso ha generado una fractura del sistema internacional o espacios de gobernanza internacionales en los que estaban involucrados Estados Unidos y las naciones de la región.
Todos los acuerdos multilaterales de diálogo se han visto reducidos a su mínima expresión. Todo eso ha tenido impacto en los flujos.
Una de esas consecuencias fue que personas que estaban solicitando asilo en Estados Unidos, fueron deportadas a Panamá y de ahí enviados a los centros de tránsito de El Darién, aun cuando se trataba de personas que no podían regresar a sus países de origen porque peligraría su integridad.
Es por ello que se están generando precedentes delicados para el sistema de protección internacional, destacó.
El afán de negociar acuerdos bilaterales nos está llevando a situaciones indeseadas, respecto de temas migratorios.
Puso como ejemplo la deportación de un grupo de 177 ciudadanos venezolanos que fueron enviados desde Guantánamo a Honduras y de ahí trasladados por autoridades venezolanas de regreso a su país.
Eso sucedió mientras se renegociaba la licencia del gigante petrolero estadounidense Chevron para poder operar en Venezuela.
Por otra parte, Costa Rica argumentó que se habían hecho acuerdos de buena fe para recibir migrantes desde Estados Unidos.
Además, se están generando acuerdos de intercambio de información biométrica de migrantes. El problema es que no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de ello, sobre todo cuando se están haciendo a partir de acuerdos informales.
El recorte a programas humanitarios
Por otra parte, los fondos para programas de apoyo a migrantes han sido recortados.
Durante los primeros tres meses del gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos recortó el 83% de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).
En febrero 7,000 millones de dólares fueron eliminados del presupuesto global, de los cuales, 500 millones de dólares correspondían a apoyos para América Latina.
De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, USAID fue uno de los principales donantes en Colombia, Haití, Guatemala, México, Venezuela y Honduras.
Durante su participación en el foro nacional México Las migraciones en el siglo XXI, realizado el lunes pasado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el especialista dijo que esos recortes han generado muchas dudas sobre la sostenibilidad en programas que brindaban protección y asistencia a migrantes.
A consecuencia de la falta de recursos, cerraron las oficinas de movilidad segura, lo cual ha dejado a muchas personas sin orientación sobre sus opciones migratorias.
Eran sitios que operaban en Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica para temas de protección internacional y para conectar a la gente con vías regulares de migración.
En Ecuador sus responsables analizan cerrar por falta de fondos; en Perú había unas oficinas donde se ofrecía información para que los migrantes pudieran acceder a procesos de integración, los cuales prácticamente están cerrados.
Asimismo, en República Dominicana, ha suspendido todas las operaciones de regularización de migrantes y en Brasil analiza posibles cambios a su programa de acogida de interiorización de las personas que llegan a sus fronteras.
Con información de El Economista
Tips al momento
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
Notas recientes
Las más leídas
