Activistas, especialistas en salud y derecho llaman a regular vapeadores; Gobierno prepara ley secundaria

El Día Mundial sin Tabaco tiene lugar cada 31 de mayo, pero el de este año destacó por la cantidad inusual de foros y pronunciamientos en los que se cuestionó la reciente reforma constitucional que sanciona toda actividad relacionada con cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás dispositivos alternativos al cigarro tradicional.

Actualmente, esta reforma no se ha aplicado porque aún no se han modificado las leyes secundarias. Sin embargo, el pasado 29 de mayo, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que esto podría ocurrir a mediados de junio, en un periodo extraordinario de sesiones del Congreso de la Unión.

“Una de las leyes que esperamos se apruebe es la Ley de Salud. En esa ley ya vienen las especificaciones de las sanciones, porque falta esa parte regulatoria para todos aquellos que introduzcan o vendan vapeadores, porque además ni pagan impuestos. Sí, ya está prohibido por la Constitución; lo que falta es la regulación secundaria para ver qué sanciones tendrán, cuáles son los mecanismos y qué instituciones deberán supervisar que no se vendan”, afirmó la mandataria.

Antes y después de esa declaración, diversas voces afirmaron que, en lugar de prohibir, se debería regular esta actividad.

De hecho, Animal Político produjo un podcast sobre la prohibición que puedes escuchar aquí.

El 21 de mayo, representantes de organizaciones de la sociedad civil, académicos y profesionales de la salud presentaron por vigésima ocasión la Evaluación de la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el Control del Tabaco en México, centrada en los desafíos actuales para implementar de forma efectiva las disposiciones del Convenio Marco de la OMS, ratificado por México en 2004.

Aunque se reconocieron avances, como la reducción del consumo y la exposición al humo de segunda mano, las organizaciones señalaron los vacíos legales que genera la prohibición de productos alternativos.

Erick Antonio Ochoa, director de Salud Justa Mx, advirtió que, a pesar de la prohibición, persiste la comercialización de vapeadores, cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado y bolsitas de nicotina en tiendas físicas y plataformas digitales. Por su parte, Luz Myriam Reynales, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, llamó a fortalecer el monitoreo mediante encuestas independientes, actualizadas y con acceso abierto a la población.

Carlos Guerrero, de Economics for Health, subrayó que la política fiscal mexicana se encuentra rezagada. “Desde 2011 no se actualiza, en términos reales, el componente específico del impuesto al tabaco. Si se elevara a tres pesos por cigarro, se reduciría el consumo en casi 32% y se triplicaría la recaudación actual”, explicó.

Regulaciones en el mundo

El 26 de mayo, la Sociedad Mexicana de Salud Pública y la Red México Sin Tabaco presentaron una serie de recomendaciones sobre políticas públicas y regulación de vapeadores, basadas en modelos internacionales. Jesús Felipe González Roldán, especialista en el tema, detalló que mientras países como México han optado por una prohibición total, otros como Reino Unido o Nueva Zelanda han legalizado su uso bajo estrictas condiciones sanitarias.

En América Latina, la región muestra un mosaico de enfoques que van desde el control moderado hasta la adopción de las recomendaciones más estrictas delConvenio Marco de la OMS.

Reino Unido permite el uso de vapeadores como herramienta para dejar de fumar. El sistema nacional de salud (NHS) promueve dispositivos certificados en sus programas de cesación tabáquica. Aunque está prohibida su venta a menores de 18 años y la publicidad en medios tradicionales, su uso es legal y está regulado.

Nueva Zelanda, bajo su estrategia libre de humo 2025, limita severamente la venta de tabaco combustible y regula el vapeo como método de reducción de daños. Desde 2020, prohíbe sabores atractivos para jóvenes, exige advertencias sanitarias en los empaques y limita la concentración de nicotina.

Canadá prohíbe sabores dulces o frutales, exige etiquetas de advertencia que cubren el 80% del empaque y fija un límite de nicotina de 20 mg/mL. Las sanciones incluyen multas y prisión. Cada provincia puede imponer regulaciones más estrictas.

Estados Unidos, a través de la FDA, regula estos productos desde 2016. Su venta está prohibida a menores de 21 años, y varios estados han vetado los sabores. La regulación varía por jurisdicción; estados como California han prohibido sabores, mientras otros carecen de regulación específica.

En América Latina la situación es contrastante.

Colombia: No tiene una ley específica, pero hay iniciativas legislativas para prohibir su uso en espacios públicos y regular su venta. Actualmente, se comercializan libremente sin etiquetado ni límites de nicotina.

Argentina: Desde 2011 prohíbe la importación, distribución, publicidad y venta de cigarrillos electrónicos, aunque se comercializan por canales informales o digitales.

Costa Rica: Regula desde 2021. Exige registro sanitario, prohíbe su uso en espacios públicos y aplica un impuesto del 20% sobre su precio de venta.

Panamá: Desde 2022 prohíbe completamente la importación y publicidad de vapeadores, con sanciones de hasta 100 mil dólares.

Desmitificar la nicotina

El 28 de mayo, el Centro de Libertad Responsable (CE-Libre) organizó el foro “Evidencia y reducción de daños en el uso de tabaco y nicotina”, donde especialistas afirmaron que la nicotina no es la principal responsable de los daños a la salud,sino el humo del cigarro.

“El cigarro de combustión es el que provoca enfermedades respiratorias, cardiovasculares y cáncer. La nicotina genera dependencia, sí, pero no es cancerígena. Confundir estos conceptos ha sido parte del problema”, sostuvo Christian Heinrich, consultor en salud pública y reducción de daños.

La doctora Mariana Hoyo, presidenta de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, explicó: “Los vapeadores pueden reducir hasta en un 95% el daño asociado al consumo de tabaco”. Esta afirmación, respaldada por estudios del Reino Unido, desmonta el discurso oficial que los asocia con enfermedades como el EVALI.

“El problema no es el vapeo en sí, sino la falta de regulación. Se criminaliza la herramienta sin entender su potencial como alternativa para fumadores que no logran dejarlo con métodos tradicionales”, agregó.

En México, ni los parches ni los chicles de nicotina cuentan con suficiente promoción, mientras que los vapeadores, aunque ilegales, se siguen vendiendo en la calle, tiendas físicas y redes sociales. Esta paradoja ha derivado en un mercado negro sin control sanitario.

“Estamos permitiendo que millones de personas consuman productos fabricados con ingredientes industriales no aptos para el cuerpo humano”, alertó Lizeth Pérez, ingeniera química especializada en el análisis de líquidos para vapeo.

Encienden las alertas

El 29 de mayo, durante el foro “Más Allá de la Prohibición: Encuentro Ciudadano por una Regulación Responsable”, organizado por la asociación Poder Ciudadano, se expuso que esta medida no solo no ha frenado su consumo entre menores de edad, sino que ha fortalecido el mercado negro y empoderado al crimen organizado.

“Prohibir no es proteger”, señaló Gaby Sterling, presidenta de Poder Ciudadano, quien explicó que actualmente los vapeadores se comercializan sin control, sin etiquetado y sin restricciones, incluso dentro de escuelas. “Ahora están más al alcance de niñas y niños que antes”, advirtió.

El periodista Óscar Balmen, especialista en crimen organizado, denunció que en estados como Sinaloa los grupos criminales controlan el mercado ilegal de estos dispositivos. “En Guasave, la venta de vapeadores representa una ‘caja chica’ de cinco millones de pesos mensuales para los ‘chapitos’. Prohibir ha hecho este negocio más rentable y más violento”, subrayó.

Desde el sector médico, el doctor José Ignacio López aseguró que existen pruebas científicas de que los vapeadores representan una alternativa de “riesgo reducido” para fumadores adultos. “No hablamos de productos inocuos, pero sí de opciones menos dañinas que el cigarro tradicional, siempre que estén reguladas y certificadas”, afirmó.

Por su parte, Patricia Ganem, vicepresidenta de la Comisión de Educación de Coparmex, alertó que el consumo entre menores se ha incrementado desde la prohibición, incluso con casos de venta clandestina en primarias. En la misma línea, Mónica Muñoz, abogada de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), exigió políticas públicas que realmente protejan a la niñez y no la expongan más.

Activistas levantan la voz

Paralelamente, diversas organizaciones que promueven la regulación del vapeo realizaron un pronunciamiento público. Juan José Cirión Lee, presidente de México y el Mundo Vapeando, recordó que antes de la reforma constitucional, la Suprema Corte de Justicia había declarado inconstitucionales los decretos que prohibían el vapeo.

Aunque la reforma ya no puede ser impugnada por medio del amparo, sí podrían cuestionarse las leyes secundarias que la reglamenten.

Tomás O’Gorman, abogado, profesor de derecho en la Universidad Panamericana y vapeador desde 2016, afirmó:

“Dar a los fumadores alternativas para dejar de fumar es una estrategia de reducción de daños, un enfoque humanitario, compasivo y empático. En cambio, en este país nos enfrentamos a una política prohibicionista que no es otra cosa que autoritarismo”.

A su vez, Rafael Lara Liy, director de la asociación Razón, Autonomía y Derecho, señaló que la prohibición de vapeadores viola al menos tres derechos humanos: el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la salud y el derecho a la información.

Nota del editor: Esta publicación se realiza con información de la Sociedad Civil sobre Políticas Públicas para el Control del Tabaco en México, la Sociedad Mexicana de Salud Pública, la Red México Sin Tabaco, el Centro de Libertad Responsable, Poder Ciudadano, Razón, Autonomía y Derecho y PMI, como parte de las alianzas estratégicas de Grupo Editorial Criterio.

Con información de: Animal político.