“¿A nadie lo matan gratis?” Dejemos de normalizar la violencia en México

“En algo debían estar metidos”. “A nadie matan gratis”. He escuchado pronunciar estas frases tantas veces en las últimas semanas para justificar las muertes que ocurren a diario en México que he comenzado a cuestionarme si es cierto que la violencia está siempre justificada. 

Pero he llegado a la conclusión de que no, en este país si matan gratis y lo hacen todo el tiempo. 

Matan al comerciante que no quiso pagar la extorsión. Matan a la chica que no quiso ceder a un pretendiente narcotraficante. Matan al policía, al funcionario, al juez valiente (sí, sí, los hay) que tomó decisiones contra los intereses de un empresario cercano al mundo criminal. 

Matan al activista que defiende un bosque de la deforestación. Matan al campesino que no quiso vender su tierra por donde pasará un proyecto de infraestructura. Matan al cura que denunció a los que matan por placer o por interés. Matan al que se les atraviese.

Pero entonces, ¿por qué lo repite tanta gente, como un mantra? Supongo que para conjurar el miedo. Es tranquilizador pensar que la muerte de una persona debe estar justificada, que no vivimos en un mundo absurdo y sin reglas, en el que existen justicias paralelas que aplican poderes que no elegimos, en el que la violencia puede embarcarnos sólo por vivir allí.

En algunos casos, lo decimos porque nos conviene. Hace unas semanas me contactó una madre buscadora de Puebla para contarme que el secretario de Gobernación estatal, Samuel Aguilar, había declarado ante los medios que “si le rascan” encontrarán cola que pisarle a uno de sus desaparecidos. Como si eso justificara la desaparición.

No fue gratuito. Decir que alguien está metido en el crimen organizado, además de justificar su asesinato o su desaparición, es una manera de lavarse las manos para las autoridades de un estado en el que la impunidad supera 90% en delitos de algo impacto. De no tener que fingir siquiera hacer el esfuerzo de buscar a sus agresores.

Me pregunto qué habrá dicho el secretario ahora que los civiles asesinados por sicarios en la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz, fueron de su partido. ¿Habrá pensado que también se lo merecían, que andaban en malos pasos? Eso dijeron muchos en redes sociales cuestionando qué hacían en un coche de alta gama. Nuevamente, como si eso justificara su asesinato. Es el problema de deshumanizarnos como sociedad: que no habrá nadie para llorar cuando la violencia nos alcance.

En otros casos, lo decimos simplemente porque somos cobardes y preferimos negar nuestra realidad a tener que confrontarla.

Una alternativa al partido único

Y es que, en efecto, el problema es complejo. Cuando hablamos de impunidad, hablamos de un sistema policiaco y judicial averiado. No nos enteramos de por qué matan a la gente. No capturan a los responsables y si lo hacen, lo sueltan cuando son capaces de pagar el soborno adecuado. Acá no importa ni siquiera que un caso se vuelva mediático. Importa el poder.

Ante este bloqueo, Morena ha optado por realizar una apuesta osada: volver a aglutinar al país en torno a la bandera de un partido hegemónico, un paquidermo capaz de aplastar al que se le enfrente con su barriga obesa. Hacia eso apuntan los cambios hechos en el Legislativo para controlar el Parlamento, la desaparición de los poderes independientes, sean los institutos de transparencia y telecomunicaciones o las fiscalías estatales, que ahora responderán –como antes– al poder central. 

La concentración de la inteligencia en las manos del Poder Ejecutivo. La elección de jueces a partir de candidatos propuestos por los otros poderes, como una serpiente que se muerde la cola en un perfecto círculo. Y debo decir que no estoy contra de todo.

A primera vista, tiene sentido. Es una apuesta reaccionaria: volver a la vieja usanza, a las recetas con las que funcionó el país durante mucho tiempo como un reloj desvencijado que todavía podría dar la hora. 

Pero me rehúso a creer que sea la única opción viable porque me parece que esa idea contiene una contradicción fundamental: al evitar el escrutinio ciudadano permite el florecimiento de la corrupción por medio del secretismo que nos llevó a donde estamos. Ya no se puede ocultar el funcionamiento del poder a los ciudadanos.

Por eso propongo una alternativa. Creo que debemos reconocer la complejidad del conflicto en el que estamos inmersos y crear un nuevo marco normativo a medio camino entre el código penal y el derecho internacional humanitario. Me explico:

A todos nos queda claro que el derecho penal se ha quedado corto para enfrentar la situación que vivimos. De allí nuestras altísimas tasas de impunidad. La única opción viable consiste en reducir la carga de la justicia, priorizar delitos y depurar las corporaciones.

En cuanto a los dos primeros puntos, he explicado ya en otro artículo lo ilógico que es seguir ilegalizando la droga cuando todos los estudios muestran que legalizar no aumenta el consumo, pero si le entrega al gobierno el control –económico, en términos de salud y un largo etcétera– de un negocio que si no, va a parar a manos criminales. 

Lo mismo pasa con la migración. Si se deja de imponer visas absurdas a los migrantes, cogen transportes y pagan albergues legales, aportan a la economía formal. Eso permitiría también vaciar casi la mitad de las cárceles, aligerar la congestión judicial y enfocar a la policía en los problemas que de verdad importan.

Que un marihuanero se fume un porro en su casa o en el parque de la esquina porque vive con sus papás no nos afecta. Que un coyote ayude a pasar a un migrante una aduana corrupta, no nos afecta. Nos afectan los delitos personales: el homicidio, la desaparición, el secuestro, la extorsión, la violación. Contra ellos es que debe caer todo el peso de un Estado que se depure de a poco de sus malos elementos, que pague mejores salarios para atraer mano de obra calificada, que devuelva prestigio a las corporaciones que combaten el crimen.

Los límites del derecho internacional humanitario

Pero no sería suficiente, porque estamos inmersos en un conflicto tan complejo que se han quedado cortos los escenarios existentes.

Tenemos claro que no estamos lidiando con una delincuencia común. Cuando un grupo armado es capaz de bloquear una ciudad y sus alrededores, de masacrar a la policía y enfrentarse a balazos y a bazucazos con el Ejército, cuando tiene cooptadas y atemorizadas a las autoridades locales, ya no se trata de un delincuente común. Por más que uno quiera priorizar ciertos delitos, si la aplicación de la ley depende de la voluntad de un actor criminal no va a funcionar.

Para eso existen dos opciones: tratar de vencer a la fuerza a ese actor criminal, lo que se ve muy difícil hoy en día, o ser realista, asumir que existe, es poderoso y negociar unas reglas mínimas de convivencia que nos permitan salir del atolladero en el que estamos hundidos en este momento. Eso, mientras se llevan a cabo otras estrategias, como el fortalecimiento de un poder central que permita el escrutinio ciudadano. Ambas opciones no son incompatibles.

Si estuviéramos inmersos en un conflicto armado interno tradicional, como solía suceder en Colombia, sería más sencillo. Aplicarían las reglas del derecho internacional humanitario. Se considerarían válidas las muertes de combatientes en enfrentamientos y se protegería a los civiles. Pero he allí el problema: no cumplimos todos los criterios para aplicar ese régimen que está quedando cada vez más rezagado para definir los conflictos modernos.

Tenemos un escenario con un altísimo impacto humano y territorial, si, con más de 30 mil muertes anuales. También tenemos grupos organizados, con un mando muchas veces jerárquico y que son capaces de sostener permanentemente combates de alta intensidad con el Estado y entre sí, además de que ejercen control territorial.

Pero hay una diferencia fundamental que nos les permite encajar en el derecho internacional humanitario y los diferencia de las guerrillas tradicionales para las que se creó aquel vetusto armatoste legal; no quieren tomar el poder a la fuerza para implementar un modelo político porque no lo necesitan. En partes de Michoacán, Jalisco, Sinaloa o Guerrero, entre otras regiones, ellos son el Estado, son la autoridad de facto. Han infiltrado y cooptado a las instituciones con la ley de plata o plomo sin necesitar una revolución. Han vencido por medio del anarcocapitalismo.

La solución

Por eso creo que se debe crear un régimen especial en el que se diferencien las muertes de acuerdo con una nueva escala acordada por toda la sociedad, incluyendo a los grupos ilegales, así se tenga que pactar con los que la acepten para acabar con los que no: los peores, sin respeto alguno por la vida humana. 

Creemos un régimen en el que se persiguen más a fondo los delitos de homicidio, desaparición, secuestro, extorsión, violación, robo violento de civiles que las muertes de combatientes y comanditarios, el narcotráfico o el coyotaje –que no es lo mismo que la trata–.

No estoy diciendo acá que una muerte se justifique y otra no, estoy diciendo que el hecho de que un hombre armado, sicario, policía o militar caiga en un combate o en un bombardeo es algo que se puede, razonablemente, esperar. A menos de que haya sido reclutado a la fuerza o haya sido ejecutado, tiene que admitir que ser beligerante es aceptar la posibilidad de morir. 

Un sicario debe saber que su tiempo de vida es limitado y que quizá no dediquen tanto esfuerzo a investigar su homicidio las autoridades ni derramen tantas lágrimas los ciudadanos. 

Comanditar un homicidio o una desaparición, ordenarlo, financiarlo, es ser parte del conflicto, aunque no se dispare el arma. No justifica un homicidio, pero sí lo explica.

En cambio, lavar dinero, recibir regalos o sobornos, contribuir de alguna manera no violenta a la guerra debe ser perseguido por la justicia, no por las balas.

Ser la esposa, moza, pareja, de un narco, ser su hijo o cualquier familiar, no es ni remotamente un delito ni un acto de guerra.

Ser un civil cuyo trabajo consiste en combatir a la inseguridad o cuya labor se opone a la voluntad de poderosos, denunciar la criminalidad, querer vivir sin pagar vacuna, no es un delito. Nada que no sea una muerte en combate es un delito ni justifica una muerte. 

Hay que ponernos de acuerdo para irnos duro contra los que ejerzan esa violencia contra los civiles, por medio de un pacto social. A todos nos conviene. A los narcos porque permitiría a sus familias volver a vivir en paz en Jalisco, Querétaro, Puebla y otras ciudades refugio. 

Ya ni qué decir si se logra negociar una transición a la economía legal. 

Al Estado, porque reduciría la intensidad del conflicto y los reclamos ciudadanos por la inseguridad y la falta de justicia. Y a nosotros porque podríamos finalmente respirar por fuera de un mundo en el que todo se resuelve a la fuerza.

Así, cuando el Estado o los particulares digan: “Algo andaban haciendo” los desaparecidos, tendrían que demostrar que estaban combatiendo con armas en mano. No simplemente que estaban delinquiendo. Menos aún presuponiéndolo. Por doloroso que sea, tenemos que acordar unos mínimos narrativos y penales para empezar a poner orden y no permitir que se propague más esta anarquía en la que muchos pescan en río revuelto. 

Comenzar a nombrar las cosas y organizarlas es parte de combatir el miedo. 

Con información de proceso.com.mx