Tómbolas, acordeones, conflictos de interés... Éstas son las polémicas de la elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– En el atropellado camino de la elección judicial, que culminará en las urnas este domingo 1 de junio, surgieron temas que se impusieron en la discusión nacional y reflejaron las tensiones acerca de la renovación del Poder Judicial de la Federación (PJF). Los debates sucedieron en el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), las conferencias mañaneras de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el Senado y en el espacio público. Proceso ofrece un repaso de algunas palabras que marcaron el debate.

Acordeón

En la recta final de las campañas se multiplicaron las evidencias de que líderes partidistas y servidores públicos –principalmente de Morena, pero también de Movimiento Ciudadano, en Nuevo León– distribuyen “acordeones” que indican por quien votar en las distintas boletas; el INE abrió investigaciones por dos quejas, y dio vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que determine si constituyen delitos electorales, pues ni los partidos políticos ni los servidores públicos pueden incidir en el proceso electoral.

Actos anticipados

El 12 de marzo último el bloque mayoritario del TEPJF validó una decisión de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) de desechar una denuncia contra las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, a quienes se señalaba de incurrir en actos anticipados de campaña mediante 99 publicaciones en redes sociales registradas entre octubre y diciembre de 2024. Los tres magistrados de la Sala Superior, encabezados por la presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, votaron contra un proyecto de resolución que buscaba obligar al INE a abrir una investigación contra las tres ministras afines a Morena.

Aspirantes

En enero último, la organización Defensorxs presentó una queja ante el INE contra las ministras Lenia Batres, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz por presuntos actos anticipados de campaña, relativo a la participación de las tres integrantes de la Corte en actos públicos, y a sus publicaciones en las cuales refrendaron sus intenciones de presidir el máximo tribunal del país. Cuestionada al respecto, Guadalupe Taddei planteó entonces que las tres ministras eran aspirantes, mas no candidatas, por lo que no se aplicaría el concepto de actos anticipados de campaña. 

Austeridad

El 12 de marzo, la Sala Superior del TEPJF dio la vuelta a la reforma judicial y disparó el tope de gastos de campaña determinado por el INE: de los 220 mil 336 pesos establecidos como límite en el texto de la reforma, los magistrados aumentaron el monto límite a un millón 468 mil pesos para los candidatos a cargos nacionales, incluyendo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La mayoría de los consejeros del INE se quejó de la resolución del TEPJF. “Ahora resulta que la literalidad de la norma que dice ‘no podrá ser superior’ (a 220 mil pesos) ahora debe interpretarse como ‘no podrá ser inferior’. ¿Con qué razón? No tengo idea”, deploró Arturo Castillo.

Boicot

Ante la inminencia del 1 de junio, detractores de la elección judicial y voces de oposición multiplicaron los llamados a boicotear las elecciones o a anular su voto, con el objetivo de convertir la elección judicial en un fracaso político. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo adjudicó estos llamados a los “conservadores”, y expresó su molestia hacia la Comisión Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), a la que acusó de querer sumarse al boicot electoral.

Casilla seccional

Como producto del recorte presupuestario al INE, el organismo debió reducir de manera drástica el número de casillas que desplegará en el país: en lugar de las 172 mil casillas reportadas en las elecciones de 2024, el INE acordó la instalación de 84 mil 123 “casillas seccionales”, dotadas de urnas únicas en las que los votantes colocarán todas las boletas.

Censura

Tres candidatas para cargos de juzgadores han recurrido a institutos electorales para censurar materiales periodísticos que señalaban aspectos polémicos de sus trayectorias, alegando violencia política de género en su contra. Dora Alicia Martínez Valero, candidata a ministra de la SCJN, trató –sin éxito– de eliminar los reportajes de la investigación TelevisaLeaks; Zulema Mosri Gutiérrez, candidata a la SCJN, logró bajar un video del canal de Sin Embargo en Youtube donde el periodista Álvaro Delgado evocaba el historial de su esposo, el coronel Rafael Macedo de la Concha, otrora procurador general de la República y agente de la Dirección Federal de Seguridad (DFS). Tania Contreras López, candidata a magistrada en Tamaulipas, obtuvo una resolución del instituto tamaulipeco que ordenó la censura de una columna de Héctor de Mauleón en El Universal, donde se documentaba sus vínculos con una red de corrupción relacionada con el huachicoCompetencia

Aparte de los 881 cargos federales que se renovarán en la elección del próximo 1 de junio, otros mil 800 cargos locales estarán sometidos a votación en las 19 entidades federativas que aprobaron reformas judiciales similares a la que promovió el expresidente Andrés Manuel López Obrador. 

En algunos casos no habrá competencia en las urnas: en Durango solamente hay 49 candidatos por 49 vacantes y los 49 fueron elegidos por los tres comités de selección; en Aguascalientes, Baja California, Coahuila y Quintana Roo hay apenas más candidatos que cargos, y decenas de candidaturas únicas –“seleccionadas” por los tres poderes– con garantía de triunfo. Según un reportaje de El País a escala federal existe una treintena de cargos que ya están asignados de antemano, por falta de competencia entre candidatos.

Conflicto de interés

En septiembre de 2024, meses antes del arranque del proceso electoral, el portal Emeequis reveló que Luis Rogelio Piñeda Taddei, el hijo de Guadalupe Taddei Zavala –consejera presidenta del INE–, fue contratado en la ponencia de la ministra Yasmin Esquivel Mossa, entonces aspirante a una candidatura para permanecer en la SCJN. La misma ministra había contratado al padre de Mónica Aralí Soto Fregoso, la presidenta del TEPJF. Los vínculos de las presidentas de las dos máximas autoridades electorales de México con una ministra candidata a su reelección levantaron señalamientos por posibles conflictos de interés.

Confusas

En enero último, el INE terminó de diseñar las seis boletas, de diversos colores, que se usarían para elegir entre decenas de candidatos para las elecciones judiciales; los votantes anotarán los números que corresponden a los nombres de candidatos, según especialidad y género, con un conjunto de problemas. Los consejeros plantearon que las 600 millones de boletas eran las menos confusas; el tono fue similar en el TEPJF, cuya presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, reconoció que el diseño no es “el más didáctico posible, no lo podemos negar”, mientras que la magistrada Janine Otálora calificó las boletas de “confusas” y consideró que “podrían conducir al error de la ciudadanía.

“Extraarchirrequetecontrarrapido”

La cantidad de cargos, votos y números en juego en las elecciones judiciales puso al INE ante un reto mayúsculo: el de dar a conocer los resultados preliminares de la elección en un plazo razonable. El 13 de enero, Guadalupe Taddei, consejera presidenta del INE, adelantó que el INE trataría de tener resultados en la noche del 1 de junio, por lo que realizaría un “cómputo extraarchirrequetecontrarrápido”. Ya no queda nada de esta promesa de Taddei: en la noche del 1 de junio, el INE sólo dará a conocer la participación ciudadana, y escalonará los anuncios de resultados de las elecciones en los 10 días que siguen la elección; dará a conocer los primeros resultados, los de la Corte, entre el 1y el 3 de junio, y los últimos hasta el 10 de junio. Los resultados finales serán publicados el 15 de junio.Democracia

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y los voceros de Morena aseguran que la elección de los juzgadores convierte a México en el país “más democrático del mundo”, pues se convertirá en el único país del mundo cuyos tres poderes serán designados por la vía de las urnas. 

Desacato

Entre noviembre y enero, el TEPJF y el resto del Poder Judicial de la Federación (PJF) –encabezado por la SCJN y su titular, Norma Piña Hernández– protagonizaron un conflicto abierto en torno a la elección judicial, que se acusaron mutuamente de invasión de competencias y desacato. Mientras las instancias del PJF ordenaban al INE y a los comités de selección suspender sus actividades relacionadas con la elección judicial –en acatamiento a medidas cautelares emitidas en juicios de amparo–, el TEPJF les instaba a continuar sus labores, pues se declaró como la única instancia competente para resolver temas de la elección judicial. El conflicto escaló hasta que el TEPJF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra un juez que le ordenó acatar una suspensión. 

Constitucionalmente inviable

En noviembre de 2024, en pleno conflicto con el PJF, la Sala Superior del TEPJF tomó una resolución que declaró “constitucionalmente inviable suspender la elección de juzgadores”, y que utilizó para ordenar al INE la reanudación de la organización del proceso electoral extraordinaria. En su resolución, el TEPJF aseveró que “ninguna autoridad, Poder u órgano del Estado pueden suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas a las etapas del procedimiento electoral judicial”.

Idoneidad

A principios de mayo, a mitad de las campañas, Gerardo Fernández Noroña y Sergio Gutiérrez Luna, respectivos presidentes de las mesas directivas del Senado y de la Cámara de Diputados, pidieron al INE que excluyera a 26 candidatos por no reunir los requisitos de “idoneidad”, ya sea porque no tuvieron las calificaciones necesarias, o porque fueron señalados por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada. 

En semanas anteriores la prensa reveló los perfiles controversiales de algunos candidatos, como Fernando Escamilla, uno de los abogados del Z40, líder de Los Zetas. De los 18 candidatos que fueron investigados por la FGR, la mitad fueron avalados por el comité de selección del Poder Ejecutivo, otros cinco lo fueron por el comité del Poder Legislativo, y cuatro más fueron seleccionados por el del Poder Judicial. El INE desechó la petición de Noroña y Gutiérrez, pues consideró que no tiene facultades para poner o quitar candidaturas.

Irreparables

Después de que el senador Gerardo Fernández Noroña entregó al INE la lista de candidatos a la elección judicial, el TEPJF recibió centenares de impugnaciones de aspirantes que señalaron errores en el proceso de selección. El bloque mayoritario de la Sala Superior los bateó, incluyendo los casos de errores evidentes, argumentando que se trataban de “actos irreparables” y que no habría manera de dar marcha atrás. El TEPJF desechó casos de personas cuyo nombre salió en la tómbola, más no en las listas, o de candidatos que aparecieron en boletas en una entidad federativa distinta a la que habían postulado. El 12 de febrero, el magistrado Felipe De La Mata declaró que estos errores servirán como lecciones para el futuro.

Milagros

Cuando el gobierno federal recortó ocho mil 855 millones de pesos al presupuesto del INE para la elección de 2025, los consejeros del organismo autónomo se quejaron amargamente de las limitaciones que enfrentaría el INE para organizar un proceso electoral inédito a nivel internacional. El sentir de los consejeros quedó resumido en un lamento del consejero Jaime Rivera el 20 de diciembre de 2024, cuando dijo: “El INE hace elecciones, no milagros”. 

"Ministra del Pueblo"

Tanto el INE como el TEPJF batearon, en varias ocasiones, los recursos de algunos candidatos para aparecer en las boletas con apodos. Lenia Batres Guadarrama pretendía figurar como “La ministra del pueblo”, mientras que otros candidatos eligieron sobrenombres más altisonantes, como “el juez de AMLO”, “el juez de la 4T”, “el ángel de la justicia” o “el defensor popular”. El TEPJF consideró que los apodos representarían propaganda electoral, pues hacían eco a lemas de Morena.

Observadores

En la sesión del Consejo General del INE del 23 de mayo, el consejero Jaime Rivera señaló una “paradoja” en el proceso electoral de jueces y magistrados: pese a que se espera una baja participación y un escaso interés ciudadano, el INE recibió una “insólita cantidad” de solicitudes de personas que quieren ser observadores electorales; a una semana de las elecciones, el organismo electoral había recibido más de 316 mil solicitudes; descartó a más de 48 mil por ser militantes de partidos políticos, pero validó a más de 131 mil, por lo que la elección judicial tendrá por lo menos cinco veces más observadores que las elecciones de 2024, las más grandes en la historia de México. El alto número de solicitudes generó acusaciones sobre el despliegue de operadores electorales disfrazados de observadores en los centros de votación. “Esperemos que este interés por observar esta elección sea genuino (…) y que en ningún caso se vaya a emplear la observación electoral como un mecanismo de vigilancia o coacción sobre los electores”, dijo Rivera.

Pifia

La lista definitiva de cuatro mil 224 candidatos que el senador Gerardo Fernández Noroña entregó al INE el 12 de febrero tenía errores que salieron a relucir en una sesión del Consejo General del INE: destacó que el listado no incluía a Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, las tres ministras que tuvieron un “pase directo” para los comicios. Sin avisar a los integrantes del Consejo General del INE, la Secretaría Ejecutiva retiró 15 nombres de la lista entregada por Noroña y agregó a 6 nuevos, incluyendo las ministras afines al gobierno. “Cabe la pregunta, es una pregunta de fondo: ¿quiénes los agregaron o excluyeron y por qué?”, preguntó el consejero Jaime Rivera.

Proselitismo

El texto de la reforma judicial, aprobada a marcha forzada por la mayoría legislativa de Morena, prohibía a los servidores públicos realizar actos de proselitismo para las elecciones judiciales, por lo que el INE negó a los funcionarios –incluyendo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo– y a las instituciones públicas la facultad de promocionar el proceso electoral. La Presidencia de la República, varios gobernadores, el partido Morena y las ministras Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz presentaron impugnaciones, y el 9 de abril el bloque mayoritario de magistrados del TEPJF revirtió la decisión del INE, y dio luz verde para que los gobiernos promocionen las elecciones.

Tómbola

En tres ocasiones la mayoría de Morena en el Senado recurrió a la tómbola, o insaculación, para destrabar problemas derivados de la reforma judicial. La primera vez ocurrió en octubre de 2024, para designar los cargos que serían sometidos a votación. “De aquí directo a la lotería nacional”, celebró entonces el senador Gerardo Fernández Noroña. 

La segunda vez sucedió el 31 de enero de 2025, cuando el Senado asumió las funciones del Comité de Selección del Poder Judicial, después que los integrantes de este órgano renunciaran en bloque. 

Sin aplicar los criterios de selección, el Senado realizó una tómbola para sacar los nombres de mil 239 candidatos “avalados” por el Poder Judicial, y les dio pase directo a las boletas. La tercera “insaculación” tuvo lugar el 4 de febrero; en ella, el comité de selección del Poder Legislativo ajustó el número de postulantes a cada cargo.

Con información de proceso.com.mx