AP.- El gobierno del presidente Donald Trump solicitó el viernes a la Corte Supremaque "suspenda" una orden judicial para reinstaurar a los empleados del Departamento de Educación afectados por los despidos masivos que forman parte de su plan para desmantelar la agencia.
En la apelación de emergencia del Departamento de Justicia emitida al máximo tribunal se indicó que el juez federal de distrito, Myong Joun, con sede en Boston, "excedió su autoridad" el mes pasado cuando emitió una orden judicial preliminar que revocaba los despidos de casi mil 400 personas y ponía en pausa el plan general.
La orden bloqueó una de las mayores promesas de campaña del presidente republicano y, en los hechos, ha detenido el esfuerzo por desmantelar el departamento, un tribunal federal de apelaciones "se negó a suspender la orden" mientras la administración apelaba.
El juez escribió que los despidos “probablemente paralizarán el departamento”.
Sin embargo, el procurador general, D. John Sauer , escribió el viernes que el juez federal "sustituía" las preferencias políticas del gobierno de Trump con las propias.
Los despidos contribuyen a implementar la “política de simplificación del departamento y eliminación de funciones discrecionales que, en opinión de la administración, es mejor dejar a los estados”, escribió Sauer.
También señaló que, en abril, la misma Corte decidió, con una votación de cinco a favor y cuatro en contra, bloquear la orden anterior del juez que buscó mantener en "vigor las subvenciones de capacitación docente del Departamento de Educación".
El caso actual se relaciona con dos demandas consolidadas, según las cuales el plan de Trump equivalía a un cierre ilegal del Departamento.
Una demanda fue presentada por los distritos escolares de Somerville y Easthamptonen Massachusetts junto con la Federación Estadounidense de maestros y otros grupos educativos.
La otra fue presentada por una coalición de 21 fiscales generales demócratas.
En las demandas se argumentó que los despidos "hicieron que el departamento no pudiera cumplir con las responsabilidades" requeridas por el Congreso, como las obligaciones de apoyar la educación especial, distribuir ayuda financiera y cumplir las leyes de los derechos civiles.
Para Trump, el cierre de este departamento es una "prioridad" aunque ha reconocido que solo el Congreso tiene la autoridad para hacerlo.
Mientras tanto, el mandatario emitió una orden en marzo en la que ordenó a la secretaria de Educación, Linda McMahon, que lo desmantele “en la medida máxima apropiada y permitida por la ley”.
Trump dijo más tarde que las funciones del departamento se distribuirán entre otras agencias, sugiriendo que los créditos estudiantiles federales "deberían ser gestionados por la Agencia Federal de Pequeños Negocios" y, que los "programas relacionados con estudiantes con discapacidades serían absorbidos por el Departamento de Salud y Servicios Humanos".
Esos cambios aún no han ocurrido.
El presidente argumentó que el departamento fue tomado por liberales y no logró impulsar mejoras en los rezagados puntajes académicos de la nación, pero prometió “devolver la educación a los estados”.
Con información de: LatinUs.