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Caen dos expolicías de Oaxaca por torturar al indígena mixteco Ángel Daniel Bautista en 2020

OAXACA, Oax. (apro).- En cumplimiento al dictamen del Comité Contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) fueron ejecutadas las ordenes de aprehensión en contra de los expolicías municipales de Tlaxiaco, Jorge Hilario Santiago y Melquiades Avendaño Sarabia como presuntos responsables del delito de tortura cometido en contra del indígena mixteco Ángel Daniel Bautista Vásquez, cometido el 21 de marzo de 2020.

Según el dictamen CAT/C/82/D/1102/2021 emitido por el Comité Contra la Tortura de la ONU, decisión adoptada por el comité con fecha 11 de abril del 2025, fue notificado al Estado mexicano el 7 de mayo del 2025 se debe de investigar, judicializar y enjuiciar a todos los posibles responsables de los hechos de tortura que sufrió Ángel Daniel Bautista Vásquez.

Además, se debe efectuar una reparación integral del daño; así como la obligatoriedad del Estado para adoptar medidas necesarias de garantías de no repetición y prevenir cualquier amenaza o acto de violencia a los que podrían verse expuestos la victima y sus familiares; Así también, una disculpa pública que tendrá que ser efectuada por representantes del Estado Mexicano.

Hicieron hincapié que en Oaxaca se tienen registradas del año 2011 al 2025 por lo menos 921 carpetas de investigación con mil 237 víctimas, sin que hasta la fecha exista una sola sentencia por el delito de tortura, a pesar de la creación de la Unidad Especial de Investigación de Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca en el año 2017.

De acuerdo con la carpeta de investigación, el 21 de marzo de 2020, la víctima fue agredida físicamente a golpes por un grupo de personas mientras se encontraba en calles del Barrio San Nicolás, en el municipio de Tlaxiaco, derivado de la agresión la víctima sufrió diversas lesiones por las que tuvo que ser hospitalizado.

A partir de estos hechos, la Vicefiscalía General de Atención a Víctimas y la Sociedad, inició las investigaciones correspondientes que permitieron reunir las pruebas necesarias para obtener la orden de aprehensión en contra de J.H.S. y M.A.S., la cual fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Tras su detención, J.H.S. y M.A.S. fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para que se determine su situación jurídica.

Daniel Bautista Barrios, padre del joven Ángel Daniel Bautista Vásquez, y Maurilio Santiago Reyes, presidente del Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas detallaron que el pasado 18 de julio del 2025, fue ejecutada una orden de aprehensión en contra de dos expolicías quienes además han realizado constantes actos de amenaza en contra de la víctima y su familia.

Es por ello que la Juez de control de la Ciudad de Tlaxiaco, en la causa penal 121/2025 emite orden de aprensión, misma que una vez ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, razón por la que Jorge Hilario Santiago y Melquiades Avendaño Sarabia se encuentran privados de su libertad, por la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva, cabe aclarar que aun existen 7 ordenes de aprehensión pendientes de ejecutarse.

Recordaron que el sábado 21 de marzo de 2020, aproximadamente a las 21:45 horas cuando el joven Ángel Daniel Bautista Vásquez, llegaba al domicilio de sus papás ubicado en el barrio San Nicolás, fue agredido por la policía municipal de Tlaxiaco en el momento que descendía de un automóvil.

Los policías lo sometieron con uso excesivo de la fuerza y efectuándole varios disparos de arma de fuego, lesionándolo con una bala en la pierna izquierda, dejándolo inmóvil y sangrando, para inmediatamente abalanzarse sobre él para esposarlo y llevarlo a un terreno baldío en donde lo torturaron ocasionándole fracturas y lesiones en ambas piernas.

Cabe referir que estos hechos sucedieron en la administración del presidente municipal Gaudencio Ortiz Cruz del partido Morena y que, durante su mandato en Tlaxiaco, fueron cometidas múltiples violaciones a derechos humanos hacia la ciudadanía, en su mayoría personas de comunidades indígenas.

Con fecha dos de abril del 2020, se presentó la denuncia penal por el delito de tortura y demás que resulten en contra de elementos de la policía municipal de Tlaxiaco, Oaxaca; iniciándose la carpeta de investigación número 10481/FMIX/TLAXIACO/2020.

La resolución emitida por el Comité Contra la Tortura es la primera emitida contra autoridades del estado de Oaxaca y que en el caso de Ángel Daniel Bautista Vázquez no es el único, pues existen múltiples casos donde impera la impunidad de los órdenes de investigación y procuración de justicia para las víctimas de tortura.

Por lo cual el Centro de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas se pronunció por el cumplimiento de la resolución del Comité Contra la Tortura de la ONU y de la recomendación 3/2025 de la Defensoría de Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, y que en su oportunidad se vincule a proceso a los policías municipales Jorge Hilario Santiago y Melquiades Avendaño en la causa penal 121/2025 y se ejecuten las 7 órdenes de aprehensión que se encuentran pendientes así como se continúe la investigación a la cadena de mando de los responsables del delito tortura al que fuera sometido Ángel Daniel Bautista Vásquez.

Con información de proceso.com.mx

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Una opinión

Hay una reflexión y análisis que, se hace sobre un audio que circula entre grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado.

Según destaca en este análisis, el audio señala que los retiros del fondo propio de Pensiones Civiles del Estado, ponen en riesgo la sobrevivencia de esa institución.

La reflexión sobre ese audio que circula entre jubilados y pensionados del magisterio, un grupo con influencia que, dicen, logró poner a uno de los suyos en la actual dirigencia de la Sección 42, lo que les salió peor, es tan oportuno que merece ser difundido y la reproducción íntegra del mismo, que a continuación se presenta, con los créditos a quien corresponda:

Opinión: El miedo como estrategia: el fondo propio y la amenaza que no existe

En los últimos días ha comenzado a circular un audio anónimo en grupos de jubilados y derechohabientes de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua (PCE). Aunque su autor no se identifica, su contenido reproduce de forma casi literal la narrativa promovida por algunos actores sindicales que hoy ocupan posiciones de poder. El mensaje busca generar temor entre quienes han decidido ejercer su derecho a recuperar el llamado “fondo propio”, insinuando que esta acción podría provocar el colapso del sistema.

En el audio se afirma que retirar el fondo propio “pone en riesgo Pensiones” y que, de continuar por ese camino, “se perderán todos los beneficios” que supuestamente se disfrutan como jubilados. Quien lo dice no se presenta como parte del comité, pero habla como si lo fuera. Quizá lo hace desde la ignorancia, repitiendo lo que ha escuchado; quizá desde la intención de confundir y asustar.

Lo cierto es que la estrategia es clara: convertir un acto de defensa legal en un supuesto acto de traición colectiva. Culpar a quienes exigen cuentas, mientras se protege a quienes llevan años sin rendirlas.

¿Quién sostiene Pensiones?

Una de las afirmaciones más preocupantes de este discurso es que Pensiones se sostiene gracias a los descuentos del fondo propio realizados a unos tres mil jubilados, es decir, a quienes se retiraron a partir de 2014. Este argumento es completamente insostenible si se considera que PCE cuenta con más de 95,000 afiliados entre activos y jubilados.

Si tres mil personas son las que sostienen todo, entonces el sistema ya está quebrado. No por culpa de los jubilados que exigen lo suyo, sino por quienes han permitido que más de 50 instituciones deudoras no paguen lo que deben. Ahí está el verdadero problema, y ahí debería estar también la indignación.

La legalidad del retiro

No es nuevo ni ilegal el retiro del fondo propio. Varios juicios se han ganado ya en tribunales por su carácter inconstitucional: se trata de un descuento unilateral, sin consulta y aplicado de forma desigual. Ante estos hechos, el abogado Lic. Mena —a quien falsamente se le ha vinculado con estas demandas— emitió un comunicado oficial en el que se deslinda de cualquier participación. Señaló que ni él ni su despacho tienen relación alguna con grupos como COSIGEN, y que su única acción jurídica ha sido contra la omisión legislativa del fondo de vivienda.

La desinformación, sin embargo, ha sido útil para ciertos sectores que buscan desviar la conversación. En lugar de hablar de auditorías, de recuperación de adeudos o de transparencia financiera, se opta por atacar al jubilado que ejerce su derecho.

El miedo como método

El mensaje anónimo no es un caso aislado. En los mismos días, en el grupo “2-DERECHOHABIENTES”, una participante llamada Lucy Robles sugirió “frenar a tiempo” las ideas que alientan a los jubilados a actuar, acusando a sus promotores de ser “redentores obsoletos”. La lógica es simple: quien cuestiona, quien propone, quien se defiende, representa una amenaza al orden de quienes se sienten cómodos en el poder.

Se pretende convencer a los jubilados de que pedir lo justo es desestabilizar; que exigir transparencia es egoísta; que actuar por cuenta propia es traicionar al colectivo. Pero nunca se habla de los millones que no se han cobrado a los entes deudores, de las decisiones negligentes que nos llevaron al deterioro actual, ni del silencio cómplice de los comités pasados y presentes.

Reflexión final

Cada quien debe tomar su decisión. Nadie está obligado a retirar el fondo propio, pero tampoco debe sentirse culpable quien lo haga. La defensa del patrimonio individual es legítima, sobre todo cuando el sistema que debía protegernos ha fallado una y otra vez.

Si yo estuviera en esa situación, sí elegiría recuperar mi dinero. La vida es corta. No estamos para despreciar recursos que legítimamente nos pertenecen. Lo que no haría es quedarme callado ante el miedo disfrazado de consejo, ni permitir que el discurso oficial me convenza de resignarme.

El problema de Pensiones no es quien se defiende.

El problema de Pensiones es quien calla, solapa y desvía.

POR PCE POR NUESTRA SALUD

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