Fiscalía de Colombia imputa a dos exministros de Petro y los acusa de liderar organización criminal

EFE.- La fiscalía de Colombia imputó este lunes a los exministros Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco al acusarlos de liderar una "organización criminal" que, entre 2023 y 2024, supuestamente destinó más de 612 mil millones de pesos (unos 163 millones de dólares) para comprar congresistas a cambio de apoyo legislativo al gobierno del presidente Gustavo Petro.

El ente acusador imputó ante el Tribunal Superior de Bogotá a los dos exministros con los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer, aunque ambos rechazaron los cargos.

Durante la audiencia, la fiscal María Cristina Patiño aseguró que ambos exfuncionarios "lideraron, promovieron, dirigieron y encabezaron la organización criminal", y que "impulsaron el desarrollo de la empresa delictiva dando órdenes, coordinando reuniones y supervisando gestiones ilícitas" en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La fiscalía indicó que entre mayo de 2023 y octubre de 2024, Bonilla y Velasco dirigieron 74 proyectos en el Invías por 571 mil millones de pesos colombianos (152.5 millones de dólares) y cinco más en la UNGRD por 40 mil 500 millones (10.5 millones de dólares), de los cuales siete se concretaron. 

El plan delictivo tenía como finalidad asegurar mayorías en el Congreso para aprobar proyectos claves del Ejecutivo, mediante la entrega a congresistas de contratos financiados con recursos del Estado, según la institución.

"Se plantearon las líneas base del modus operandi que consistieron en comprar congresistas a través de la entrega de contratos, cuyos recursos provenían del erario, a cambio del apoyo a los proyectos del gobierno o de su concurrencia para garantizar quórum y deliberación", afirmó la fiscal Patiño al imputar cargos.

La Fiscalía sostuvo además que Bonilla y Velasco "se concertaron entre sí y con otras personas para cometer delitos contra la administración pública" y que la esquema delictivo tenía "vocación de permanencia", pues operó durante el tiempo en que ambos fueron ministros.

Bonilla fue el segundo ministro de Hacienda de Petro, cargo que ocupó entre mayo de 2023 y diciembre de 2024, cuando renunció al ser involucrado en el escándalo de la UNGRD, el mayor entramado de corrupción que salpica al Gobierno de Petro.

Velasco, por su parte, fue ministro del Interior y se desempeñó como director encargado de la UNGRD durante un mes en 2023.

La imputación también recoge que Bonilla habría intervenido en la asignación de contratos por 92 mil millones de pesos (unos 23 millones de dólares) para favorecer a seis congresistas a cambio del apoyo a la ampliación del cupo de endeudamiento del Gobierno.

El origen del caso UNGRD

El proceso se remonta a las confesiones del exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, condenado a más de cinco años de prisión, quien aseguró que en 2023 se pagaron millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle. 

Ambos congresistas fueron capturados el pasado 7 de mayo y están bajo una investigación a cargo de la Corte Suprema por cohecho impropio y peculado.

El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, también dio información a la fiscalía, mientras que la exasesora del Ministerio de Hacienda, María Alejandra Benavides, aportó pruebas clave que vinculan directamente al exministro Bonilla.

La UNGRD, encargada de coordinar la respuesta a emergencias y desastres, terminó en el centro del mayor escándalo de corrupción del gobierno Petro, revelado por la prensa en febrero de 2024 y que ha ido escalando hasta alcanzar a altos funcionarios y legisladores.

 

 

Con información de: LatinUs.

Tips al momento

Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…

Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum. 

Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.

Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.


Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales

 La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.

El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.

“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.

El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.

La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.

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