Exigen garantías para misión civil que viaja a comunidades atacadas en Guerrero

 Organizaciones sociales, colectivos y redes de derechos humanos exigieron garantías de seguridad para la Misión Civil de Observación que se dirige a comunidades nahuas de la Montaña Baja de Guerrero, tras denunciar que el Estado mexicano incumplió el compromiso de brindar acompañamiento oficial durante el trayecto hacia Alcozacán, donde más de 2 mil personas fueron desplazadas por ataques armados atribuidos al grupo “Los Ardillos”.

Las organizaciones advirtieron que la cancelación del resguardo coloca en riesgo a periodistas, observadores nacionales e internacionales, personas defensoras de derechos humanos y acompañantes solidarios que participan en la misión. También responsabilizaron al gobierno federal y a las autoridades estatales y municipales de cualquier agresión, amenaza o ataque que puedan sufrir quienes documentan la situación en las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.

En el pronunciamiento, los colectivos compararon la situación actual con la agresión contra la Caravana Humanitaria de San Juan Copala, Oaxaca, donde fueron asesinados la defensora Bety Cariño y el observador finlandés Jyri Jaakkola en 2010. Señalaron que existe “un patrón peligroso” de autoridades que prometen protección y luego abandonan a comunidades indígenas y personas acompañantes frente a grupos armados. “La omisión también mata”, afirmaron.

Las organizaciones exigieron una ruta segura de ingreso y salida para la misión, protección para las comunidades desplazadas, investigación sobre los ataques armados y seguimiento inmediato de organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. También llamaron a colectivos, universidades, sindicatos, medios libres y personas solidarias de México y otros países a pronunciarse y mantener vigilancia pública sobre la seguridad de quienes integran la misión civil.