
CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El caso de Marilyn Cote comenzó a tener alcance nacional en noviembre de 2024, después de que la cuenta Charlatanes Médicos difundió en redes sociales señalamientos sobre documentos académicos, recetas y servicios que la mujer ofrecía como presunta especialista en salud mental en Puebla.
Tras la difusión del caso, ex pacientes presentaron denuncias y la Secretaría de Salud de Puebla realizó verificaciones en el consultorio donde Cote ofrecía atención. Según esos reportes, las autoridades no localizaron documentación que acreditara una cédula profesional en áreas de salud ni permisos suficientes para ejercer como psiquiatra.
El caso pasó del debate en redes sociales al ámbito penal cuando la Fiscalía General del Estado de Puebla inició investigaciones por presuntos delitos del fuero común. El 21 de noviembre de 2024, Cote fue detenida en Tlaxcala, según la información publicada por El País con base en datos de la Fiscalía de Puebla.
Las investigaciones contra Marilyn Cote corresponden a distintos expedientes y no integran un solo proceso penal.
En el fuero común, las acusaciones conocidas públicamente se relacionan con presunta usurpación de profesión, usurpación de funciones y amenazas. En febrero de 2025, la Fiscalía de Puebla informó una vinculación a proceso por amenazas, derivada de una denuncia presentada por vecinos que la acusaron de apuntarles con un arma de fuego.
En febrero de 2026, Cote acumuló dos nuevas vinculaciones a proceso por presunta usurpación de funciones, relacionadas con consultas, diagnósticos y prescripción de medicamentos sin contar con autorización médica para ejercer como psiquiatra.
De forma independiente, la Fiscalía General de la República abrió un proceso federal por presunto suministro de narcóticos, relacionado con la prescripción de medicamentos controlados. Medios de Puebla reportaron el 5 y 6 de julio de 2026 que un juez federal la vinculó a proceso por ese delito.
Después de las primeras denuncias, la Secretaría de Salud de Puebla y la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios realizaron verificaciones al consultorio donde Cote ofrecía servicios. Las inspecciones derivaron en la suspensión del establecimiento mientras continuaban las investigaciones administrativas y penales.
La Fiscalía de Puebla inició carpetas por posibles delitos del fuero común, mientras que la FGR intervino por hechos de competencia federal relacionados con medicamentos controlados. Las audiencias posteriores permitieron que jueces de control resolvieran vinculaciones a proceso en algunos expedientes.
Hasta julio de 2026, la información pública disponible indica que Marilyn Cote enfrenta procesos penales locales y federales. No existe, con la información pública revisada, una sentencia condenatoria firme.
Las vinculaciones a proceso no constituyen una declaración de culpabilidad. En el sistema penal acusatorio mexicano, esa resolución permite continuar la investigación judicial cuando un juez considera que existen datos suficientes para abrir una etapa procesal contra una persona imputada. La responsabilidad penal sólo puede determinarse mediante una sentencia o por alguna forma de terminación anticipada prevista por la ley.
Por ello, la situación jurídica de Cote permanece sujeta al desarrollo de cada expediente y a las resoluciones que emitan los jueces competentes.
El caso también puso bajo revisión los mecanismos para verificar la formación de quienes ofrecen servicios de salud mental en el sector privado.
El Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM publicó el análisis “El caso Marilyn Cote. El negocio de la salud mental y el problema de la falta de atención a los padecimientos psicológicos”, en el que planteó que la viralización del caso mostró riesgos asociados con la oferta privada de atención psicológica y psiquiátrica cuando los pacientes no cuentan con información suficiente para verificar credenciales profesionales.
La Organización Mundial de la Salud informó en marzo de 2022 que, durante el primer año de la pandemia de COVID-19, la prevalencia mundial de ansiedad y depresión aumentó 25%, dato que ayuda a contextualizar el crecimiento de la demanda de servicios de salud mental.
En México, un estudio publicado en la revista Salud Mental sobre la distribución de especialistas en psiquiatría calculó una tasa de 3.68 psiquiatras por cada 100,000 habitantes y señaló una concentración de especialistas en determinadas zonas del país.
Para verificar credenciales, la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública opera el Registro Nacional de Profesionistas, una plataforma pública que permite consultar si una persona cuenta con título registrado y cédula profesional expedida.
Con información de: Proceso.