Narcopolítica limita la estrategia de seguridad de Sheinbaum: Crisis Group

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-La ola de violencia en Sinaloa, que este mes cumple dos años y que el gobierno federal no ha logrado sofocar, demuestra que la acción militar debe ir acompañada de una ofensiva judicial contra los políticos de Morena y de otros partidos asociados con el crimen organizado para que dé resultados, señala un estudio de Crisis Group.

En el informe “La guerra de los herederos en Sinaloa: combatir el crimen en México bajo presión de EU”, el centro de monitoreo y análisis de conflictos violentos indica que la presidenta Claudia Sheinbaum está desaprovechando una oportunidad al tomar “como una intromisión inadmisible en los asuntos internos de México” las acusaciones estadunidenses contra el gobernador Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios del estado.

De acuerdo con Crisis Group, Sheinbaum debería aprovechar la presión de Estados Unidos para liderar una campaña contra las poderosas redes que sustentan el crimen, con Sinaloa a la cabeza, y emprender “la ofensiva judicial contra poderosos intocables que el país necesita urgentemente”.

El extenso informe, de 52 páginas, indica que para Sheinbaum resulta muy complejo “calibrar su respuesta ante acusaciones creíbles de que perfiles relevantes dentro de Morena mantienen vínculos con el crimen organizado”.

Y recuerda que Rocha Moya es “un antiguo aliado de López Obrador, quien sigue siendo una figura influyente dentro del partido de gobierno”.

Crisis Group sostiene que la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa que se desató luego de que el 25 de julio de 2024 Joaquín Guzmá López entregara a Estados Unidos a Ismael “El Mayo” Zambada ha continuado en ese estado a pesar del enorme despliegue militar, de hasta 15 mil tropas, del gobierno federal en estado.

Aunque esa intervención ha puesto fin a los enfrentamientos armados que paralizaron Culiacán, “el gobierno está lejos de lograr un cambio fundamental en el equilibrio de fuerzas con el crimen organizado”.

Los recursos militares, agrega el análisis, son limitados, y las autoridades se han visto obligadas a reasignar tropas para enfrentar otras crisis en el país.

Pero lo que es más importante es que “México aún no ha emprendido procesos judiciales efectivos contra los jefes del crimen organizado del estado y sus lugartenientes, por no hablar de los oficiales militares, políticos y empresarios corruptos que han permitido que el cartel prospere durante décadas”, asegura.

La presión de Washington

El reporte indica que la presidenta Sheinbaum ha tenido que dar respuesta a la violencia en Sinaloa mientras sortea una relación cada vez más tensa con su homólogo estadunidense Donald Trump, quien en su segundo mandato ha ampliado sus exigencias para atacar el flujo de drogas, en particular el fentanilo.

“Dado el protagonismo de Sinaloa en la producción y el tráfico, el conflicto que asola a ese estado se ha entrelazado con la relación bilateral”, agrega el informe.

El abanico de amenazas de Washington también se ha ampliado y ahora incluyen la idea de una intervención militar unilateral en territorio mexicano y el amago de imponer nuevos aranceles a los productos mexicanos.

Un funcionario estadunidense explicó a Crisis Group que la estrategia consiste en crear una “campaña de máxima presión” sobre México con la “destrucción total de los cárteles” como objetivo.

Estas acciones, según el estudio, incluyen la imputación de cargos al gobernador de Sinaloa (ahora con licencia), Rubén Rocha Moya, y a otros nueve funcionarios del estado, por sus relaciones con Los Chapitos.

“Estas acusaciones –añade Crisis Group-- han puesto de relieve las complejidades políticas que entraña abordar las acusaciones de corrupción de alto nivel en México, especialmente cuando está implicado el partido Morena, el de la presidenta”.

Sheinbaum, asegura, ya se encuentra en una situación delicada para mantener el apoyo de sus principales aliados políticos en su estrategia de seguridad, porque al movilizar a las fuerzas armadas en Sinaloa, se distanció de la estrategia de su mentor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cuya política de “abrazos, no balazos” restringió el margen de maniobra de los militares en la lucha contra el crimen organizado.

De acuerdo con Crisis Group, aunque Sheinbaum ha respaldado la postura de López Obrador de calificar los cargos de Estados Unidos contra Rocha Moya como un ataque a la soberanía mexicana y a Morena, la postura de la presidenta “podría durar poco”.

Esto, porque dos de los funcionarios sinaloenses imputados se entregaron a las autoridadesestadunidenses y, posiblemente, incriminen a otros en sus testimonios”.

Al mismo tiempo, “Sheinbaum es consciente de que una guerra económica con su vecino del norte sería devastadora para el país, al igual que una intervención militar directa de Estados Unidos sería catastrófica para ella y para Morena”.

México, indica el estudio, “tiene que hilar fino”, por las presiones de la administración Trump y porque los mexicanos también demandan una reducción de la violencia.

Por ello, la presidenta “tendrá que fortalecer las instituciones de seguridad y justicia y desentrañar los vínculos entre grupos criminales y funcionarios públicos, algunos de los cuales pertenecen a su propio partido, Morena”.

Y, en ese sentido, “Sinaloa representa una prueba crucial para determinar si la fuerza militar y la lucha contra el narcotráfico pueden combinarse con avances en el desmantelamiento de las redes que son esenciales para la supervivencia y reproducción del crimen organizado en todo México”.

Las consecuencias de no actuar

Crisis Group sostiene que para combatir la colusión que permite a los grupos criminales sobrevivir y prosperar a pesar de las ofensivas militares, el Estado mexicano debe fortalecer las instituciones de investigación y judicializar a funcionarios corruptos y a quienes financian el crimen.

“Así como las sucesivas exigencias de Washington han influido en las acciones que Sheinbaum ha tomado, ella debe aprovechar esta presión para superar la resistencia interna e impulsar procesos legales contra altos servidores públicos, incluidos aquellos que pertenecen a su coalición de gobierno”, plantea Crisis Group.

Indica que, a cambio, Estados Unidos debe cumplir intensificar sus propias investigaciones sobre traficantes de armas, proveedores de insumos químicos e intermediarios logísticos estadounidenses y extranjeros vinculados a grupos criminales.

Sheinbaum, asegura, ha demostrado tacto, principios y pragmatismo al oponerse a los llamados de Washington a una intervención militar estadunidense en territorio mexicano, la cual “probablemente tendría consecuencias nefastas para la estabilidad del país y sus relaciones con su vecino del norte, sin lograr debilitar significativamente las redes que sustentan el crimen organizado”.

Sin embargo, “si la presión estadounidense ha de tener algún propósito útil, debe ser el de incentivar a las autoridades mexicanas a emprender una campaña implacable en los juzgados contra figuras poderosas que han sido cómplices del crimen”, señala el informe.

Y agrega que la intervención del gobierno federal en Sinaloa pone en evidencia las fortalezas y limitaciones de la acción militar y podría marcar el comienzo de una nueva era en la lucha contra el crimen en México, siempre y cuando Sheinbaum se decida a actuar con los políticos vinculados al crimen organizado.

De acuerdo con Crisis Group, tampoco existe evidencia de que los operativos militares en Sinaloa hayan alterado el suministro de fentanilo al mercado estadunidense.

Saldos de la violencia

El informe señala que los enfrentamientos entre la facción de Los Chapitos y Los Mayos han generado uno de los periodos más violentos en la historia reciente del estado, con casas incendiadas, negocios abandonados, suspensiones de clases y cicatrices del conflicto en todo Culiacán, mientras que en Mazatlán se ha desplomado el turismo.

Según datos oficiales, entre septiembre de 2024 y marzo de este año, se registraron dos mil 600 homicidios dolosos en Sinaloa, aunque es muy probable que exista un subregistro.

Un experto forense de Sinaloa dijo a Crisis Group que, entre septiembre de 2024 y julio de 2025, el número de cadáveres con heridas de bala que recibieron en la morgue se cuadruplicó.

Sinaloa es también uno de los seis estados donde los homicidios han aumentado durante la administración de Sheinbaum, asegura el reporte.

Y señala que son sobre todo los drones los que han transformado la forma de combatir la guerra entre las dos facciones del cártel ya que los usan para labores de vigilancia y para bombardear a sus rivales al equiparlos con proyectiles de mortero.

Las desapariciones también han aumentado, aunque hay controversia sobre la cifra real. Fuentes oficiales registran alrededor de mil 700 casos de desaparecidos, pero el diario El Noroeste contabilizó más de tres mil 800 denuncias de personas desaparecidas en el año y medio posterior al secuestro de “El Mayo” Zambada, dato superior al de los homicidios registrados en el mismo periodo.

Según el reporte, hay víctimas privadas de su libertad por grupos criminales que luego son obligadas a trabajar para ellos, en lo que algunos medios de comunicación han descrito como casos de esclavitud.

Además de los enfrentamientos en la capital del estado, Los Mayos también se apoderaron de zonas históricamente controladas por el clan Guzmán en el centro del estado, entre ellas Villa Juárez, una localidad mayoritariamente agrícola a tan solo 45 minutos en carro de Culiacán.

El informe asegura que en esta lucha por el centro del estado, ambas facciones han sitiado a las comunidades campesinas. Entre octubre y diciembre de 2025, por ejemplo, las zonas montañosas distantes de Badiraguato quedaron completamente aisladas del contacto externo.

Los enfrentamientos también han llegado a pequeños pueblos del sur, a lo largo de la frontera entre Sinaloa y Durango. En septiembre de 2024, cientos de familias de la región de Concordia tuvieron que huir cuando el jefe local afiliado a Los Chapitos fue derrocado por Los Mayos.

Todo esto muestra que la violencia se ha desplazado de Culiacán a otras zonas del estado.

Con información de: Proceso.