
Los habitantes del Valle de Juárez, a través del Colectivo por el Regreso del Transporte al Valle, emitieron un pronunciamiento público en el que rechazaron las declaraciones del subsecretario de Transporte del Estado, Luis Manuel Aguirre, quien aseguró que el servicio de transporte en la región resulta económicamente inviable debido a la baja demanda de pasajeros.
En el documento, el colectivo sostiene que la responsabilidad del Estado no es garantizar la rentabilidad de los concesionarios, sino proteger el derecho a la movilidad de la población, el cual está reconocido en la Constitución y en el marco legal vigente.
Los ciudadanos señalaron que el problema no debe centrarse en las ganancias o pérdidas del operador, sino en que más de 17 mil habitantes de más de 20 comunidades del Valle de Juárez han enfrentado durante años la falta de un servicio de transporte adecuado.
Además, recordaron que desde el inicio de las mesas de diálogo han solicitado un esquema que permita a los usuarios trasladarse hasta el centro de Ciudad Juárez con un solo pago, evitando transbordos que incrementan el costo del viaje para trabajadores, estudiantes, adultos mayores y familias.
En el posicionamiento también cuestionaron que las autoridades argumenten una baja afluencia de pasajeros cuando, aseguran, el propio diseño del servicio desincentiva su uso al obligar a realizar pagos adicionales y aumentar los tiempos de traslado.
El colectivo consideró además que es prematuro calificar como inviable la ruta cuando apenas lleva alrededor de dos meses de operación, recordando que el permiso otorgado al concesionario es por un periodo de prueba de tres meses y que la evaluación oficial deberá realizarse una vez concluido ese plazo.
Añadieron que, tras más de cinco años sin transporte público regular en el Valle de Juárez, la población tuvo que buscar alternativas de movilidad, por lo que recuperar la confianza de los usuarios y consolidar la demanda requiere tiempo, promoción del servicio y mejores condiciones de operación.
"La movilidad no puede evaluarse únicamente con criterios de rentabilidad. La obligación del Estado es garantizar derechos, no administrar excusas. La movilidad es un derecho, no un privilegio", concluye el pronunciamiento.