
El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, declaró que el Gobierno del Estado ha contenido la situación de los desplazados en la Sierra Tarahumara, una acción que, señaló, corresponde al Gobierno Federal. “Nos piden información de lo que sucede en la zona”, expresó.
Asimismo, indicó que se mantiene una coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional; sin embargo, afirmó que el Gobierno Federal no tiene presencia en la zona.
Añadió que la Secretaría de Gobernación Federal solicitó información sobre la falta de ingreso de víveres en dicho municipio.
Destacó que la Fiscalía General del Estado y la Secretaría General de Gobierno, a través de los esquemas de atención a víctimas de desplazamiento forzado, son las instancias que actualmente atienden la situación ante la falta de participación de la Federación.
“Al grado que ciudadanos de Durango prefieren venir como desplazados a Chihuahua porque dicen que el Gobierno de Chihuahua sí los atiende”, declaró.
Finalmente, puntualizó que el exhorto de comparecencia debería dirigirse al Ejecutivo Federal y no a la gobernadora María Eugenia Campos Galván.

El empresario favorito de Taddei, José Alfredo Hernández Casillas, es señalado por encausar el camino para que Claudia Arlett Espino asumiera la Secretaría Ejecutiva del INE, una posición operativa más importante del instituto.
De acuerdo a medios nacionales, el vínculo no es fortuito a su llegada al INE y se remite en el Instituto Electoral de Chihuahua, donde la funcionaria aprobó a favor del empresario un contrato de materiales electorales superior a los 30 millones de pesos.
Se señala que, a pesar de los cuestionamientos contra Espino sobre su historial financiero e irregularidades presupuestales advertidas desde su votación, incluido el rechazo de la consejera Carla Humphrey, asumió el cargo en diciembre de 2024.
Desde esa posición, que concentra la representación legal del INE, la estructura laboral y la gestión financiera, se articularon nombramientos clave en áreas directivas estratégicas, como Administración y Servicios de Informática.
La coordinación interna entre estos mandos y el propio contratista derivó en un manejo discrecional en domicilios particulares del empresario para acordar licitaciones, asignaciones directas y presuntos sobreprecios, operadas directamente con funcionarios subordinados a la Secretaría Ejecutiva a cargo de Claudia Espino.
A esto se suma el uso de bienes del proveedor puestos a disposición de altos mandos, desde vehículos blindados hasta personal de nómina del INE realizando funciones de choferes y seguridad privada para el empresario.
