Colectivo Justicia para Nuestros Deudos pide disculpa pública del gobierno estatal por caso del crematorio Plenitud

El colectivo Justicia para Nuestros Deudos emitió un comunicado en donde exige al representante del gobierno estatal, Carlos Ortiz Villegas, una disculpa pública por la falta de celeridad en el caso, lo que califican como “traición” a las familias afectadas por el caso del crematorio Plenitud. 

En el comunicado, solicitaron además que en 15 días naturales, se informe de manera clara y transparente a qué funerarias corresponden las identificaciones realizadas. 

El texto menciona lo siguiente: 

Dirigido a: Carlos Ortiz Villegas, representante del Gobierno del Estado de Chihuahua

Hoy, al cumplirse 14 meses del hallazgo del Crematorio Plenitud, las familias afectadas exigimos que usted, en su calidad de representante del Gobierno Estatal, se disculpe públicamente ante las más de 1,600 familias que confiaron en las instituciones y fueron traicionadas. 

Reducir esta tragedia a simples “acciones de buena fe” constituye una falta de respeto a la memoria de las víctimas y una negación del derecho de las familias a la verdad. La única buena fe fue la de quienes entregaron a sus seres queridos con la esperanza de recibir un servicio digno. Las instituciones, en cambio, incurrieron en omisiones, encubrimientos y violaciones a derechos fundamentales. 

No es proporcional ni ético que usted descarte el dolor de los colectivos afirmando que “no tienen cuerpos" en el hallazgo. En este contexto, la propia Fiscalía General Zona Norte estableció una temporalidad de cinco años, temporalidad que corresponde directamente al hallazgo y a los usuarios de las ocho funerarias vinculadas al Crematorio Plenitud. Es decir, las identificaciones deben responder a esa temporalidad emitida por las mismas autoridades. Como lo hemos reiterado, se advierte un escenario aún más grave: Cuerpos que nunca aparecerán y cenizas que no son cenizas, lo que obliga a preguntar con claridad ¿dónde están los cuerpos y quiénes son los responsables de esta barbarie? 

Fundamentación jurídica y ética  

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

-El artículo 6º reconoce el derecho de acceso a la información pública como un derecho fundamental. La omisión de informar a qué funerarias corresponden las identificaciones vulnera este derecho. 

-El artículo 1º obliga a todas las autoridades a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, incluyendo el derecho a la verdad y a la reparación integral.  

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública: 

- Establece la obligación de las autoridades de proporcionar información veraz, completa y oportuna. La negativa u omisión de informar sobre las identificaciones constituye una falta administrativa y una violación a la ley.  

Ley General de Víctimas: 

- Reconoce el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación integral (artículos 7 y 8). 

- Obliga al Estado a garantizar medidas de atención y acceso a la información que permitan a las familias conocer el destino de sus seres queridos.  

Ética pública:  

-La transparencia y la rendición de cuentas son principios esenciales de la función pública. Negar información en un caso de esta magnitud no solo es ilegal, sino inmoral, pues perpetúa la revictimización y el desprecio hacia las familias. 

Exigencia concreta 

Por lo anterior, exigimos que, en un plazo no mayor a 15 días naturales, se emita un comunicado oficial que informe de manera clara y transparente a qué funerarias corresponden las identificaciones realizadas. 

Asimismo, exigimos que se haga público el estatus de las autoridades que se encuentran bajo investigación en relación con el Crematorio Plenitud, pues a 14 meses del hallazgo no existe información alguna al respecto. El silencio sobre estas responsabilidades institucionales constituye una forma de encubrimiento y perpetúa la impunidad. La ciudadanía tiene derecho a saber quiénes son los funcionarios investigados, cuál es el avance de dichas indagatorias y qué medidas se han tomado para garantizar que hechos tan atroces no se repitan, igual, en un plazo no mayor a 15 días naturales se emita un comunicado oficial.

La memoria no se negocia, la dignidad no se silencia, y la verdad es un derecho que el Estado está obligado a garantizar. Negar información sobre las autoridades responsables y sobre las funerarias vinculadas es una afrenta ética y moral que profundiza la herida de más de 1,600 familias. 

La memoria no se negocia, la dignidad no se silencia, y la verdad es un derecho que el Estado está obligado a garantizar. 

Colectivo Justicia para Nuestros Deudos  Vocera: Dora Elena Delgado Barraza Correo electrónico: promculturajuarez@gmail.com Teléfono: 656 857 5210