Acusan indígenas de Guachochi condicionamiento de apoyos de Bienestar

_Autoridades tradicionales de Norogachi señalan que funcionarios federales pretenden imponer constructores, proveedores y proyectos para ejercer recursos del Fondo de Apoyo a la Infraestructura Social para PueblosIndígenas  y Afromexicanos (FAISPIAM)._

Gobiernos tradicionales rarámuri de la región de Norogachi acusaron a funcionarios de la Secretaría de Bienestar de utilizar los recursos destinados a las comunidades indígenas para favorecer a empresas y proveedores que, aseguran, son definidos desde el propio Gobierno Federal.

Las autoridades indígenas señalaron que, bajo el argumento de establecer reglas para la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM), la Federación estaría interviniendo directamente en decisiones que corresponden a las comunidades.

De acuerdo con su denuncia, personal de la Secretaría de Bienestar estaría condicionando la ejecución de las obras a la contratación de determinadas constructoras, prestadores de servicios, fleteros y proveedores de materiales.

Para los representantes rarámuri, esta situación representa un beneficio para empresarios externos, mientras limita la posibilidad de que el dinero permanezca y genere actividad económica dentro de las propias comunidades de la Sierra Tarahumara.

Las autoridades tradicionales cuestionaron que, después de anunciarse la entrega directa de recursos a los pueblos indígenas, sean funcionarios federales quienes pretendan establecer con quién se contratan las obras, dónde se compran los materiales y qué proveedores participan.

“Somos nosotros quienes poseemos la capacidad y el derecho legítimo de decidir con qué constructores trabajar, a qué fleteros locales contratar y dónde adquirir materiales”, señalaron en su posicionamiento.

Otro de los puntos de conflicto son los catálogos y matrices de inversión utilizados por la Secretaría de Bienestar, que —según las autoridades indígenas— terminan delimitando desde las oficinas federales qué proyectos pueden realizarse, aun cuando las necesidades de cada comunidad hayan sido determinadas previamente mediante sus propias asambleas.

Los gobernadores indígenas sostienen que las comunidades cuentan con estructuras tradicionales para identificar sus prioridades, aprobar proyectos y vigilar la aplicación de los recursos, por lo que rechazaron que funcionarios externos pretendan asumir esas funciones.

La inconformidad fue presentada ante la presidenta Claudia Sheinbaum, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y la propia Secretaría de Bienestar, a quienes solicitaron intervenir para garantizar que los recursos sean ejercidos conforme a las decisiones de las comunidades.

El reclamo también tiene un componente económico: las autoridades rarámuri consideran que los recursos públicos destinados a sus pueblos deben beneficiar primero a sus propios habitantes, mediante la contratación de constructores, transportistas y proveedores locales.

Por ello, exigieron que se respete su derecho a decidir quién ejecuta las obras y cómo se utilizan los recursos, sin intermediarios ni condicionamientos impuestos desde las dependencias federales.

La denuncia pone nuevamente sobre la mesa la distancia entre el discurso de autonomía indígena y la forma en que, aseguran los propios pueblos, se están administrando los recursos destinados a sus comunidades.

Para los gobiernos tradicionales de Norogachi, el problema no se reduce a quién construye una obra o quién suministra los materiales. Se trata de evitar que recursos destinados al desarrollo de los pueblos rarámuri terminen beneficiando a intereses empresariales definidos fuera de las comunidades.

Su exigencia es directa: si el dinero es para los pueblos indígenas, deben ser los propios pueblos quienes decidan cómo, dónde y con quién se ejerce.