El Colegio de Profesionales del Derecho Distrito Bravos A.C. (COPRODER) fijó postura ante la detención del juez penal del Distrito Hidalgo, con sede en Parral, Manuel Jurado Torres, por parte de la Fiscalía Anticorrupción del Estado.
A través de un comunicado, el organismo señaló que la detención deriva de una investigación por el probable delito de prevaricación agravada, relacionado con la presunta modificación del tipo penal de feminicidio a homicidio imprudencial, así como con el cambio de medidas cautelares de prisión preventiva justificada.
Por lo anterior el Colegio enfatizó que, estos señalamientos deberán ser acreditados ante un juez de Control y llamó a evitar que los hechos sean considerados como probados antes de que exista una resolución judicial.
También hizo énfasis en el principio de presunción de inocencia, al señalar que el juzgador tiene derecho a una defensa adecuada y a que su situación jurídica sea resuelta mediante el debido proceso.
Asimismo, indicó que, en caso de acreditarse que una resolución fue dictada en contra de la ley para otorgar una ventaja indebida, la legislación contempla una sanción de dos a seis años de prisión, aunque subrayó que corresponde a una autoridad jurisdiccional determinar si existe responsabilidad.
Finalmente, pidió a la Fiscalía Anticorrupción transparencia en las 11 carpetas de investigación contra jueces y dos contra magistrados que han sido anunciadas, además de solicitar al Poder Judicial garantizar la imparcialidad de los procesos.
“No defendemos personas, defendemos procesos”, sostuvo el Colegio, al señalar que su postura busca evitar tanto el encubrimiento gremial como el linchamiento anticipado.