El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó irregularidades por un total de 6 millones 279 mil pesos pagados a ocho personas contratadas bajo el esquema de honorarios permanentes entre enero de 2023 y septiembre de 2025, durante la gestión de la consejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala. Según reveló una investigación periodística de El Universal, el instituto no logró acreditar documentalmente ante la auditoría DAA/03/ESP/2025 la realización de los servicios de consultoría, supervisión y gestión que justificaran dichos desembolsos.
El monto principal por aclarar asciende a 5.6 millones de pesos e involucra a cuatro prestadores de servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA) con salarios quincenales de entre 22 mil y 47 mil pesos. Los 673 mil pesos restantes corresponden a cuatro trabajadores de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores (DERFE), quienes no entregaron los informes de actividades requeridos. Aunque la auditoría terminada en enero de 2026 no concluye categóricamente que los trabajos no se hayan efectuado, sí ratifica la falta de evidencia física y documental exigida por la normativa interna del organismo.
El informe del OIC expone además un patrón amplio de inconsistencias administrativas en diversas dependencias del INE:
En la Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral Nacional (DESPEN) se identificaron inconsistencias como la de una persona contratada como "analista de viáticos y pasajes" que reportó labores de cerrajería y mantenimiento.
En la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) y la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP), las entregas periódicas de reportes no lograron demostrar el desarrollo real de las funciones estipuladas en los contratos.
La DERFE acumuló 43 inconsistencias documentales asociadas a la falta de vigilancia sobre el personal de honorarios.
A la par de estos hallazgos, en la sesión de inicio del Proceso Electoral 2026-2027 se desató un debate interno. El consejero Arturo Castillo reprochó a la presidencia del INE la designación unilateral de 12 titulares de áreas clave sin consenso del Consejo General, así como la baja de 836 trabajadores. Ante las críticas, el INE argumentó que las bajas corresponden exclusivamente a la conclusión de contratos temporales y de proyecto, desestimando que se trate de despidos de plazas estructurales.