Las matanzas del CJNG en Veracruz: siete minutos, 35 cuerpos y 15 años de impunidad

A 15 años de la masacre que cimbró a Veracruz en septiembre de 2011, la reconstrucción de los hechos contenida en expedientes judiciales de la entonces Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) saca a la luz la minuciosa logística y el horror detrás del abandono de 35 cuerpos en el bulevar de Boca del Río.

 Una investigación firmada por la periodista Flavia Morales señala que, tras una condena de 70 años de prisión impuesta a Víctor Hugo “N”, uno de los autores intelectuales del crimen, las declaraciones de sicarios e informes judiciales permiten dimensionar el despliegue del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

El operativo fue encomendado por César Cazarín Molina, alias "El Comandante Tornado", operador afín a Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", con el propósito de disputar el control territorial a Los Zetas. En tan solo dos semanas, el comando cobró la vida de 67 personas mediante secuestros y ejecuciones basadas en meras sospechas de colaboración con el grupo rival.

La investigación de Proceso destaca los siguientes puntos sobre la estructura del grupo armado en la región: Siete minutos y cinco vehículos fueron suficientes para cerrar el tránsito del bulevar y arrojar los 35 cuerpos desde dos camionetas a plena luz del día. El grupo utilizó a un falso empresario constructor para rentar 12 inmuebles a través de empresas ficticias en Veracruz y Boca del Río. Estas propiedades, denominadas “oficinas”, servían para resguardar armamento de uso exclusivo militar, albergar sicarios y mantener personas en cautiverio. El comando integró a sicarios, halcones y personal de logística reclutados desde Jalisco y diversos puntos de Veracruz, además de un integrante de nacionalidad venezolana. Los sueldos ascendían a 18 mil pesos mensuales más bonificaciones.  La averiguación recupera la declaración del único sobreviviente de las agresiones en los inmuebles de seguridad, quien logró conservar la vida al simular su muerte tras ser víctima de cautiverio y tortura.

Las actuaciones judiciales acumuladas a lo largo de casi 14 años de litigio exponen los mecanismos de violencia, reclutamiento y logística empleados por el brazo armado conocido como "Los Matazetas" durante los primeros años del gobierno de Javier Duarte en la entidad.