
Ya con las recientes definiciones de coordinaciones, tanto del PAN como de Morena, al gobierno del Estado, donde Marco Bonilla y Cruz Pérez Cuéllar son los perfiles al gobierno del Estado, la competencia comenzó hace tiempo en medio de una serie de acusaciones y calificativos entre ambos personajes.
En los calificativos directos-
Pérez Cuéllar calificó de “cobarde” a Marco Bonilla tras la clausura del Mercado Hoyos en la ciudad de Chihuahua, previo a una gira del morenista por la capital.
Asimismo, lo ha tildado de “clasista” por contrastar la calidad de vida y la administración pública entre la capital y la ciudad fronteriza.
Por su parte, Marco Bonilla sostiene que el alcalde juarense "no sabe hacer otra cosa que hacer campaña" y lo acusa de descuidar la gobernabilidad y el mantenimiento de Ciudad Juárez, haciendo especial énfasis en el deterioro de las vialidades y los baches.
Además, atribuye los ataques de Cruz a un estado de "nerviosismo" ante los procesos electorales.
De las acusaciones-
Desde el grupo panista encabezado por Marco Bonilla, se formalizaron denuncias por irregularidades en un contrato multianual de barrido de limpieza en Juárez superior a los 105.6 millones de pesos, al sostener que existió sobreprecio y que las unidades no brindaron el servicio acordado.
A esto se suman los señalamientos por el presunto uso de recursos públicos, vehículos y escoltas juarenses para financiar la gira proselitista de Pérez Cuéllar en la capital y otros municipios.
Así como los cuestionamientos por una residencia vinculada al edil fronterizo en el fraccionamiento Campestre de Ciudad Juárez, con un valor estimado entre 26 y 30 millones de pesos.
Pérez Cuéllar denunció un posible daño patrimonial superior a los 300 millones de pesos en los contratos de arrendamiento de la flotilla de patrullas de policías y barredoras, argumentando que la compra directa habría generado un ahorro al erario.
De igual forma señaló que el costo por kilómetro barrido en la capital resulta más elevado e ineficiente que el de Juárez y acusó a la administración de Marco Bonilla de operar campañas de desinformación en redes sociales financiadas con recursos de comunicación social.