
Con la reaparición pública del ex presidente López Obrador el día de ayer, salta la incógnita del porqué de su retorno hasta este momento, y es que no es casualidad que hasta ahora el ex mandatario nacional saliera a dar un mensaje en donde critica además de algunos periodistas mexicanos, al gobierno estadounidense y sus operativos contra el narco.
Esto recuerda que cuando salió de la vida política de México, López Obrador, advirtió que aparecería si se viera afectada la democracia, la soberanía nacional, o bien si existiera un intento de golpe de estado. Y ayer, tras varios meses de golpeteo en contra del gobierno mexicano por parte de los Estados Unidos y la denominada “ultra derecha”, en donde inclusive ya presentan retiro de visas a políticos de izquierda y lo más importante, investigaciones por los supuestos nexos de cuatroteistas con el crimen organizado, era necesaria su aparición.
Y aunque en el video compartido no afirmó que regresaba en defensa a morenistas como Marina del Pilar, Rubén Rocha Moya o su propio hijo, Andy López Beltrán, si coincide con la investigación del medio estadounidense, The New York Times, en donde se menciona que dos agencias estadounidenses ya investigan a Beltrán, además de una red de corrupción en Baja California que tiene que ver con el Cártel de Sinaloa.

El Congreso del Estado recibió la minuta con el proyecto de reforma constitucional remitido por el Senado de la República, el cual busca prohibir la doble nacionalidad para quienes aspiren o ejerzan la Presidencia de la República, las gubernaturas estatales o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
El oficio, dirigido a la presidenta de la Mesa Directiva, Joceline Vega Vargas, que contiene la reforma, al tratarse de un cambio a nivel federal, requiere la aprobación de la mayoría de las legislaturas locales para su eventual promulgación.
Aunque no lo crean, representa una oportunidad para que el Poder Legislativo de Chihuahua sesione y emita su votación a tiempo, ya que siempre lo dejan fuera.
En procesos de reforma a la Constitución Federal anteriores, la declaratoria de validez en el Congreso de la Unión se realizaba en menos de 24 horas.