
A 58 años de la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, el movimiento estudiantil mexicano sigue siendo una referencia para entender las formas en que las juventudes exigen respuestas frente a problemas sociales y políticos.
El movimiento de 1968 surgió en un contexto de represión y autoritarismo.

Miles de estudiantes de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional se movilizaron para exigir libertades políticas, respeto a la protesta, desaparición del cuerpo de granaderos, liberación de presos políticos y diálogo público con las autoridades. La idealidad de los regímenes democráticos que proliferó desde Francia a finales de la década de los 60.
Con el paso de las semanas, el movimiento sumó también a profesores y otros sectores sociales.
Pero el 2 de octubre de ese año, aquel reclamo fue silenciado en Tlatelolco por las fuerzas del Estado sin titubeo alguno. El número de víctimas mortales continúa sin establecerse con certeza.
Décadas después, el episodio permanece como uno de los símbolos de la violencia estatal contra movimientos sociales en la historia contemporánea de México y América Latina.
Aunque las circunstancias actuales son distintas a las de 1968, varias de las demandas que movilizaron a aquella generación siguen apareciendo, con nuevos significados, en las protestas juveniles y estudiantiles.
La libertad de expresión, de manifestación y la ampliación de la participación política son un buen ejemplo.
Para numerosos colectivos estudiantiles, la posibilidad de cuestionar públicamente a las autoridades, participar en marchas, organizar asambleas y expresar su voluntad de manera vinculante forma parte de los derechos que deben preservarse dentro y fuera de las universidades.

Sin embargo, el reclamo más poderoso que sobrevive a las protestas del 68 van más allá de las aulas: las demandas vinculadas con los derechos sociales, como las condiciones económicas para continuar los estudios, igualdad, oportunidades laborales y combate a distintas formas de discriminación.
Pero hoy ocupa también la inseguridad un lugar central. En nuestros días aparecen exigencias relacionadas con desapariciones, violencia contra estudiantes, acoso y violencia de género. Reclamos que parten de aquel 2 de octubre, un lamentable punto de referencia de la máxima forma de violencia: aquella que emana del Estado hacia su población.
Por ello, el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, duele a la sociedad mexicana de forma parecida; y doce años después, familiares, estudiantes y organizaciones continúan realizando protestas para exigir verdad y justicia.

La continuidad de estas movilizaciones ayuda a explicar por qué la consigna “2 de octubre no se olvida” ha sobrevivido durante casi seis décadas.
A 58 años de Tlatelolco, su significado permanece en disputa y renovación constante: recordar a las víctimas de los crímenes del régimen priista, defender el derecho a protestar, pero sobre todo a mantener la capacidad crítica para que cada generación pueda crear sus propias preguntas sobre el significado de la libertad, la justicia, los derechos sociales y la seguridad en México.
Con información de El Mexiquense.