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“Más control, más obligaciones y menos recursos para municipios” Noel Chávez

 

El diputado federal Noel Chávez Velázquez manifestó en tribuna su rechazo a la nueva Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, al considerar que la propuesta plantea nuevas obligaciones para los municipios y una mayor concentración de información inmobiliaria a nivel nacional.

 

Durante su intervención, el legislador priista aclaró que su posición no significa estar en contra de la modernización tecnológica de los catastros, sino de la manera en que, desde su perspectiva, se plantea implementar el nuevo modelo.“No estamos en contra de la tecnología; estamos en contra de la concentración del poder sin controles”, señaló.


Chávez Velázquez reconoció que México requiere catastros actualizados, procesos digitales y una mejor coordinación entre los registros públicos de la propiedad y las autoridades catastrales.


Sin embargo, cuestionó que la iniciativa contemple mecanismos nacionales de interconexión, metodologías e identificadores únicos para municipios con capacidades administrativas y financieras muy diferentes.“La Federación diseña, la Federación norma y el municipio paga”, señaló.


El diputado planteó la necesidad de establecer controles claros sobre quién podrá consultar la información, bajo qué autorizaciones, cómo se registrarán los accesos y cuáles serán las responsabilidades en caso de filtraciones o accesos indebidos.

 

El legislador reconoció que la iniciativa no plantea directamente un incremento al impuesto predial, pero señaló que una actualización de padrones, inmuebles y valores catastrales podría tener efectos sobre las bases utilizadas por los municipios para la determinación de contribuciones.


Finalmente, el diputado priista votó en contra de la ley precisando que su posición no pretende frenar la modernización de los sistemas catastrales, sino exigir que cualquier reforma contemple respeto al federalismo, recursos suficientes, protección de datos y controles institucionales.

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Contratista de Taddei habría encausado a Claudia Espino desde el IEE al INE 

El empresario favorito de Taddei,  José Alfredo Hernández Casillas, es señalado por encausar el camino para que Claudia Arlett Espino asumiera la Secretaría Ejecutiva del INE, una posición operativa más importante del instituto.

De acuerdo a medios nacionales, el vínculo no es fortuito a su llegada al INE y se remite en el Instituto Electoral de Chihuahua, donde la funcionaria aprobó a favor del empresario un contrato de materiales electorales superior a los 30 millones de pesos.

Se señala que, a pesar de los cuestionamientos contra Espino sobre su historial financiero e irregularidades presupuestales advertidas desde su votación, incluido el rechazo de la consejera Carla Humphrey,  asumió el cargo en diciembre de 2024.

Desde esa posición, que concentra la representación legal del INE, la estructura laboral y la gestión financiera, se articularon nombramientos clave en áreas directivas estratégicas, como Administración y Servicios de Informática.

La coordinación interna entre estos mandos y el propio contratista derivó en un manejo discrecional en domicilios particulares del empresario para acordar licitaciones, asignaciones directas y presuntos sobreprecios, operadas directamente con funcionarios subordinados a la Secretaría Ejecutiva a cargo de Claudia Espino.

A esto se suma el uso de bienes del proveedor puestos a disposición de altos mandos, desde vehículos blindados hasta personal de nómina del INE realizando funciones de choferes y seguridad privada para el empresario.

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