Luisa María Alcalde, consejera jurídica de la Presidencia, presentó el plan para prohibir los contenidos violentos en redes sociales y entornos digitales.
Las plataformas digitales tendrán prohibido mostrar a niñas, niños y adolescentes los siguientes contenidos:
Por eso, la principal obligación de las plataformas digitales será garantizar desde su diseño la seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes a través de las siguientes acciones:
Para lograr dicho plan habrá colaboración con instancias de seguridad y procuración de justicia. Además de contar con un punto de contacto.
El apoyo a menores será también a través de la línea de la vida al brindar orientación y apoyo psicológico desde el número telefónico 800 911 2000.
La presidenta Sheinbaum aseguró que hablará con las empresas de plataformas digitales para publicar el decreto la próxima semana en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Con información de El Financiero.

El expresidente del Instituto Federal Electoral IFE, Luis Carlos Ugalde, advirtió que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum busca aprovechar los recientes señalamientos de irregularidades en el Instituto Nacional Electoral INE para impulsar una reforma que merme su independencia operativa de cara a los procesos electorales de 2027.
En entrevista para el diario Reforma, el politólogo sostuvo que la estrategia replica el esquema aplicado durante la reciente reestructuración del Poder Judicial: señalar deficiencias o presuntos actos de corrupción en los organismos autónomos para justificar modificaciones de fondo a su diseño constitucional.
De acuerdo con Ugalde, el riesgo central no radica únicamente en la renovación o permanencia de perfiles en la presidencia del consejo general, sino en la intención de alterar el funcionamiento interno de la institución.
En ese sentido, señaló que centrar las críticas en la figura de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, desvía la atención de la necesidad de preservar el trabajo colegiado y exigir rendición de cuentas sin desmantelar la estructura del arbitraje electoral.
Modificar la naturaleza del INE pondría en riesgo la imparcialidad de los próximos comicios, al abrir la puerta a un control político sobre el organismo encargado de organizar las elecciones.
