
César Jáuregui se convirtió en el segundo chihuahuense en los últimos 25 años en enfrentar señalamientos por el delito de traición a la patria.
Esta es una figura legal de alto impacto que no se aplicaba contra un personaje público del estado desde el sexenio del expresidente Vicente Fox Quesada.
El caso anterior ocurrió cuando Lázaro Gaytán Aguirre se desempeñaba como administrador de la Aduana de Ciudad Juárez, luego que coordinó un operativo conjunto con autoridades e inteligencias de Estados Unidos en la franja fronteriza de Anapra, hecho que desencadenó acusaciones formales en su contra por vulnerar la soberanía nacional.
Lázaro Gaytán abandonó el país para refugiarse en territorio estadounidense durante varios meses.
Su situación jurídica se resolvió posteriormente gracias a las gestiones políticas de Manuel Espino Barrientos, quien en ese momento se desempeñaba como diputado federal, el cual abogó.

El expresidente del Instituto Federal Electoral IFE, Luis Carlos Ugalde, advirtió que el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum busca aprovechar los recientes señalamientos de irregularidades en el Instituto Nacional Electoral INE para impulsar una reforma que merme su independencia operativa de cara a los procesos electorales de 2027.
En entrevista para el diario Reforma, el politólogo sostuvo que la estrategia replica el esquema aplicado durante la reciente reestructuración del Poder Judicial: señalar deficiencias o presuntos actos de corrupción en los organismos autónomos para justificar modificaciones de fondo a su diseño constitucional.
De acuerdo con Ugalde, el riesgo central no radica únicamente en la renovación o permanencia de perfiles en la presidencia del consejo general, sino en la intención de alterar el funcionamiento interno de la institución.
En ese sentido, señaló que centrar las críticas en la figura de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, desvía la atención de la necesidad de preservar el trabajo colegiado y exigir rendición de cuentas sin desmantelar la estructura del arbitraje electoral.
Modificar la naturaleza del INE pondría en riesgo la imparcialidad de los próximos comicios, al abrir la puerta a un control político sobre el organismo encargado de organizar las elecciones.
