
Colectivos ciudadanos y organizaciones sociales han presentado una exigencia urgente ante las autoridades federales para investigar la presencia de supuestos militares y exmilitares israelíes en comunidades e instituciones educativas de Chiapas.
La controversia señala de manera directa al secretario de Seguridad del Pueblo de la entidad, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, por presuntamente facilitar y permitir el acceso de estos grupos bajo el argumento de cooperación y voluntariado.
La Coordinadora de Colectivxs, Organizaciones e Individuxs por Palestina en Chiapas (CCOIPC) envió un escrito a la presidenta Claudia Sheinbaum solicitando la suspensión inmediata de estas actividades en planteles de educación básica.
Según el colectivo, organizaciones como “Héroes por la Vida” y “Guerreros sin Fronteras” han enviado a personas identificadas como exmilitares de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a realizar voluntariados en zonas indígenas, como el municipio de Zinacantán. En estos planteles se han impartido desde clases de idiomas hasta sesiones de Krav Magá (técnica de combate militar), lo que generó preocupación sobre la protección de los menores y la falta de información respecto a qué permisos o revisiones de antecedentes se aplicaron para permitirles el contacto con estudiantes.
El descontento social aumentó tras recordarse la reunión de trabajo sostenida en mayo de 2026 entre Óscar Alberto Aparicio Avendaño, la cónsul de Israel en México, Hila Burg, y el agregado comercial Zvi Michaeli, en la cual se plantearon esquemas de capacitación, inteligencia y tecnología militar.
Aparicio Avendaño se desempeñó como jefe de la policía estatal de Chihuahua titular de la Comisión Estatal de Seguridad durante el gobierno del hoy morenista Javier Corral Jurado.
Ante la falta de una postura oficial clara por parte del Gobierno del Estado de Chiapas, los colectivos han extendido su petición a la Secretaría de Gobernación, la Cancillería y la Secretaría de Educación Pública para verificar el estatus legal y la calidad migratoria con la que operan estas agrupaciones en el territorio nacional, transparentar los acuerdos de seguridad firmados por la Secretaría de Seguridad local con la representación diplomática israelí y empresas de seguridad privada vinculadas a exmilitares y garantizar que los planteles escolares públicos queden libres de la intervención de personal armado o instruido en tácticas de combate extranjeras.