Registro biométrico no resuelve la crisis de desapariciones en México: ONG
Las iniciativas con las que el gobierno busca contrarrestar el problema de desapariciones en México, entre ellas la implementación de un CURP con datos biométricos, no es una solución y pone en riesgo los derechos de los ciudadanos, alertó la organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
Al respecto, el director de la institución, Luis Fernando García, afirmó que dichos esfuerzos sólo demuestran que no hay voluntad para resolver estos casos.
“La idea de que la crisis de desapariciones se resuelve con una base de datos centralizada, biométrica y obligatoria de toda la población confirma que (quienes están) a cargo de resolver la crisis (carecen de) voluntad política, entendimiento del problema o integridad”, apuntó.
Asimismo, indicó que existen riesgos importantes en la implementación de estas medidas.
“La CURP con foto implica la construcción de una base de datos centralizada y biométrica de toda la población en México, que pretenderá ser usada para controlar el acceso a servicios públicos y privados con riesgos de vulneración, exclusión y vigilancia incompatibles con los derechos humanos”, agregó.
García reclamó que “ni siquiera son capaces de articular cuál es el problema que la CURP con foto quiere solucionar. Menos pueden justificar que una base de datos centralizada biométrica obligatoria es la medida necesaria para resolverlo”.
R3D ha prestado especial atención a este tema. En septiembre de 2023, al abordar el asunto, recordó mediante un comunicado que este tipo de mecanismos ya habían sido rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
“La SCJN consideró, al declarar la inconstitucionalidad del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que la recopilación masiva de datos biométricos de la población ‘genera una intromisión intensa al derecho a la privacidad‘”, remarcó.
Además, agregó que la Corte también consideró que la creación de estas bases de datos en manos del Estado tiene un impacto en los derechos humanos de los mexicanos.
Con información de El Financiero
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