Juzgadores apoyados por el gobierno la ‘llevan de gane’ en elección judicial: Integralia

A las prisas, en el desorden, sin equidad y sin recursos suficientes, la elección judicial se encamina a un Poder que no será más contrapeso del Ejecutivo y Legislativo y quedará sujeto al poder político, concluye un estudio de Integralia.

La consultora, dirigida por el expresidente del IFE Luis Carlos Ugalde, resalta que, por su “apresurada ejecución”, esta elección –para designar a 881 cargos y en la que participarán 3 mil 422 aspirantes– estará marcada por los “recursos insuficientes” y no tendrá los “estándares de cobertura y calidad”, por lo que habrá un “voto disparejo” y “los ganadores serán mayormente quienes sean apoyados por el gobierno y la coalición oficial”.

Advierte también que “la mayoría de las nuevas personas juzgadoras tendrán una disposición natural para actuar con criterios de lealtad política cuando sea requerido y mermar así su autonomía judicial. Con el paso del tiempo, el Poder Judicial federal perderá su papel como contrapeso de los ejecutivos y legislativos” en el país.

Resalta que en esta elección “compleja y confusa”, se observa que, en el arranque de las campañas, candidatos, servidores públicos y partidos incumplen e incumplirán las reglas para el proceso.

¿Qué no pueden hacer los aspirantes al Poder Judicial?

Señala que los candidatos no deberán contratar espacios en radio y televisión, internet, pautado en redes sociales o cualquier otro medio de comunicación; difundir propaganda con calumnias o acusaciones falsas; ofrecer o dar regalos, dinero o beneficios; imprimir propaganda en materiales distintos al papel; pagar para hacer o difundir encuestas; hacer campaña en el extranjero; usar propaganda que los relacione con un partido político; contratar espectaculares, bardas o autobuses para promocionarse, ni prorratear gastos entre varias candidaturas.

Los servidores públicos no deberán pagar publicidad en medios, redes o espacios físicos para promocionar candidaturas; usar programas sociales para coaccionar el voto; participar activamente en actos de campaña, a menos que sean personas candidatas; ni organizar foros con programas sociales para influir en el voto.

¿De cuánto es el gasto de campaña en la elección judicial?

Si en 2024 un candidato a diputado podía gastar 2 millones 200 mil pesos para su campaña, un aspirante a ministro de la Suprema Corte o a magistrado nacional podrá gastar hoy un millón 468 mil pesos; 881 mil pesos los magistrados regionales; 413 pesos los magistrados de los tribunales colegiados; y 220 mil los aspirantes a jueces.

Con información de El Financiero