SAT colapsa ante falta de fondos; denuncian desfalco institucional tras el sexenio de AMLO

En una jornada marcada por el descontento ciudadano, cientos de contribuyentes mexicanos reportaron el rechazo masivo de solicitudes de devolución por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Las quejas, viralizadas este Viernes Santo, evidencian una crisis fiscal en curso: “el SAT no tiene dinero”, “se acabaron los fondos”, “nos dejaron en bancarrota”, denuncian los usuarios.
El origen del colapso no sorprende a quienes han seguido de cerca el vaciamiento sistemático del erario durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. La falta de liquidez del SAT no es un error operativo: es el resultado de años de decisiones premeditadas que drenaron los recursos públicos sin transparencia ni control.

Una cadena de desfalcos encubiertos

Los expertos y medios independientes coinciden en que el SAT enfrenta las consecuencias de:
La desaparición de 157 mil millones de pesos del FONSABI, fondo destinado a enfermedades graves.
El cierre opaco de 109 fideicomisos, que sostenían proyectos en salud, cultura, ciencia y desastres naturales.
El fraude de Segalmex, con un desfalco de más de 20 mil millones de pesos.
El agotamiento del Fondo de Estabilización Presupuestaria, que acumulaba más de 350 mil millones.

Criminología institucional: la mente perversa detrás de todo esto

Desde una mirada criminológica, esto no fue una torpeza administrativa. Fue una estrategia. Se trata de una forma de crimen institucional donde el aparato del Estado es utilizado deliberadamente para desmantelar servicios, manipular recursos y sostener redes paralelas de poder.
Aquí no solo se violó la ley; se ejecutó un diseño con intención dolosa, lo que permite identificar la mente perversa detrás de todo esto: una figura política que, bajo el discurso de la austeridad, creó una estructura de vaciamiento institucional sin precedentes.
De acuerdo con el Código Penal Federal (art. 215 bis), los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que omiten su deber o permiten actos ilícitos pueden enfrentar duplicación de penas. En este caso, la omisión deliberada del expresidente y su responsabilidad directa en el colapso fiscal podrían ser juzgadas a nivel internacional.

Un camino: llevar a AMLO ante la justicia internacional

Diversos sectores ciudadanos ya han propuesto que López Obrador sea llevado ante tribunales internacionales, particularmente la Corte Penal Internacional (CPI), por crímenes de lesa administración, omisión dolosa y desestabilización deliberada del Estado mexicano, en concordancia con la agenda ideológica del Foro de São Paulo, como parte de una estrategia para debilitar democracias desde dentro.

Conclusión: el SAT es el síntoma, la corrupción es la enfermedad

La parálisis del SAT representa mucho más que una molestia para los contribuyentes: es la señal final de un sistema saqueado desde sus entrañas. Mientras miles de familias esperan reembolsos, el dinero público duerme en cuentas que ya no están, en contratos fantasmas, en estructuras que operaron sin castigo.
Si no se actúa hoy, la omisión de mañana será nuestra condena colectiva.
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