Fosas, omisiones y simulación, el fracaso de la 4T ante la crisis de desapariciones

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).­– La colocación de la crisis de desapariciones en México en la agenda nacional puso en evidencia los lastres del gobierno de Claudia Sheinbaum en un tema que se había acotado a la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida hace más de diez años, y que su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, fracasó en esclarecer.

Mediante su secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, la presidenta se ha visto obligada a escuchar los reclamos de familiares de víctimas de desapariciones que han pedido las renuncias de las funcionarias a las que señalan de ineficientes, insensibles y omisas ante esta crisis humanitaria.

En las reuniones organizadas por la Secretaría de Gobernación (Segob), para revisar las propuestas legislativas con el fin de atender esta emergencia, reformas enviadas por Sheinbaum al Senado, surgieron voces que exigieron los ceses de las titulares de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), ambas adscritas a la Segob, y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, Yuriria Rodríguez Estrada y Rosario Piedra Ibarra, respectivamente. Ésta última, también cuestionada por su apego al poder.

Las tres funcionarias son herencia de López Obrador: Reyes Sahagún y Rodríguez Estrada fueron designadas por el entonces presidente y Piedra Ibarra repite en el cargo después de una desaseada elección en el Senado.

Sin ser nuevos los cuestionamientos, ahora éstos surgen en el contexto del descubrimiento del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, con restos humanos, cientos de objetos personales e indicios de que el lugar fue usado como campo de entrenamiento y exterminio, así como por la posibilidad de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas (CED) someta a la Asamblea General de la ONU la situación de desapariciones en México, por ser  “sistemática y generalizada”, declaratoria que ha sido atacada en bloque por Sheinbaum, por la mayoría de Morena en el Congreso y por Piedra Ibarra desde la CNDH.

El señalamiento del CED ocurre luego de cuatro meses de que no haya presencia de familiares de personas desaparecidas, expertos independientes y defensores de derechos humanos en la conducción de la política pública, ante la omisión del Senado de nombrar a integrantes del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, como ordena la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. 

Los exintegrantes del Consejo Nacional Ciudadano alertaron en un comunicado que la falta de convocatoria “ocurre en un momento crítico”, tras los hallazgos en Teuchitlán, Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores encontraron indicios de la existencia de un campo de reclutamiento y exterminio, de ahí que “la omisión del Senado constituye una falta al cumplimiento de la ley y debida la legitimidad y corresponsabilidad del Sistema Nacional de Búsqueda”.

Considerando que Sheinbaum ha declarado su intención de atender la crisis humanitaria, que ya contabiliza más de 127 mil personas desaparecidas oficialmente, familiares de estas víctimas, defensores de derechos humanos y expertos consultados por Proceso hacen un balance de las funcionarias y las instituciones que encabezan y del impacto que tienen en la falta de atención al problema.

Observaciones

Integrantes del último Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda alertan que la falta de operación del órgano colegiado no sólo vulnera lo establecido en la ley general en la materia, sino que favorece la opacidad y evita la creación de política pública para atender la crisis.

Álvaro Martos, coordinador de investigación del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad (ODIM), explica que antes de que nueve de los 10 consejeros concluyeran su mandato en marzo de 2024 (uno más dejó el cargo en diciembre, por haber asumido en abril), presentaron un balance sobre los faltantes en la implementación de la ley general, así como algunos de los desafíos que enfrenta el Sistema Nacional de Búsqueda, que cuya coordinación nacional recae en la titular de la CNB.

El documento plantea 11 observaciones, entre ellas la falta de rendición de cuentas en el uso de recursos públicos dirigidos a comisiones locales, la falta de revisión del Protocolo Homologado de Búsqueda, la falta de presentación de un Plan Nacional de Búsqueda y planes de búsqueda locales. Sobre el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana y la omisión de la Fiscalía General de la República en la creación del Programa Nacional de Exhumaciones, así como la inexistencia en la práctica del Banco Nacional de Datos Forenses, la integración y operación de la Comisión Nacional de Búsqueda.

En este último punto, Martos advierte sobre la contratación de “perfiles que no se correspondían con las responsabilidades, personas que no tenían los conocimientos suficientes para ejercer los cargos y el caso mismo de la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, que no cumplía con los requisitos para ser comisionada”, y que ha sido uno de los puntos de mayor cuestionamiento de las familias de desaparecidos, más aún cuando “se develó cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos había operado esa elección”.

Valentina Peralta Puga, de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos, considera como “simulación” que los informes de acciones de búsqueda de la CNB se alimenten de lo realizado por las comisiones locales de búsqueda y los colectivos.

Dice que, para quienes formaron parte del consejo consultivo como para los propios colectivos de familiares, ha sido complicado el trato con Teresa Guadalupe Reyes (titular de la CNB), quien cuando asumió el cargo “se manejó siempre entre la defensiva y la ofensiva, no logró establecer una relación cordial, respetuosa; la señora no sabe escuchar y cuando alguien le señala algo, inclusive como propuesta de mejora, ella lo interpreta como una agresión”.

Más allá del maltrato que han recibido los colectivos de familiares de personas desaparecidas, lo que más afecta en la relación es advertir el desconocimiento que Reyes y de las personas que llegaron con ella sobre la crisis por desaparición.

“Entiendo que su nombramiento viene de la Presidencia, de imponer a una persona por la confianza de afinidad política y no por las capacidades ¿Por qué no la pusieron a operar el Tren Maya o a construir el AIFA? Seguramente porque no tiene la especialidad técnica, pero para construir un sistema de búsqueda de personas desaparecidas, también es necesario tener conocimientos técnicos, y a la señora la aventaron a la guerra sin fúsil”, agrega Valentina Peralta.

Para Martín Villalobos Valencia, familiar de Mónica Alejandrina Ramírez, desaparecida el 14 de diciembre de 2004 en Ecatepec, “más que personalizar”,  es importante reconocer que “más allá de las fiscalías y de las comisiones de búsqueda, no existe una claridad de qué le toca hacer a cada miembro del Sistema Nacional de Búsqueda, dónde se cruza su actuación, con quién se tienen que poner de acuerdo, (son) situaciones que no están así como muy especificadas y que tendría que venir en el reglamento, que hasta ahora no existe”.

Integrante del Movimiento por Nuestros Desparecidos en México (MNDM), red con más de 90 colectivos de familiares de desaparecidos de 26 estados de la República, de tres países de Centroamérica y Estados Unidos. Villalobos explica que a la falta de reglamento se añade la ausencia de un Plan Nacional de Búsqueda.

Creo que la presidenta de la República -considera- tiene que tener esta claridad para poder entonces impulsar una política pública que efectivamente lleve toda esa fuerza y todo el presupuesto que se requiere.

Los cuestionamientos a las titulares de las titulares de la CNB, la CNDH y la CEAV por parte de colectivos de familiares de víctimas devienen del “desmantelamiento” de estas instituciones por parte de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, los gobiernos de la 4T, coinciden en entrevistas por separado el presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo (CDHNL), Raymundo Ramos Vázquez y Jorge Verástegui, familiar de víctimas de desaparición.

El presidente del CDHNL considera que la desarticulación de las instituciones ha significado el recorte del “financiamiento para los colectivos de buscadoras”, la falta de liderazgo en la conducción de la política de búsqueda, mientras que en la CNDH “se colocó a una persona ineficiente, que no actúa en favor de las víctimas y sí en favor del gobierno en turno, por lo que nos quedamos, como víctimas, como colectivos, como defensores, abandonados, totalmente expuestos”

Como presidente del CDHNL, Ramos ha documentado decenas de casos de desapariciones forzadas, entre ellas las de 54 victimas de operativos de la Secretaría de Marina, 52 atribuidas a la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) de la Semar, y dos a personal de la Marina, éstos últimos ocurridos el 16 de diciembre de 2018, casos que podrían considerarse “los primeros desaparecidos del gobierno de López Obrador”.

A pesar de que el 5 de diciembre de 2018, el entonces subsecretario de Derechos Humanos,  Alejandro Encinas Rodríguez, se comprometió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a no dejar en la impunidad las desapariciones forzadas ocurridas entre febrero y mayo de ese año, eso no ha ocurrido.

El deterioro de la CNDH

El 10 de abril el CDHNLD exigió la renuncia de Rosario Piedra, luego de los desafortunados pronunciamientos de la CNDH contra la decisión del CED de abrir la posibilidad de llevar la crisis de desapariciones de México ante la Asamblea de las Naciones Unidas, pero principalmente por la desatención a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas.

“Es incongruente la posición de la CNDH y de su presidenta,  pese a ser familiar de una víctima de desaparición forzada”, considera Ramos Vázquez.

El defensor sostiene que durante la primera gestión y en lo que va de la segunda de Piedra Ibarra, los familiares de víctimas de desaparición forzada y de abusos de personal castrense y de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo, han solicitado sin éxito reuniones para que la CNDH incida en la búsqueda de verdad, justicia y reparación del daño, pero hasta el momento no han sido atendidos.

“Lo que vemos es que esa es la posición de la Cuarta Transformación, lo cual es una traición a las víctimas y a los defensores que apoyamos en su momento a López Obrador, y lo que vemos es que quieren ocultar lo que está pasando en materia de desaparición forzada, que es así porque la mayoría de los grupos del crimen organizado tienen relación con las Fuerzas Armadas.

No pueden ver un país de color rosa cuando están hablando las fosas en todo el país encontradas por madres buscadoras -agrega Ramos Vázquez-, cuando hay campos de exterminio en Tamaulipas, en Michoacán; están en Sinaloa, en Guanajuato, en todo el país.

Jorge Verástegui, quien como familiar de su hermano Antonio y tío de Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, desaparecidos en Parras, Coahuila, en 2009, ha pasado de participar en marchas a coordinar la transformación de la Glorieta de la Palma a la Glorieta de los Desaparecidos en la Ciudad de México, alerta que históricamente la CNDH no ha abordado el tema adecuadamente, pero con Piedra Ibarra “vemos un deterioro institucional muy marcado, se debilitó y perdió su esencia”.

Por la selectividad en la atención a víctimas y por ir al compás de los lineamientos marcados por los gobiernos de López Obrador y de Sheinbaum, para el activista la CNDH de Piedra Ibarra “es casi un órgano propagandístico del partido, más que una defensoría del pueblo, como se autodenomina”.

Agrega: “Y lo más grave, una defensoría no solo del gobierno federal, sino particularmente las Fuerzas Armadas”.

Con información de proceso.com.mx