Biden extiende alivio a deportación de 900,000 inmigrantes de Venezuela, El Salvador, Ucrania y Sudán
El Gobierno de Joe Biden renovó el viernes el alivio a la deportación que actualmente cubre a 900,000 inmigrantes de Venezuela, El Salvador, Ucrania y Sudán, una medida que retrasaría cualquier intento del presidente electo Donald Trump de poner fin a esas protecciones.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) amplió la inscripción en el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para esas naciones, dando a los inmigrantes un indulto de deportación y acceso a permisos de trabajo por 18 meses adicionales.
El demócrata Biden aumentó considerablemente el número de inmigrantes que pueden acogerse al TPS desde que asumió el cargo en 2021. El estatus, que está disponible para personas cuyo país de origen ha experimentado un desastre natural, un conflicto armado u otro evento extraordinario, ahora cubre a más de 1 millón de personas de 17 naciones.
Trump, un republicano que regresa a la Casa Blanca el 20 de enero, intentó poner fin a la mayoría de las inscripciones en el TPS durante su mandato de 2017 a 2021, pero los tribunales estadounidenses se lo impidieron.
Trump ganó otro mandato prometiendo una amplia represión de la inmigración y de nuevo se espera que intente poner fin a la mayoría de las protecciones del programa de Estatus de Protección Temporal.
El equipo de transición de Trump no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
Unos 600,000 venezolanos pueden acogerse al TPS, la mayor población del programa.
El Gobierno de Biden, que otorgó por primera vez el estatus a los venezolanos en 2021, citó los altos niveles de delincuencia en Venezuela relacionados con la inestabilidad política y económica bajo el presidente Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato el viernes.
Con información de El Economista.
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Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
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