Abogada denuncia “chivos expiatorios” en investigación del rancho Izaguirre

GUADALAJARA, Jal. (apro).- En la investigación de las omisiones en el procesamiento del Rancho Izaguirre se están fabricando responsabilidades y “chivos expiatorios”, entre los que están peritos forenses, sostuvo Cecilia Isabel Ayala Dávalos, la abogada defensora particular de tres de los cuatro peritos que están señalados como presuntos responsables; junto con ocho funcionarios de la Fiscalía del Estado en la carpeta de investigación 180/2025, que actualmente está en el índice de la Agencia 2, del Ministerio Público, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

La defensora expuso detalles sobre el proceso que actualmente enfrentan sus representados: Juan José Huerta Valdivia, Edgar Brandon Ramírez Márquez y Enrique Yeragzmel Barragán Barboza, quien están siendo investigados por abuso de autoridad y otros ilícitos relacionados con la administración de justicia y el poder público. La fiscalía aún no ha formalizado acusaciones ni vinculado a los servidores a proceso, por lo que los peritos “mantienen su presunción de inocencia”.   

Ayala Dávalos argumentó que los peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) no tienen atribución de actuar por cuenta propia, ya que son auxiliares de la autoridad.  

"Los peritos de ciencias forenses no son autoridad. Si los quieres llamar a rendir cuentas, tienes que apegarte a la normatividad por la que ellos se rigen, pero no con las normatividades que aplican a la Fiscalía del Estado", expresó.  

Los peritos, son señalados a partir de un acta administrativa de la Vicefiscal en Personas Desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo Cuevas, del 6 de marzo de 2025, que señala supuestas inobservancias en el desempeño de funciones. Ayala Dávalos argumenta que el acta administrativa no regula el actuar de los peritos, quienes actúan a petición de la autoridad competente y se rigen por la Ley Orgánica del IJCF.  Los peritos sólo intervinieron en el caso Rancho Izaguirre el 3 de octubre de 2024, durante aproximadamente 5 horas y media, para elaborar un plan de acción, tras ser requeridos por el Ministerio Público, pero después ya solicitaron su presencia.  

La abogada afirmó que existen argumentos jurídicos sólidos para defender a sus clientes y demostrar que no deben ser llevados a juicio bajo la normativa invocada. Sin embargo, advirtió que la imparcialidad de las investigaciones está en entredicho debido a la supuesta falta de autonomía de los ministerios públicos y a la línea que, aseguró, siguen las órdenes superiores dentro de la Fiscalía del Estado, esto, dijo, genera una situación de simulación y riesgo de que se convierta en una persecución de chivos expiatorios.  

“Pero si tú tienes a la fiscalía especializada en combate a la corrupción, queriendo hacer una investigación imparcial, es imposible porque son de la misma casa. Todos son de fiscalía, nada más que uno de la Vicefiscalía de personas desaparecidas y otros del combate de la corrupción. Esto es una simulación. ¿Entonces, existe el riesgo de que se incurra en una situación de chivos expiatorios”. Sí, claro, claro, ya empezó porque con esta información que está adherida a la carpeta de investigación, no es suficiente para llevar a juicio a los peritos. Ellos no son autoridad. A ellos, si los quieres llamar a rendir cuentas, pues tienes que apegarte a la normatividad por la que ellos se rigen, pero no con las normatividades que aplican a la Fiscalía”.  

La defensa obtuvo un amparo (456/2025) que suspende provisionalmente la acusación contra los peritos. Cuestiona la celeridad con la que se judicializó la carpeta, contrastando con la lentitud en otros casos.  

Con respecto a la coordinación y las responsabilidad del Ministerio Público, resaltó que "El Ministerio Público tiene la obligación y el deber de coordinar a policías investigadores, a peritos. Y esto es a lo que ya me refería, el mando y conducción. Y vamos a sentarnos en un supuesto de que alguno no lo hizo debidamente. Vamos a concederles ese derecho de que alguien de los involucrados no hizo su trabajo. Pero para eso está el Ministerio Público".  

En ese sentido, la abogada llamó a que se revisen las actuaciones de la entonces titular de La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, quien actualmente continúa siendo responsable del área, aunque el área cambió de nombre a Vicefiscalía de Personas Desaparecidas  

"La jerarquía hacia arriba del Ministerio Público, que son sus directores, coordinadores y la vicefiscal. Entonces aquí la primera responsable de coordinar al personal de la Vicefiscalía, pues es la vicefiscal. Y así como las escaleras se barren de arriba hacia abajo, también en la Vicefiscalía deben de empezar por la intervención”, anotó.  

Señaló que hay indicios y temores de un posible plan previamente establecido para resolver el caso de manera rápida y bajo condiciones poco transparentes. Además, expresó que la rápida investigación y la acelerada tramitación de medidas cautelares parecen indicar una estrategia premeditada, que no se ajusta a la práctica jurídica habitual.  

Lo que llamó la atención de la abogada fue la rapidez con la que se ha desarrollado el caso. De acuerdo con su relato, en marzo pasado, la Unidad de Medidas Cautelares (UMECA) solicitó las entrevistas a 12 servidores públicos, incluyendo a sus clientes, en un proceso que se ha caracterizado por una celeridad poco común. Además, critica la UMECA haya sido aplicada antes de la audiencia inicial, “pasando por alto la presunción de inocencia”.  

La audiencia inicial prevista para el 29 de mayo, referente al acta administrativa 47941/2025  fue suspendida, pese a que ya existía un informe de valoración de riesgo procesal, lo que permitió a la autoridad tener una idea clara del posible riesgo de fuga o sustracción de la justicia por parte de los implicados.  

"Previo a la audiencia inicial a la que estábamos citados el 29 de mayo, fueron requeridos por la Unidad de Medidas Cautelares a efecto de que se constituyeran los 12 servidores públicos y se les practicaran las entrevistas”, anotó que esto viola la presunción de inocencia.  

La abogada Cecilia Isabel denunció obstáculos por parte de la Fiscalía en el proceso de investigación del caso de Rancho Izaguirre, específicamente en relación con las diligencias y entrevistas a servidores públicos involucrados en la desaparición de personas.    

Según Ayala Dávalos, acudió a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas para solicitar la aceptación de un oficio dirigido a la carpeta de investigación 180-2025, donde se especifica la situación en ese lugar. Sin embargo, fue informada de que no podía entregar el documento porque debía solicitar autorización a un superior, e incluso le indicaron que no podía ser atendida en oficialía, en contra del procedimiento correcto y del ejercicio del derecho de petición.  

A pesar de la amabilidad mostrada por un servidor público llamado Eric González, quien le ofreció un correo institucional para futuras comunicaciones, la abogada señaló que la negativa refleja un desconocimiento del procedimiento por parte de la fiscalía, lo que limita los derechos de los peritos y abogados a ejercer su defensa.    

Ayala Dávalos explicó que su intención era entrevistar a Daniel Hernández Ramírez, secretario de la Agencia del Ministerio Público de la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas, quien en un informe de 24 de abril de 2025, detalla el despliegue operativo en la escena del Rancho Izaguirre. Dicho informe señala que, a pesar de que el lugar fue inspeccionado en septiembre de 2024, “el procesamiento del sitio no se concluyó ni se le dio continuidad”, pese a la existencia de múltiples intervenciones por parte de diferentes cuerpos técnicos, como científicos forenses y equipos caninos.  

La abogada criticó que la continuidad de las investigaciones ha sido desigual, ya que las labores de peritos y científicos solo se llevaron a cabo en la primera intervención, que duró aproximadamente cinco horas el 3 de octubre de 2024.    

Asimismo, resaltó que la coordinación entre los diferentes equipos y las autoridades no ha sido efectiva, y que la falta de continuidad en las acciones ahora afecta la integridad de la investigación. La profesional acusó que los obstáculos y negativas de la fiscalía podrían estar limitando la obtención de información clave para esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.    

Ayala Dávalos subrayó que desde septiembre de 2024, la investigación ha estado marcada por una omisión en la tramitación de las diligencias, evidenciando una grave situación en la conducción del caso y la protección efectiva de los derechos de las víctimas y sus representantes. Puntualizó que este asunto está descontextualizada, con incongruencias e inconsistencias jurídicas y con simulaciones.

Asimismo, Ayala Dávalos criticó la manera en que la Fiscalía ha manipulado la información y expresó preocupación por la posible contaminación de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), al cuestionar la actuación de los peritos forenses y la forma en que se manejan los informes y las revisiones del lugar de los hechos. También criticó la falta de coordinación y liderazgo efectivo por parte del Ministerio Público, argumentando que la responsabilidad recae en la Vicefiscalía y sus superiores para garantizar procedimientos adecuados y una investigación transparente.

La abogada Cecilia Isabel Ayala realizó una evaluación crítica sobre el proceso judicial y las investigaciones relacionadas con un caso de personas desaparecidas, poniendo en duda la actuación y documentación de la Vicefiscalía encargada.

Indicó que, según entrevistas realizadas, personal activo de la Fiscalía y otros colectivos no conocen a la vicefiscal, ya que no ha hecho acto de presencia en los lugares de los hechos, y su documentación se limita a chats, lo cual, para la abogada, deja dudas sobre su verdadera participación y compromiso. Además, criticó la falta de movimiento en las inspecciones en la escena del crimen desde septiembre de 2024, señalando que la vicefiscal y el Ministerio Público no agotaron las diligencias necesarias.

También abordó el retraso en la audiencia inicial, atribuyéndole a requerimientos del juzgado y cuestionando si esa demora responde a intereses políticos o judiciales. La especialista expresó preocupación por la situación de los peritos, quienes, a pesar de supuestas garantías de apoyo, habrían sido afectados institucionalmente y aún enfrentan posibles procedimientos internos por supuestas irregularidades, además del impacto económico y personal.

"Es muy suspicaz la forma en que se está llevando a cabo. La carpeta de investigación cobra vida jurídica a partir de marzo, y en tres meses se obtuvieron los elementos de prueba para solicitar la vinculación a proceso. Lo que se está haciendo con la unidad de medidas cautelares, sometiéndolos en esta etapa, es pasarse por alto la presunción de inocencia."apuntó.

Sobre la gestión de la Fiscalía aseguró que “lo que caracteriza a la Fiscalía es que no sabe investigar. (...) La Fiscalía no investiga, porque si hicieran su trabajo no estaríamos en este problema, sencillo".

Por otra parte, la abogada señaló inconsistencias en la participación de diferentes agentes del Ministerio Público en las investigaciones, mencionando que la presencia inicial de una de las fiscales, identificada como Ana Berenice Zúñiga Varga, ya que  podría, no haberse extendido a otras personas, y que en la actualidad esa fiscal sigue activa en la misma zona, sin haber sido removida.

Ayala Dávalos cuestionó la estrategia de la fiscalía y el interés de las distintas partes por detener o retener información clave, evidenciando una situación que requiere mayor transparencia y compromiso institucional para esclarecer los hechos relevantes en este delicado caso de desapariciones.

Finalmente, la abogada hizo un llamado a transmitir una versión más objetiva y realista al público, evitando la desinformación y el estigma social generado por una comunicación parcial y malinterpretado de los hechos. Señaló que la correcta conducción y responsabilidad en las investigaciones son clave para evitar decisiones judiciales basadas en informaciones sesgadas o incorrectas.

Con información de Proceso.