Tortura en México es una "práctica generalizada e impune", denuncia Índice Global

La tortura en México es una “práctica generalizada que ocurre en un contexto de impunidad”, y que, sustituyendo al debido proceso, “ha sido utilizada, entre otros fines, como método de investigación, obtención de confesiones y fabricación de culpables”, indicó el Índice Global de la Tortura (IGT), presentado este jueves en la capital del país.

Además, para 2025, el IGT clasificó a México con un “riesgo alto de tortura y malos tratos”, con base en los datos recogidos en 2023 y 2024.

México es uno de los países que forma parte de la primera edición del IGT, una herramienta inédita, creada por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) que se basa en datos recopilados por más de 200 organizaciones locales en todo el mundo y analiza la situación en 26 países, en cinco regiones del mundo. 

Olga Guzmán, responsable para las Américas de la OMCT, dijo en conferencia que "la idea es que año con año podamos seguir ampliando a más países".

Explicó que su finalidad es evaluar anualmente el riesgo de ser víctima de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en cada país y monitorear el estado de derecho, la democracia y el respeto a los derechos humanos.

En los primeros momentos de la detención

En el caso de México, el reporte, señaló que “ciertas figuras jurídicas” e instituciones han favorecido la incidencia de este fenómeno, incluyendo las “detenciones arbitrarias, el arraigo, la prisión preventiva oficiosa, y la falta de voluntad y capacidad del Estado” para investigar y enjuiciar a los responsables.

De acuerdo con información de la Secretaría Técnica de Combate de la Tortura del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en México “se han denunciado 2 mil 881 casos de tortura cuyos hechos ocurrieron entre los años de 2019 y 2024, de los que derivan 3.506 víctimas”.

Además, el Índice identificó que en México “la tortura está muy extendida durante los primeros momentos de la detención" e íntimamente relacionada con "la fabricación de pruebas ilícitas”,

El reporte expuso que según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad de 2021 (ENPOL 2021) generada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), "una parte importante de los actos de tortura cometidos por las fuerzas de seguridad suceden durante el traslado ante las autoridades jurisdiccionales”.

También explicó que la fabricación de culpables “representa una evidencia de la existencia de un Estado de derecho selectivo” y que permite “afirmar la existencia de un plan o política de Estado para detener arbitrariamente a personas inocentes”.

Guzmán precisó que el Observatorio contra la tortura en su informe de 2023 reportó que "al menos hay 4 mil 592 investigaciones iniciadas por tortura y malos tratos a nivel país y solo hay 18 casos que se han judicializado o presentado ante un juez, es decir, el 0.1%".

Las víctimas se expresan

Lucía Alvarado, cuyo hermano estuvo privado de la libertad, manifestó que "en cualquier cárcel del país los internos sufren condiciones de vida infrahumana, donde la tortura es una práctica reiterada", pero no reconocida por las autoridades y vinculada al uso del poder punitivo del Estado, de la corrupción, la impunidad y la discriminación.

Mientras que Osvaldo Salvatierra, detenido por policías en agosto de 2002 y puesto en libertad en diciembre de 2016, sufrió la tortura por parte de los agentes junto con su padre y otros familiares que siguen presos por la fabricación de un delito.

"Vivimos en un sistema tan enfermo que nos ha sido imposible encontrar la libertad para todos los implicados", relató.

Las organizaciones mexicanas que colaboran con el IGT son: Documenta, Análisis y acción para la justicia A.C., Fundar, Centro de Análisis e Investigación, el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD) y la Red Nacional de Peritos y Experto Independientes Contra la Tortura. 

Con información de: LatinUs.