De Rocha Moya a Mario Villanueva: la ‘lista negra’ de gobernadores señalados por EUA

El caso de Rubén Rocha Moya volvió a poner bajo los reflectores la relación entre políticos mexicanos y el crimen organizado, luego de que autoridades de Estados Unidos lo acusaron por presuntos vínculos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. El caso del morenista toma especial relevancia al ser el primer gobernador que es acusado mientras ejerce su función. Sin embargo, no es el único que ha sido acusado en las últimas décadas por EUA.

Antes de Rocha, hubo otros cuatro exgobernadores priistas que incluso pisaron o están en prisión. Se trata de Mario Villanueva Madrid, de Quintana Roo; Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, de Tamaulipas; además de Roberto Sandoval, de Nayarit. A continuación te presentamos de qué se les ha acusado a cada uno y con qué grupos se le ha vinculado.

Mario Villanueva y su nexo con el Cártel de Juárez

Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo entre 1993 y 1999, protagonizó uno de los casos más mediáticos relacionados con narcotráfico y corrupción política en México. Su situación legal dio un giro decisivo en 2010, cuando fue extraditado a Estados Unidos tras varios años prófugo y después de enfrentar procesos judiciales tanto en México como en territorio estadounidense.

Foto: Cuartoscuro

Las autoridades norteamericanas lo acusaron de mantener presuntos vínculos con el Cártel de Juárez y de participar en operaciones de lavado de dinero derivadas del narcotráfico. Aunque inicialmente se declaró inocente en 2010, años más tarde (2012) se declaró culpable de conspiración para lavado de dinero, logrando desechar la mayoría de los cargos directos de narcotráfico.

En 2017, Villanueva fue repatriado a México para cumplir una sentencia de 22 años; sin embargo, en 2020 obtuvo prisión domiciliaria debido a problemas de salud y al riesgo por COVID-19; en varias ocasiones, el expresidente Andrés Manuel López Obrador, intervino para otorgarle esta medida.

Tomás Yarrington y el nexo con el Cártel del Golfo

Tomás Yarrington, gobernador de Tamaulipas entre 1999 y 2004, fue detenido en abril de 2017 en Florencia, Italia, tras una solicitud del gobierno de Estados Unidos, que lo acusó de narcotráfico, lavado de dinero, fraude bancario y operaciones financieras ilegales cometidas entre 1999 y 2003.

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Además de las investigaciones en Estados Unidos, en México la entonces PGR ya lo investigaba desde 2012 por presuntos vínculos con el Cártel del Golfo, enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. También han surgido señalamientos sobre una posible relación con el asesinato del candidato Rodolfo Torre Cantú en 2010.

Aunque Tomás Yarrington intentó frenar legalmente su extradición, finalmente fue enviado a Estados Unidos, donde enfrentó cargos por lavado de dinero y cumplió una condena de siete años de prisión, hasta recuperar su libertad en 2024.

Un año después fue deportado a México para continuar con los procesos judiciales pendientes, por lo que actualmente se encuentra en el penal federal de máxima seguridad de El Altiplano, en el Estado de México.

En 2016, Tomás Yarringtón y Roberto Borge, exgobernador de Quintana Roo, fueron expulsados del PRI.

Eugenio Hernández y la relación con el Cártel de Golfo

En 2015, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una acusación formal contra Eugenio Hernández Flores, gobernador de Tamaulipas entre 2005 y 2010, por presuntos vínculos con actividades de narcotráfico y delitos financieros. Las autoridades estadounidenses señalaron que el exmandatario habría lavado alrededor de 30 millones de dólares supuestamente provenientes del Cártel del Golfo, dinero que presuntamente recibió a cambio de permitir operaciones del grupo criminal en territorio tamaulipeco.

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Como parte de las investigaciones, Interpol emitió una ficha roja internacional para localizar y detener al exgobernador. Además, también se le acusó de conspiración para cometer fraude bancario y operar transferencias de dinero sin autorización legal.

Aunque las acusaciones en Estados Unidos se hicieron públicas desde 2015, Eugenio Hernández fue detenido en México hasta octubre de 2017 por delitos locales relacionados con peculado y lavado de dinero, derivados presuntamente de la compra irregular de terrenos estatales. Tras permanecer cerca de seis años en prisión, el exgobernador obtuvo diversos amparos que le permitieron recuperar su libertad en agosto de 2023, mientras continúa enfrentando procesos judiciales, incluido el relacionado con su posible extradición a Estados Unidos.

A pesar de las polémicas acusaciones, en febrero del 2024 se postuló como candidato para el Senado tras una invitación del Partido Verde Ecologista de México, aunque no obtuvo el cargo y en septiembre del mismo año fue designado como secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional, por el mismo partido.

Roberto Sandoval y los sobornos del CJNG

En 2019, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador de Nayarit entre 2011 y 2017, fue señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico y actos de corrupción. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las autoridades estadounidenses lo catalogaron como un “narcotraficante significativo”, acusándolo de supuestamente recibir sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de la organización de los Beltrán Leyva a cambio de brindar protección e información a estos grupos criminales.

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Como parte de las sanciones, el gobierno estadounidense congeló sus bienes y activos en territorio norteamericano, además de prohibirle la entrada al país bajo la Ley Global Magnitsky, enfocada en castigar casos graves de corrupción. En aquel momento, Sandoval rechazó públicamente las acusaciones y aseguró que su patrimonio era legal y acorde con sus ingresos como servidor público, afirmando además que estaba dispuesto a colaborar con las investigaciones.

Actualmente, Roberto Sandoval continúa recluido en el penal federal de “El Rincón”, en Tepic, Nayarit, tras ser detenido en junio de 2021. Aunque las acusaciones iniciales en Estados Unidos estuvieron relacionadas con narcotráfico, uno de los casos más avanzados en su contra en México derivó en una sentencia de siete años de prisión por falsificación de documentos vinculados con la apropiación ilegal de un terreno en San Blas, Nayarit.

La polémica de Rocha Moya y su presunta relación con el Cártel de Sinaloa

Actualmente el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, enfrenta uno de los momentos más delicados de su carrera política luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo señaló por presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos”, del Cártel de Sinaloa y pidió su detención con fines de extradición.

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Las autoridades estadounidenses lo acusan de supuestamente colaborar con la organización criminal para facilitar operaciones de narcotráfico, recibir apoyo político y permitir la llegada de funcionarios afines dentro del gobierno estatal.

Los señalamientos contra Rocha Moya no surgieron de manera repentina. Desde su triunfo electoral en 2021 comenzaron cuestionamientos sobre una posible intervención del crimen organizado en el proceso electoral en Sinaloa.

En febrero de 2026, la Alianza Mexicana de Abogados y la Federación de Abogados de Sinaloa presentaron una denuncia penal ante la FGR y la FEMDO por delincuencia organizada, encubrimiento y ejercicio indebido del servicio público.

Sin embargo, Rocha Moya rechazó categóricamente todas las imputaciones y aseguró que carecen de sustento. Por su parte, el gobierno mexicano informó que Estados Unidos no presentó pruebas suficientes para ejecutar una detención inmediata conforme al tratado bilateral vigente.

El caso de Rocha Moya ha devuelto a la conversación pública la llamada “narcopolítica” donde se evidencian los nexos de políticos mexicanos con el crimen organizado que ha trastocado a todos los partidos políticos; sin embargo, el caso de Sinaloa ha generado especial tensión entre México y Estados Unidos debido a la presión del gobierno estadounidense para reforzar las acciones contra los cárteles y esclarecer los presuntos vínculos entre funcionarios y grupos criminales.

Con información de: Político.mx