“Mi honestidad no está a prueba”, asegura Abelina López ante investigación por supuesto manejo irregular de recursos en Acapulco
Abelina López, alcaldesa de Acapulco, aseguró que su gobierno ha actuado con transparencia, pese a la investigación que enfrenta por no haber comprobado el uso de 898 millones de pesos de recursos federales destinados a obras públicas durante el ejercicio fiscal 2023.
“Yo quiero dejar claro que no pretendo evadir la transparencia en la rendición de cuentas, son procesos que hay que continuar, pero reitero, mi honestidad no está a prueba, mi honestidad se ha demostrado a lo largo y ancho de mis 40 años al servicio”, dijo este sábado en entrevista con medios de comunicación.
En días pasados se dio a conocer que la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) presentó una denuncia penal en contra de la alcaldesa por negarse a rendir cuentas sobre los recursos mencionados.
De acuerdo con la auditoría, dichos recursos fueron ejercidos por el Ayuntamiento de Acapulco en 2023 y corresponden al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Municipal (FISM), el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) y a participaciones de los ramos 33 y 38.
Sin embargo, hasta ahora López ha obtenido resoluciones judiciales favorables que le han permitido evadir posibles sanciones en su contra.
El pasado 5 de junio, interpuso un amparo que le fue concedido por un juzgado octavo de distrito para que las autoridades ministeriales y judiciales se abstuvieran de ejercer la acción penal en su contra sin previo desafuero o juicio de procedencia.
Mientras que el jueves 26 de junio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) concedió las suspensiones promovidas por el municipio de Acapulco para evitar que fuera removida del cargo y para frenar la investigación en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos.
Abelina López continuará con proceso en Suprema Corte
Al respecto, López reiteró que la Auditoría Superior del Estado no tiene competencia para examinar el uso de recursos federales, sino que esta tarea es responsabilidad de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
“Todo lo que aquí se metió, amparos y todo, nos tuvimos que ir a la Suprema Corte de Justicia y ahí dan entrada a nuestra controversia constitucional donde pusimos sobre la mesa el tema de la competencia y lo refuerzo con lo que dice la Auditoría Superior de la Federación: no tiene competencia del estado”, dijo este sábado.
La alcaldesa informó que continuará con el proceso en la Suprema Corte y aseguró que las suspensiones le fueron otorgadas porque sus demandas tenían fundamento.
Con información de: Animal político.
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Se suma Monreal en defensa de Alfonso Romo
Pues a la defensa que hicieron tanto la presidenta Claudia Sheinbaum, como el partido Morena, de las instituciones financieras mexicanas señaladas por el Departamento del Tesoro de los estados Unidos, de estar involucradas en casos de presunto lavado de dinero, al decir que solo fueron dichi y que no se aportaron pruebas, se sumó del coordinador de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, quien intervino en favor de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa de Vector.
Si la presidenta Sheinbaum, dijo que, el empresario Alfonso Romo, puede aclarar lo que él quiera, el coordinador de los diputados morenistas, expresó que, como persona y diputado, considera que Alfonso Romo es un hombre íntegro, una persona honorable y tiene una buena opinión de él. No solo es un patriota, sino que sus negocios, desde su punto de vista, son legales, honestos, salvo prueba lo contrario.
En opinión de zacatecano es de muy mala fe y ruin que de este tipo de circunstancias se aprovechen los adversarios políticos y que descalifiquen de esa manera a personas, que desde su punto de vista, tiene una reputación y un prestigio honorable y político incuestionable. Soy su amigo y no soy autoridad que vaya a calificar las acciones que él ha emprendido, así como su institución.
Esto mientras Vector Casa de Bolsa, congeló sus operaciones tras la intervención efectuada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, una consecuencia que tuvo su origen en los señalamientos del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, sobre supuestas acusaciones de lavado de dinero, que estarían relacionadas al cártel de Sinaloa.
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