Mauricio “N”. denunciado de violencia vicaria, se rehúsa a revelar paradero de su hija

MÉRIDA, Yucatán (apro).- Mauricio “N”, acusado del delito de violencia vicaria por negarse a entregar a su hija Lucía de 6 años de edad desde agosto de 2024, enfrenta un nuevo proceso legal por desaparición forzada cometida por particulares. En una audiencia realizada este sábado 28 de junio, se determinó que permanecerá en prisión preventiva por obstaculizar la búsqueda de la menor

Como Proceso informó previamente, el 13 de junio, Mauricio huyó con Lucía para no regresarla a su mamá Ericka Contreras. Ese día se efectuó un operativo en el que se autorizó el uso de la fuerza pública para recuperar a la pequeña. Tras no encontrarlos, denunciaron filtración de información del Poder Judicial.

“Él se niega a decir dónde está mi hija, Lucía. Se apegó al plazo constitucional y será hasta el lunes que se realizará la audiencia de vinculación, la jueza le dictó prisión preventiva porque está obstaculizando la búsqueda de mi hija”, declaró Ericka para Proceso.

Por la búsqueda de Lucía se publicaron Alertas Amber en dos momentos. La primera en agosto de 2024 y se desactivó en marzo de 2025. La segunda en junio de este año.

Pese a los esfuerzos de Ericka Contreras, su hija sigue desaparecida.

En una audiencia que se realizó el domingo 15 de junio, días después de que Mauricio huyó con Lucía para no entregarla; se realizó una audiencia en la que se había solicitado el cambio de medidas cautelares, pero la jueza de control, Silvia Elena Torres Cobá se negó.

Ericka ha hecho diversas acciones de búsqueda. El 11 de diciembre de 2024 acudió a la Cámara de Diputados y ofreció una rueda de prensa para exponer su caso. El 21 de junio durante la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Yucatán acudió al evento para intentar exponerle su situación y pedirle su intervención.

A Ericka, su expareja y padre de Lucía, Mauricio, imputado por el delito de desaparición forzada, la acusó de proteger a un agresor sexual de la menor. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán en abril de 2025, cerró la investigación y determinó el no ejercicio de la acción penal.

Con información de: Proceso.