AP.- La familia del senador colombiano y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció luego de permanecer en estado crítico dos meses tras ser baleado en un mitin, pidió el jueves que se reconozca el caso como crimen de lesa humanidad, buscando que la investigación no prescriba.
“La familia de Miguel Uribe Turbay pide justicia y esa justicia se materializa, elevando este hecho atroz a un crimen grave bajo los estándares del derecho internacional penal", indicó en un comunicado el abogado defensor de la familia, Víctor Mosquera.
Uribe Turbay, opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro, recibió disparos en la cabeza y piernas cuando daba un discurso en un parque del occidente de Bogotá el 7 de junio. Tras permanecer más de dos meses en cuidados intensivos y ser sometido a múltiples cirugías, falleció el lunes.
La fiscalía calificó como un “magnicidio” el atentado a Uribe Turbay y ha capturado a seis personas, incluidos el principal estratega y el presunto tirador, que es menor de edad. Sin embargo, no ha identificado el móvil del ataque ni los autores intelectuales.
"Está claro que este crimen se cometió por motivos políticos, fue sistemático y se atentó y cegó la vida de uno de los principales candidatos de la oposición a ocupar la presidencia de Colombia”, justificó el abogado.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, indicó que una de las líneas de investigación apunta a la presunta vinculación de una disidencia de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, no mostró pruebas ni descartó otras hipótesis.
Tras esa revelación, la familia interpuso una denuncia penal contra alias “Zarco Aldínever”, uno de los cabecillas de la disidencia, quien estaría muerto, según Sánchez.
Preocupación por violencia política
Al caso de Uribe Turbay se sumó la víspera el ataque a tiros contra la camioneta en la que se movilizaba el representante a la Cámara, Juan Fernando Triana, en una carretera del municipio de La Plata, del departamento de Huila, en el suroeste del país. El político y sus escoltas resultaron ilesos y salieron de la zona de riesgo en un helicóptero militar.
Este jueves miembros del gobierno colombiano y la cúpula militar se reunieron a estudiar medidas de protección para candidatos a las elecciones legislativas y presidenciales del 2026. Buscarán fortalecer la presencia institucional en las zonas más convulsas del país y la articulación entre las entidades que deben garantizar la protección.
Triana es miembro del partido Cambio Radical, usualmente opositor al gobierno. El congresista aseguró el jueves desde la red social X que desde el año pasado informó de amenazas en su contra al gobierno y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El ministro de Defensa indicó a la prensa que el ataque habría sido cometido por disidencias de las FARC.
Visita de delegación estadounidense
En paralelo, una delegación de Estados Unidos se reunió el jueves en la ciudad caribeña de Cartagena con precandidatos presidenciales colombianos en medio de la preocupación por la violencia política, cuando la campaña para las elecciones de marzo y mayo aún está en ciernes.
“No hay garantías para la oposición como ejercicio de la garantía de la democracia”, indicó a la prensa la precandidata presidencial María Fernanda Cabal, del Centro Democrático.
Aseguró que en la reunión entregó cartas a los senadores y al gobierno estadounidense para explicar “el grave peligro que está viviendo la democracia en Colombia" al considerar que se está atacando a la oposición tras el crimen del precandidato y la condena en primera instancia contra el expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.
Estuvieron presentes el encargado de negocios de la Embajada en Bogotá, John T. McNamara; el senador colombiano-estadounidense Ruben Gallego, demócrata de Arizona; y el senador republicano Bernie Moreno, colombiano y primer senador hispano de Ohio.
Tanto Moreno como Gallego manifestaron su preocupación por la violencia política y abogaron por “proteger la democracia” en Colombia.
En una entrevista con The Associated Press antes del viaje, Moreno expresó una profunda preocupación por la dirección que lleva el país bajo la administración de Petro y planteó que podrían ser necesarias sanciones de Estados Unidos.
Con información de Latinus