Silvano Aureoles consigue nuevo freno contra orden de captura

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consiguió un nuevo freno a la ejecución de cualquier orden de captura en su contra.

De nueva cuenta la defensa del exmandatario estatal tramitó un amparo conocido como “buscador” que usualmente se presenta para identificar nuevas investigaciones u órdenes de captura en contra de las personas.

El expediente fue enviado a la juez Noveno de Distrito en materia Penal, Jovita Vargas, quien en junio pasado ya le había negado el amparo a Aureoles Conejo contra la orden de captura emitida por un desfalco millonario en el estado de Michoacán.

La juzgadora le concedió la suspensión provisional para evitar que sea capturado independientemente de si el delito por el que fue emitida la orden de aprehensión merece o no prisión preventiva oficiosa.

“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que el quejoso Silvano Aureoles Conejo no sea privado de la libertad, con independencia de que el delito por el que se dictó la orden sea o no  de los que ameritan prisión preventiva oficiosa.

“Asimismo, no podrá ser privado de su libertad, aunque comparezca ante el juez de control a la audiencia inicial (bajo los efectos de la suspensión) y eventualmente se le imponga la medida cautelar de prisión preventiva (justificada u oficiosa), a petición del Ministerio Público, toda vez que dicha medida no será ejecutable durante la vigencia de la suspensión concedida”, indica el acuerdo de la juzgadora.

Sin embargo, la juez le impuso nuevamente diversas condiciones para mantener vigente la medida como la obligación de pagar una garantía por 100 mil pesos y comparecer dentro de los cinco días hábiles siguientes ante la autoridad que ordenó su detención.

En marzo pasado Procesó informó que la Fiscalía General de la República (FGR) busca procesar a Aureoles por el caso del desfalco de 3 mil 412 millones 164 mil 310.69 pesos por la contratación directa de Inmobiliaria DYF para la renta y posterior adquisición de 7 terrenos en los que serían construidos los cuarteles de la Policía Preventiva de Michoacán.

La Fiscalía afirma que los montos pagados por el gobierno de Michoacán fueron a sobreprecio, que las obras están inconclusas y que los servicios que contrató posteriormente con la misma empresa para limpieza y mantenimiento, sólo fueron simulados.

Sin embargo, de las conductas que afirma que Aureoles pudo cometer, calcula un perjuicio al erario de mil 52 millones 222 mil 490 pesos, una tercera parte del desfalco total por haber permitido concretar la compraventa de los 7 inmuebles a un precio por encima del que les correspondía.

Por ello, la juez de control, Patricia Sánchez Nava, adscrita al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente emitió orden de aprehensión en contra de Aureoles y cuatro de sus excolaboradores por peculado, asociación delictuosa, lavado de dinero y administración fraudulenta.

Sin embargo, es posible que con este amparo, la defensa de Aureoles tenga por objetivo encontrar una nueva orden de captura emitida contra el exgobernador de Michoacán.

 

 

Con información de: Proceso.

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El periodista Ramón Alberto Garza, narra lo sucedido en el narcolaboratorio

El periodista Ramón Alberto Garza García, director de “Código Magenta", narró cómo fue que ocurrieron los hechos del narcolaboratorio encontrado en Morelos, señalando también como personaje central a Guillermo Zuani Portillo, ex fiscal antisecuestros de Chihuahua.

Según Garza Gracía, quien se basó en la línea de investigación de Estados Unidos, la responsabilidad recae en el mismo Zuani, a quien por cierto, le habían retirado la visa anteriormente por investigaciones del país vecino, pero como un intento de quedar bien con los Estados Unidos, les indicó en donde se encontraba el narcolaboratorio. 

Además de esto, y como doble jugada, el ex fiscal dio aviso a los criminales pertenecientes al Cártel del Chapo Isidro, para que escaparan del lugar y no lograran detección alguna, quienes a su vez, terminaron con la vida de los agentes de la AEI y los dos operadores extranjeros, como aviso a los Estados Unidos para que no realicen operaciones. 

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