SEP ofrece disculpa pública por abusos sexuales en el kinder Marcelino de Champagnat

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A siete años de las violaciones sexuales a al menos 37 alumnos de entre tres y cinco años del Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal (AEF) de la Ciudad de México ofrecieron una disculpa pública por la actividad “irregular” del Estado por los “abusos” cometidos por servidores públicos de dichas instituciones.

En el acto oficial, los padres de familia de las víctimas reclamaron a las autoridades que en el proceso “largo y revictimizante”, solo hay dos personas sentenciadas por esos delitos, aunque hay otras 13 acusadas, que actuaron como “delincuencia organizada”.

Agregaron que una disculpa pública no es suficiente para reparar el daño a sus hijos y a sus familias y, peor aún, que hay otros casos de violencia sexual en escuelas, no solo de la capital sino del país, que están en la impunidad. 

Mario Delgado Carrillo, titular de la SEP pidió a la AEF acompañar a la oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI), representante de algunas familias de las víctimas, en el exhorto a la FGR para seguir con la investigación. “No nos podemos quedar callados, pidámosle a la Fiscalía que vaya a fondo… Nunca más el silencio”, dijo.

Al inicio de su discurso, el funcionario aseguró: “Hoy nos reunimos para llevar a cabo este acto de reconocimiento público de la actividad irregular, inaceptable, indolente, indignante del Estado, por hechos criminales cometidos contra niñas y niños que estudiaban en el Jardín de Niños ‘Marcelino de Champagnat’ entre agosto y octubre del 2018 por personas que trabajaban en esa escuela y que, en ese momento, eran servidores de la Secretaría de Educación Pública, de la Autoridad Federal”.

El expresidente nacional de Morena agregó: “Con profundo respeto, con una gran empatía y solidaridad, ofrecemos una sincera disculpa a cada niño y niña víctima de estas agresiones. Es obligación de las autoridades cuidar de ellos, brindarles un ambiente escolar seguro, feliz y libre de agresiones, y no fue así”.

También lamentó “profundamente” lo ocurrido en el plantel y reconoció “la valentía de los niños y de las niñas y queremos decirles a ustedes que ellos merecen un espacio escolar que les permita sentirse seguros y seguras, felices, además de que los adultos los tratemos con respeto y les escuchemos como ustedes lo han pedido”.

A los menores víctimas, les dijo “que no están solos ni solas, compartimos su indignación, su dolor y les reconocemos que hayan denunciado los abusos y que sigan denunciando cualquier comportamiento que les haga sentir inseguros a todos los niños y niñas de nuestras escuelas, o incómodos. Y sobre todo, que sepan que hay consecuencias para quienes agreden su integridad”.

En su turno, Francisco Luciano Concheiro Bórquez, titular de la AEF, se refirió solo a 18 menores víctimas de los servidores públicos de la dependencia, “que no sé si se les pueda llamar así, que ocupaban cargos y violentaron los derechos a vida, a la paz y la supervivencia, así como sus derechos a vivir en condiciones de bienestar, a un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia y a la integridad personal”.

Presumió que la disculpa pública era un acto “histórico” y agregó: “con profundo respeto, ofrezco una sincera y muy sentida disculpa para cada niño, niña, madre, padre, abuela, abuelo, tío, tía, primo, prima y demás familiares que día a día lucharon, acompañaron y buscaron en todo momento justicia por los condenables actos ocurridos, reconociendo su incansable labor en la búsqueda de la verdad”.

De la misma forma, dijo que esa disculpa pública es también un “recordatorio” para cada uno de los servidores públicos de la AEF para no olvidar “nunca que el derecho humano a la vida y el derecho humano a la educación implican en todo momento, la seguridad de niñas, niños y adolescentes”.

Los hechos 

En octubre de 2018, padres de al menos 37 menores alumnos del plantel mencionado denunciaron que sus hijos e hijas fueron víctimas de violencia sexual, abuso físico y psicológico, por parte de personal de esa escuela ubicada en la Sección VI de San Juan de Aragón, en la entonces delegación Gustavo A. Madero. 

Como agresores, señalaron, en particular, al profesor de educación física Raúl Armando “N”, y a un trabajador de nombre Ramón “N”; así como a personal de limpieza, de conserjería y administrativo; también acusaron a las autoridades del plantel y a supervisores de la AEF por ser “cómplices” y “omisas” ante sus denuncias. 

Como el plantel operaba a cargo del gobierno federal, la denuncia fue interpuesta en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (FEVIMTRA) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR), hoy Fiscalía, ya a cargo de Alejandro Gertz Manero. 

En ese momento, el titular de la SEP era Esteban Moctezuma Barragán, actual embajador de México en Estados Unidos, mientras que el titular de la AEF era Luis Ignacio Sánchez Gómez, actual secretario de Educación de Guanajuato.  

En la actualidad, luego de más de 144 horas del Juicio Oral 15/2021 y más de 100 testimonios, llevado por el juez Felipe de Jesús Padilla Villavicencio en diciembre del 2021, solo dos personas han sido sentenciadas por los delitos de violencia sexual, abusos físicos y psicológicos.

No obstante, las familias de las víctimas aseguran que hay, al menos, 13 personas implicadas, incluidos docentes y administrativos de la SEP en el caso que siguen en libertad y otras que ni siquiera son investigadas.

Destacaron que sobre el caso hay 57 denuncias penales, pero que, hasta ahora, solo en 18 se ha logrado acreditar la violencia sexual contra los niños. 

Voces de las víctimas… “Sheinbaum sabía”

En el acto de disculpa pública, el psicólogo de la ODI, Samuel Acosta, presentó dibujos hechos por nueve de los niños agredidos, en los que resaltaron frases como “protege a tus hijos creyendo en ellos”, “cuida a tu cuerpo de los demás”, “siempre avisa todo lo que pasa a un adulto”, “quitar lugares escondidos en los salones”, “que se escuche mi voz”.

También se presentaron diversos testimonios de padres y madres de víctimas que, en persona o en videograbación, acusaron que el personal y autoridades de la escuela actuaron “de manera sincronizada” para encubrir las denuncias. Eso, dijeron “es delincuencia organizada”.

Denunciaron que padecieron persecución de autoridades escolares para no seguir con las denuncias, así como molestia de otros padres de familia que los llamaron “alborotadores”, pues querían que se reabriera la escuela.

Acusaron que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) no los escuchaba, que el Ministerio Público de la FGR trató de fragmentar los casos para no verlos de manera integral y que la FGR no profundizó en el caso.

También aseguraron que las autoridades han sido “ineptas”, “omisas” y “cómplices”, por ejemplo, la Unidad de Atención al Maltrato y Abuso Sexual Infantil (UAMASI) de la AEF que hizo evaluaciones “deficientes” con el propósito de favorecer a la SEP.

Acusaron que, tras las denuncias, a sus hijos les han negado la inscripción en otros planteles o les han pedido cambiarlos de escuela. Y lanzaron: 

“La SEP es juez y parte, su área jurídica y sus abogados persuaden a las familias a no levantar la denuncia”, además de que es la misma autoridad que contrata al personal agresor. 

Una madre soltó: “SEP, te estás disculpando obligado por una autoridad y la sentencia judicial. No nos bastan las palabras y bellos discursos, ¡queremos acciones!”.

Los padres mencionaron algunos de los síntomas que presentaron sus hijos tras la violencia que sufrieron: pérdida de control de esfínteres, falta de apetito, enrojecimiento en sus genitales, cuadernos y libros sin usar, irritabilidad, no querían ir a la escuela, al salir estaban somnolientos, hacían juegos enfocados a la violencia -como amarrar sus muñecos y desvestirlos- y presentaba conductas sexualizadas, insomnio, pesadillas, miedo. 

Entre lágrimas, también detectaron que los violadores se ganaron la confianza de sus pequeños y luego los amenazaban con hacerle daño a sus familias y compañeros. Después de las denuncias, los niños sienten terror de ir a la escuela y hasta de entrar al sanitario.

Pidieron a los padres “que crean en las palabras de sus hijos antes que en las de los adultos agresores y que estén atentos a las señales”.  

Una madre de víctima aseguró que hay 24 escuelas investigadas por violencia sexual. Luego, aseguró que, en el 2019, la entonces jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum Pardo, se comprometió a hacer un plan de prevención y atención para evitar estos casos en las escuelas, pero se quedó en eso, en promesa:  

“La actual titular de Presidencia, quien en el año 2019 ocupando el cargo de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, en el caso del jardín de niños ‘República del Perú’, cuando se denunciaron delitos muy parecidos a los del caso ‘Marcelino de Champagnat’ se comprometió durante una entrevista al medio de comunicación Excelsior TV a darle seguimiento por medio de un plan de prevención y atención en escuelas de la CDMX para evitar más casos de violencia sexual infantil y es fecha que no ha vuelto a pronunciarse respecto al supuesto seguimiento que le daría a estos casos”, dijo.

De paso, exigió un pronunciamiento público sobre el caso de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y del DIF y que éste “llegue a la gestión presidencial”.  

 SEP seguiría fallando a la niñez

Mariana Gil, directora de la ODI, recordó que en el caso del kínder “Marcelino de Campagnat”, un grupo “organizado de supuestos maestros, directivos y personal de la supervisión escolar abusó sexualmente, de forma sistemática, de niñas entre 3 y 5 años”. Una “herida colectiva”, afirmó.

Sin embargo, afirmó que no es el único caso, pues también hay casos de escuelas privadas y públicas, como el jardín de niños “Andrés Oscoy Rodríguez” en la alcaldía Iztapalapa, cuyos padres e hijos esperan justicia desde hace más de 14 años.

Agregó que la sentencia del caso reconoce a la SEP y a la AEF como “corresponsables de la violencia ejercida por su personal docente” y pide medidas de prevención, reparación integral del daño y medidas de no repetición, no solo en este caso, sino en todas las escuelas de educación básica del país.

Y mencionó otras obligaciones para la autoridad:

• Que la FGR siga la investigación de la posible intervención de otras personas en los hechos 
• Realizar una jornada de concientización de abuso y maltrato infantil 
• Un acto de disculpa pública
• Hacer que todas las escuelas públicas y privadas sean garantía de entornos escolares seguros
• Otorgar becas completas de estudio para las víctimas
• Producción y publicación de material para prevención de violencia infantil en las aulas

“Si la SEP no responde, le seguirá fallando a la niñez y la adolescencia de México y le falla a la sociedad entera”, sentenció. 

Los compromisos 

Tras escuchar los testimonios de los padres de las víctimas, las autoridades destacaron que ya promueven “diversas acciones” desde las aulas que involucran a toda la comunidad educativa para fortalecer los procesos de capacitación, detección, atención y seguimiento en favor de la protección de los derechos humanos de los niños con base en convenciones internacionales.

El titular de la SEP, Mario Delgado, dijo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum Pardo “está en favor de la justicia y nunca vamos a proteger a nadie ni encubrir un delito en contra de nadie, mucho menos cuando se trata de nuestros hijos e hijas de los que más queremos”.

Reconoció que en este caso “se acreditó negligencia en el cuidado de los niños… las condiciones en la educación no fueron adecuadas, falló la autoridad”. Dijo que la SEP asume su responsabilidad “de las acciones y omisiones ocurridas” y que hacen lo posible para que no vuelva a ocurrir.

Luego, informó que el 8 de septiembre próximo se realizará la Jornada de Concientización para maestros y alumnos sobre el maltrato infantil ordenada en la sentencia. 

Agregó que el pasado 30 de mayo la dependencia emitió los lineamientos para la prevención y erradicación de la violencia sexual en la educación básica, mismos que son de “observancia obligatoria para maestros y autoridades” en escuelas públicas y privadas. Y anunció que en septiembre se publicarán los lineamientos para la educación media superior.

El exsenador se solidarizó con el dolor de los niños y sus familias y se unió a la petición de la ODI para colaborar en otros casos. También retomó las propuestas de los padres de las víctimas de hacer un registro público de abusadores de menores en las escuelas e instruyó al abogado de la SEP, Eurípides Flores, investigar qué gestiones legislativas se pueden hacer para evitar contratar a personal con antecedentes negativos, así como que sean separados de sus cargos si están bajo investigación penal. 

Pidió también a las autoridades correspondientes hacer un padrón para detectar en todas las escuelas del país los casos donde los conserjes tengan sus viviendas dentro de los planteles “para iniciar su remoción porque es un factor de riesgo” para los niños.

Incluso ordenó que en el reglamento de construcción de escuelas se marque “estrictamente la separación de baños, niños y maestros. No pueden compartir los baños”.

Dijo que se revisarán los protocolos para la entrada a las escuelas y les darán becas a las víctimas del caso. “Es inaceptable… en menos de una semana debe quedar resuelto”, prometió.

En su discurso, Delgado pidió que con este caso se marque “un antes y un después”. En eso estaba cuando fue interrumpido un par de veces por algunos padres que le corrigieron: “No es abuso, es violencia sexual”. De paso, le reclamaron la aplicación correcta de los protocolos, pues “se le da la voz a los padres, se hacen promesas y no se cumplen”.

Con información de: Proceso.