Aprueban en Chiapas la “Ley Ingrid”; buscan garantizar respeto hacia víctimas de violencia de género
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- El Congreso del Estado de Chiapas aprobó este miércoles la “Ley Ingrid”, reformas al Código Penal para castigar la distribución de imágenes de una víctima con hasta seis años de prisión, tanto a funcionarios públicos como ciudadanos y medios de comunicación que difundan, fotografíen, copien, publiquen imágenes, videos, audios, documentos o evidencia de una investigación penal de casos de violencia de género, feminicidios y otros.
Con la aprobación, el estado de Chiapas se convirtió en la quinta entidad en legislar sobre la protección de la dignidad y privacidad. “La reforma busca evitar la revictimización, protegiendo la intimidad, memoria y dignidad de las víctimas y sus familiares”, declaró el presidente de la mesa directiva, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez.
Al saludar la aprobación de la “Ley Ingrid”, la dirigente de la colectiva feminista 50 más 1, Alma Rosa Cariño, declaró que las reformas al código penal del estado, representa un avance significativo en la protección de los derechos humanos de las víctimas al criminalizar la difusión no autorizada de su imagen o información sensible.
La mayoría de los legisladores aprobaron la adición del artículo 424 Bis del Código penal en materia de delitos cometidos en procuración e impartición de justicia. “La reforma busca garantizar la dignidad y el respeto hacia las víctimas de violencia, para evitar que servidores públicos compartan información que revictimicen”, indicó el legislador.
La diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, señaló en tribuna que la reforma no busca coartar la libertad de expresión, sino establecer consecuencias para funcionarios que vulneren la dignidad humana. Las sanciones contemplan de dos a seis años de prisión.
“El derecho a la información nunca debe estar por encima del derecho a la dignidad humana”, afirmó al explicar que esta medida tiene como fin evitar la revictimización, discriminación y estigmatización, especialmente de mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Después que la cámara de diputados aprobara el 23 de marzo de 2022 la reformas al Código Penal Federal, con penas de hasta 10 años de prisión, si un servidor público difunde imágenes de víctimas de un delito, el estado de Chiapas, se convirtió en la quinta entidad en legislar con un enfoque de género ante el incremento de la violencia contra mujeres, niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad.
La reforma busca evitar la revictimización, protegiendo la intimidad, memoria y dignidad de las víctimas y sus familiares, subrayó el legislador de morena.
Al proteger la memoria de la víctima, se refuerza también el derecho de las familias a un proceso justo, con respeto a su bienestar psicológico y sin exposición pública que les cause daño adicional, destacó en entrevista el diputado Avendaño Bermúdez.
Con información de Proceso.
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El periodista Ramón Alberto Garza, narra lo sucedido en el narcolaboratorio
El periodista Ramón Alberto Garza García, director de “Código Magenta", narró cómo fue que ocurrieron los hechos del narcolaboratorio encontrado en Morelos, señalando también como personaje central a Guillermo Zuani Portillo, ex fiscal antisecuestros de Chihuahua.
Según Garza Gracía, quien se basó en la línea de investigación de Estados Unidos, la responsabilidad recae en el mismo Zuani, a quien por cierto, le habían retirado la visa anteriormente por investigaciones del país vecino, pero como un intento de quedar bien con los Estados Unidos, les indicó en donde se encontraba el narcolaboratorio.
Además de esto, y como doble jugada, el ex fiscal dio aviso a los criminales pertenecientes al Cártel del Chapo Isidro, para que escaparan del lugar y no lograran detección alguna, quienes a su vez, terminaron con la vida de los agentes de la AEI y los dos operadores extranjeros, como aviso a los Estados Unidos para que no realicen operaciones.
