La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) arrancará sus primeras sesiones ordinarias con la nueva integración del Pleno debatiendo proyectos de sentencia ya elaborados por las ponencias de las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf.
Aunque los asuntos específicos que discutirán no se conocen, entre los temas pendientes que tienen las ministras por resolver (ya con proyectos de sentencia) están una acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la Ley Orgánica de la Armada de México, que busca dar mayores facultades de investigación a los elementos de la Secretaría de Marina, así como una controversia constitucional tramitada por el Congreso de Morelos por una de las órdenes de aprehensión giradas contra el exfiscal estatal Uriel Carmona.
Además, la nueva Suprema Corte ya tiene fecha para celebrar su primera sesión ordinaria: será el próximo jueves 11 de septiembre, tan solo unos días después de que las y los nuevos ministros tomaron protesta ante el Senado de la República.
Las y los nuevos ministros de la Suprema Corte, quienes resultaron electos mediante voto popular en las pasadas elecciones judiciales, tienen planeado comenzar a combatir el rezago de más de mil 440 asuntos pendientes de resolución que heredaron de sus predecesores.
Uno de los asuntos que ya tenía asignada la ministra Yasmín Esquivel Mossa, a discutirse en el Pleno de la Corte, es la acción de inconstitucionalidad 173/2021, en la que diversos diputados integrantes de la LXV Legislativa del Congreso de la Unión reclamaron la invalidez de la Ley Orgánica de la Armada de México.
Por supuestamente contener diversas disposiciones contrarias a la Constitución, las y los legisladores impugnaron esta ley particularmente en lo que respecta a los límites que establece para la participación militar en labores de seguridad pública y que según un análisis de la organización México Unido Contra la Delincuencia “abonan al proceso de militarización de México”.
En particular, esta Ley Orgánica fue creada con el fin de facultar a la Marina para perseguir delitos comunes sin subordinación a autoridades civiles y sin obligación de rendir cuentas.
Sin embargo, el proyecto de la ministra Esquivel Mossa pretende dar el visto bueno a la totalidad de las disposiciones impugnadas, desestimando la acción al considerar que no contiene una sola disposición que resulte contraria a la Constitución.
“Precisamente la agresividad y voracidad que representa ese fenómeno (el crimen organizado), que flagela no sólo a nuestro país, sino que se ha convertido en un problema grave a nivel internacional, ha justificado el reconocimiento, en los planos internacional y nacional, del empleo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”, señala la ministra en su proyecto de sentencia.
Otro de los asuntos que ya tenía asignada la ministra Esquivel Mossa es la controversia constitucional 403/2023, promovida en el Congreso de Morelos por la orden de aprehensión que se giró en la Ciudad de México en contra de Uriel Carmona Gándara, entonces fiscal estatal.
En 2023, Uriel Carmona fue acusado de presuntamente obstaculizar la justicia en el caso del feminicidio de Ariadna López, una joven de 27 años que fue vista por última vez en la capital del país y cuyo cuerpo fue abandonado en una carretera de Morelos.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) acusó que el caso investigado por las autoridades de la Fiscalía de Morelos estuvo plagada de “inconsistencias”, por lo que pidió a un juez una orden de aprehensión en su contra.
El caso tuvo tanto alcance que la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, acusó a Uriel Carmona de presuntamente querer ocultar el feminicidio, al señalar que las autoridades morelenses “incluso trataron de inculpar a la víctima”.
La primera detención de Carmona por este caso sucedió el 4 de agosto de 2023, cuando agentes de seguridad llegaron al domicilio del fiscal, quien fue señalado por la presunta comisión de delitos cometidos contra la procuración y administración de la justicia, hecho que estuvo precedido por más detenciones y liberaciones del fiscal.
Al interponer la controversia constitucional por este caso, el Congreso de Morelos busca que la Corte determine si se vulneró la autonomía de esa entidad federativa, debido sobre todo a que el Congreso no votó a favor de quitar el fuero al fiscal.
Otro de los asuntos pendientes por resolver es el amparo en revisión 618/2023 interpuesto por Delivery Tecnologies S. de R.L. de C.V. en contra del artículo 307 TER del Código Fiscal de la Ciudad de México, que establece un cobro a empresas de intermediación digital por el uso de la infraestructura de la ciudad.
La empresa argumentó que el artículo es inconstitucional debido a que viola principios de justicia fiscal, como proporcionalidad, equidad y legalidad, además de afectar la libertad de comercio y tránsito.
Claudia Sheinbaum, entonces la jefa de Gobierno, se quejó por la resolución del Juez Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo indirecto 549/2022, que le dio la razón a la empresa.
En la sesión de la Primera Sala del 27 de noviembre de 2024, las y los ministros de la Corte se disponían a debatir este asunto cuando por instrucciones de la ministra Loretta Ortiz Ahlf quedó en lista el asunto.
En su proyecto de sentencia, la ministra propone dar la razón a la empresa al considerar que aunque el legislador lo denomino de “aprovechamiento”, el artículo impugnado en realidad establece una contribución, específicamente un derecho, por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público y que al ser un derecho sí está previsto en los principios de justicia fiscal.
En el caso de la ministra Batres Guadarrama, entre los proyectos relevantes a resolver se destacan amparos promovidos por Elektra y el empresario Ricardo Salinas Pliego.
El resto de los asuntos que ya tenían asignados las y los ministros salientes pasará a las ponencias de las y los nuevos ministros María Estela Ríos González, Giovanni Azael Figueroa Mejía, Irving Espinosa Betanzo, Arístides Rodrigo Guerrero García y Sara Irene Herrerías Guerra.
Con información de Animal Político.