Adán Augusto López Hernández, actual senador de Morena y exsecretario de Gobernación, uno de los hombres más cercanos y confiables del expresidente Andrés Manuel López Obrador, acumula una de las más extensas y graves listas de acusaciones en la vida pública del país. Y sin embargo, ninguna autoridad federal, estatal ni legislativa quiere investigarlo, procesarlo o retirarle el fuero.
Protegido desde el corazón del poder, Adán Augusto es hoy el hombre más denunciado de la política mexicana contemporánea, y también el más intocable.
Las denuncias no son conjeturas ni venganzas políticas, se sostienen en expedientes, reportajes, audios, documentos oficiales y testimonios. Y han sido presentadas no solo por legisladores opositores, sino por periodistas, organismos civiles, exfuncionarios y medios nacionales e internacionales. Aun así, la FGR guarda silencio; la presidenta Claudia Sheinbaum esquiva sistemáticamente los cuestionamientos, mientras las bancadas en el Senado y la Cámara de Diputados se muestran omisas.
Apenas este 20 de octubre, la diputada federal María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó ante la Fiscalía General de la República 37 denuncias formales contra Adán Augusto, acusándolo de encubrimiento, tráfico de influencias y protección a la organización criminal “La Barredora” durante su gestión como gobernador de Tabasco.
El epicentro del caso: su colaborador cercano, Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad pública del estado, hoy preso y vinculado a procesos por secuestro, extorsión y delincuencia organizada.
La propia carpeta de investigación de la FGR revela que testigos protegidos advirtieron que Adán Augusto ofreció la Secretaría de Seguridad a Bermúdez a cambio de garantizar una elección sin violencia en 2018, mediante pactos con células del Cártel de Sinaloa, particularmente con el operador conocido como “Pelón de Playa”.
Las confesionales aseguran que tras su victoria electoral, Adán cumplió la promesa y colocó a Bermúdez primero como jefe de Investigación de la Fiscalía estatal, y luego como secretario de Seguridad.
En octubre de 2025, el periodista Raymundo Riva Palacio afirmó la existencia de 8 horas de grabaciones privadas obtenidas por el Centro Nacional de Inteligencia. En ellas narran que Adán Augusto conversa con Hernán Bermúdez sobre temas que rebasan la agenda oficial, lo que refuerza sospechas de colusión.
En otro audio, aseguran que Adán conversa con la diputada federal de Morena, Andrea Chávez y lanzan insultos directos y despectivos contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Ni una sola autoridad se ha pronunciado sobre la autenticidad o consecuencias legales de estas grabaciones.
Durante años, Adán Augusto fue titular de la Notaría 27 de Villahermosa. Desde ahí, certificó la creación de más de 40 empresas ligadas a su familia, amigos y operadores. Varias de estas empresas obtuvieron contratos públicos millonarios durante su gestión como gobernador. Algunas están hoy bajo investigación del SAT como empresas fantasma. Otras están relacionadas con “La Barredora” y con contratistas favorecidos por Pemex.
Este presunto uso de la notaría para blindar estructuras empresariales ligadas al poder público constituye un clásico caso de tráfico de influencias y conflicto de interés, denunciado públicamente por el organismo no gubernamental Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y respaldado por registros notariales. Aun así, no hay una sola acción penal en su contra.
Sus dos hijos, Adán Payambé y Augusto Andrés, ocuparon cargos públicos sin contar con título profesional. Uno fue asesor en el Senado, el otro fue contratado en la Cámara de Diputados. Percibieron salarios de hasta 60 mil pesos mensuales. Además, Payambé fue secretario auxiliar del Consejo de la Judicatura de Tabasco.
Los registros prueban que ambos fueron incorporados por influencia directa de su padre. El caso se exhibió mediáticamente como “nepotismo de cuarta”, pero ninguna autoridad sancionó la maniobra.
Entre 2023 y 2024, Adán Augusto recibió al menos 79 millones de pesos en transferencias bancarias de empresas contratistas del gobierno de Tabasco, muchas de ellas ligadas a su red notarial. La investigación de “N+” reveló que estos ingresos no fueron reportados en su declaración patrimonial.
Entre las transferencias destacan pagos de una empresa fantasma, GH Servicios Empresariales, y de Capital Cargo del Golfo, beneficiaria de contratos durante su gobierno. Adán argumentó que eran pagos por servicios profesionales y una herencia. Ninguna prueba documental ha respaldado su versión.
El PRI, a través de su dirigente Alejandro Moreno, presentó en septiembre de 2025 una denuncia ante el FBI, la DEA y el Departamento del Tesoro de EE.UU. acusando a Adán Augusto de formar parte de un esquema de huachicol transfronterizo y lavado de dinero. La denuncia lo señala como operador de un modelo criminal que incluyó robo de crudo en México, exportación ilícita y triangulación fiscal.
Las agencias estadounidenses no han desmentido la recepción de la denuncia. Mientras tanto, en México, el caso ni siquiera ha motivado una solicitud de desafuero.
Adán Augusto López es hoy el hombre más denunciado de México, y también el más protegido. Su fuero como senador opera como un escudo de impunidad absoluta, mientras la FGR guarda un silencio clamoroso y el Senado no muestra voluntad de actuar.
Los expedientes se apilan. Las denuncias se multiplican. Las pruebas existen. Pero Adán Augusto sigue caminando libre, respaldado por cúpulas que callan y por instituciones que temen tocarlo.
Con información de: Político.mx