Inicia en EU juicio por corrupción en Pemex

Houston, Texas, 01/12/25 (Más).- En la Corte del Distrito Sur de Texas comenzó formalmente el juicio contra el empresario mexicano Alexandro Rovirosa Martínez, señalado por las autoridades de Estados Unidos de haber participado en una red de corrupción dentro de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con la acusación, Rovirosa habría pagado cuantiosos sobornos a funcionarios de la empresa estatal para obtener contratos millonarios, junto con su socio Mario Alberto Ávila Lizárraga, exdirectivo de Pemex y militante del Partido Acción Nacional (PAN), quien permanece prófugo de la justicia estadounidense y cuya ausencia ha generado aún más atención en torno al caso.

El medio El País reportó que este juicio tiene el potencial de revelar detalles inéditos sobre cómo operaba la corrupción dentro de la petrolera mexicana entre los años 2019 y 2021, un periodo en el que el Gobierno federal destinó miles de millones de pesos para intentar sanear financieramente a Pemex.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Rovirosa y Ávila Lizárraga habrían conformado una estructura de sobornos dirigida a por lo menos tres altos funcionarios de Pemex, quienes a cambio de dinero, regalos de lujo y favores personales, facilitaron la obtención de contratos para obras, mantenimiento de pozos, adquisición de materiales y hasta la cancelación de auditorías que ponían en riesgo sus negocios.

Los documentos judiciales revelan que parte fundamental de la evidencia proviene del teléfono móvil de Ávila Lizárraga, del que se extrajeron mensajes comprometedores que demuestran cómo operaba la red de corrupción.

En esas conversaciones, los implicados discutían montos de sobornos, hacían referencia a la entrega de artículos de lujo, como una bolsa Louis Vuitton y un reloj Hublot con valor de 12,500 dólares, e incluso bromeaban sobre los pagos. “Un Hublot como comisión, jaja”, se lee en uno de los mensajes.

La defensa de Rovirosa intentó desestimar esta evidencia alegando que las traducciones al inglés eran defectuosas y que fueron entregadas fuera de los tiempos legales establecidos, lo cual, según sus abogados, violaba la Cláusula de Confrontación de la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. No obstante, el juez negó esta solicitud, permitiendo que el juicio siguiera su curso y dejando abierta la posibilidad de que el acusado presente traducciones alternativas si lo considera necesario.

A lo largo del proceso, Rovirosa también ha buscado otras estrategias legales para evitar ser juzgado. Argumentó que su relación con el crimen organizado fue una acusación infundada y que los cargos en su contra ya habían prescrito, asegurando que la supuesta conspiración concluyó en abril de 2020. Sin embargo, el tribunal desechó estas afirmaciones al confirmar que existen pruebas que documentan pagos ilegales hasta octubre de 2021, lo cual demuestra que la conspiración continuó más allá del periodo que él sostiene.

En una petición que fue duramente criticada por el tribunal, el empresario solicitó que se le permitiera modificar sus condiciones de arresto para poder viajar a México con su esposa e hijos, supuestamente para tomar unas “vacaciones de lujo” y asistir a una celebración privada de boda y cumpleaños en San Miguel de Allende. La corte negó la solicitud de manera tajante, señalando que, dada la riqueza del acusado, sus conexiones en México y la gravedad del caso en su contra, existía un alto riesgo de fuga. Además, el juez resaltó que su socio en este caso, Ávila Lizárraga, sigue prófugo en México, justamente el país al que Rovirosa pretendía viajar, lo cual aumentaba aún más la posibilidad de que intentara evadir la justicia.

Ambos acusados han residido legalmente en Estados Unidos desde 2016. El Departamento de Justicia los acusa de conspiración y de violar leyes anticorrupción al participar en un esquema que involucró el pago de al menos 150,000 dólares –cerca de 2.8 millones de pesos– a tres funcionarios de Pemex con el objetivo de manipular licitaciones y asegurarse jugosos contratos con la paraestatal y sus subsidiarias.

El País también documentó que Rovirosa firmó un contrato de explotación por 30 años para operar el campo petrolero VC-01, ubicado en el estado de Veracruz y con una extensión de 125 kilómetros cuadrados. Tan solo en un año, esta operación le generó ingresos por aproximadamente 1.2 millones de dólares, es decir, más de 24 millones de pesos.

Además, sus empresas Tubular Technology e Isa Data obtuvieron al menos 19 contratos con Pemex y sus filiales, acumulando más de 746 millones de pesos en obras de construcción, mantenimiento de infraestructura energética y adquisición de equipos.

Mientras el juicio avanza, Rovirosa enfrenta solo la defensa de su caso, en espera de que las autoridades logren ubicar y extraditar a Mario Ávila Lizárraga. El proceso no solo pone bajo la lupa a los acusados, sino que también arroja dudas sobre el alcance real de la corrupción en una de las empresas más importantes de México, durante una administración que hizo bandera de la lucha contra ese mismo fenómeno.

Con información de Informador.mx