CNDH oculta informe sobre tortura sistemática en Coahuila: golpes, violaciones, quema con cigarrillos...

SALTILLO, COAH. (Proceso).– La tortura es común contra detenidos en Coahuila, se aplica lo mismo a hombres y mujeres. Víctimas de este delito están a la espera de las resoluciones en el Poder Judicial de Coahuila y de los procesos de amparo por esta violación a sus derechos humanos y al debido proceso, mientras las secuelas permanecen. 

Uno de los casos es el de Laura Angélica “N”, presa en el Centro de Readaptación Social Femenil en Saltillo, cuya situación motivó la presencia de los integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), mismo que depende de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y que en 2022 elaboró un informe en el que documentó diversos casos.

Este reporte fue reservado por la CNDH, organismo que decidió no darlo a conocer con el argumento de que hacerlo “puede tener consecuencias” para las mujeres incluidas.

La abogada Ariana Denisse García Bosque, quien representa a Laura, explica un modus operandi de las autoridades en este estado, consistente en realizar una detención arbitraria por algún delito menor, y luego practican la tortura para que las personas se digan responsables de otro ilícito mayor. 

La defensora de derechos humanos acompañó a los integrantes del MNPT durante las visitas realizadas a los reclusorios en 2022.

A Laura Angélica la detuvieron por posesión de narcóticos y permaneció varios años en el reclusorio femenil de San Pedro de las Colonias, pero con el cierre de los juzgados tradicionales fue enviada a Saltillo y en el proceso se le dictó un auto de libertad. En esa etapa la propia Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) emitió una recomendación al reconocer que se trató de una detención ilegal. 

Sin embargo, posteriormente le fincaron el delito de secuestro, tras ser sometida a tratos crueles. Se aplicó el protocolo de Estambul que concluyó que existen datos y características de tortura. 

“A pesar de esto Laura fue condenada por secuestro. Ahorita estamos en una etapa de preparación de un amparo indirecto y a partir de esto el Mecanismo Contra la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos empieza a hacer visitas al estado de Coahuila”, expone.

El MNPT hizo la visita al reclusorio femenil y en febrero de 2022 publicó el Informe Especial 02/2022 “Sobre impactos psicosocial en mujeres privadas de la libertad”. Hasta el momento, la abogada no ha recibido informes del resultado del seguimiento a esas visitas por parte del organismo nacional, ni del cumplimiento a las recomendaciones que se hicieron a las autoridades estatales.

    Cuento con evidencia clara y contundente –explica–, a través de videos y fotografías, donde se advierten las condiciones deplorables que existen en los centros de detención que concuerda con actos de malos tratos o tratos crueles y degradantes frente a lo que es la tortura.  

Recuerda que la entonces secretaria de Seguridad, Sonia Villarreal Pérez, se entrevistó con los integrantes del mecanismo con el fin de minimizar lo que se documentó.

Opacidad sobre tortura

Pese a que en 2022 se evidenció la práctica de la tortura contra las reclusas del Centro de Readaptación Femenil en Saltillo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos clasificó como información reservada el informe de seguimiento del caso y así permanecerá durante cinco años. 

El MNPT entrevistó a 53 de las 94 mujeres que en ese momento integraban la población en el lugar. El expediente recopiló testimonios de 12 casos donde las reclusas señalaron haber sufrido violencia sobre los genitales, como introducción de instrumentos diversos y violación; en ocho casos, durante la detención, fueron forzadas a desnudarse.

En las entrevistas las mujeres privadas de su libertad afirmaron tener traumatismos causados por golpes como puñetazos, patadas, latigazos, golpes con alambres o caídas; haber sido sometidas a tortura por posición como suspensión, estiramiento de sus brazos o piernas, limitación prolongada de movimientos posturas forzadas por tiempo prolongadas; amenazas de muerte, daños a la familia, ejecuciones simuladas; asfixia con métodos húmedos y secos, ahogamientos, sofocación estrangulamiento o uso de sustancias químicas.

También contaron que recibieron choques eléctricos, y que fueron sometidas a inducción forzada para presenciar torturas u otras atrocidades hacia otros o realizar tortura a otras personas, aplastamiento de dedos o uso de un objeto pesado para lesionar los muslos o la espada, amenazas de ataques por animales como perros, gatos, ratas o escorpiones; así como la exposición a sustancias diversas, como sal, pimienta, picante o gasolina; quemaduras con cigarrillos instrumentos calientes o líquidos hirviendo. 

La mayoría de los casos ocurrieron durante la detención, traslado y presentación ante el Ministerio Público. Como repercusiones, casi la mitad de ellas presentó ansiedad, 43% ansiedad fóbica, 41% somatizaciones y otro porcentaje padeció psicoticismo, entre otros síntomas.

Por estas situaciones, el MNPT recomendó, tras los testimonios recabados, iniciar 21 quejas y 21 denuncias por parte de las autoridades competentes.  Proceso buscó a la CNDH, pero no se accedió a la entrevista; por el contrario, el organismo determinó clasificar el Informe de Seguimiento como información y en su respuesta al ejercicio de transparencia,destaca su desconfianza en las autoridades de Coahuila, pues afirma que podría aplicar represalias contra las mujeres privadas de su libertad, con todo y los daños que ya sufrieron y que inciden en su proceso.

“Tiene la irrestricta obligación de resguardar la información relacionada con el seguimiento a las recomendaciones emitidas por el MNPT, mediante Informe Especial 02/2002, a efecto de no causar un perjuicio a personas que pudieran resultar víctimas directas o indirectas de violaciones de derechos humanos; toda vez que se puede poner en peligro su privacidad, integridad o su seguridad, incluso la de sus familiares”, dice la respuesta a una solicitud de información. 

Agrega que se puede afectar “la conducción de la investigación realizada con motivo de las presuntas violaciones a derechos humanos” si se hace público el informe de seguimiento. 

Impunidad y ascensos

Proceso insistió en reiteradas ocasiones en obtener también entrevistas con funcionarios de Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Tortura y otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes del estado, así como de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, pero en ambos casos los titulares, Ariana Dordelly Hernández y José Ángel Rodríguez Canales, respectivamente, no atendieron las peticiones.

 La Fiscalía Especializada respondió a una solicitud de información que se abrieron 12 carpetas de investigación, aunque inicialmente dijeron desconocer el informe especial y las recomendaciones hechas, entre las que se incluían garantizar que no habría represalias por las denuncias realizadas, mientras que la CDHEC simplemente no respondió sobre el caso en particular.

Los datos recabados en los ejercicios de transparencia demuestran que la tortura pareciera ser una práctica común durante las detenciones en Coahuila y en los centros de internamiento. En poco más de una década se abrieron mil 462 carpetas de investigación, las cuales implican mil 973 víctimas, entre las que se encuentran 278 mujeres y mil 695 hombres, pero sólo se ha judicializado una de ellas que se encuentra actualmente en proceso y 450 concluyeron sin aclarar el resultado, de acuerdo con la Fiscalía Especializada.

Estas cifras corresponden al periodo de 2015 a septiembre del presente año, lo que significa que cada tres días, en dicho periodo, se cometió un acto de tortura en Coahuila que fue denunciado, pero no atendido. 

En tanto, la CDHEC afirmó que en el citado periodo se recibieron 358 quejas relacionados con posible tortura, pero no se emitió alguna recomendación en casi 11 años. 

El organismo respondió en el recurso de revisión presentado por la respuesta dada a una solicitud de información, que el MNPT no le hizo recomendación alguna, pese a que su Reglamento Interno establece que puede iniciar de oficio los expedientes por violaciones graves a los derechos humanos, como es la tortura, y de la que sí tuvo conocimiento de lo que ocurría en el reclusorio femenil.

Para la abogada García Bosque, la posición de la CNDH de reservar la información del seguimiento que se dio a los casos identificados en el Cereso femenil, es una medida para sesgar lo que ocurre en el estado sobre un tema que sigue denunciando la ciudadanía en Coahuila y que la Fiscalía General del Estado normaliza. 

Recordó que en 2018 el Poder Judicial estatal también documentó los casos de tortura sin dar mayor seguimiento, y por ello calificó lo que ocurre en el estado como “cifras de impunidad" al tener el registro de quejas y denuncias, sin que haya consecuencias.

Por su parte Jacqueline Campbell Dávila, quien ha acompañado a víctimas de tortura en el estado, considera que los elementos de seguridad realizan la tortura como mecanismo “más sencillo" para hacer su trabajo, ante la falta de preparación y ausencia de herramientas, como el uso de técnicas de investigación penal moderna, equipo y metodología forense.

    Tenemos con esto que hay personas que están siendo procesadas a partir de que fueron torturadas porque es una herramienta que da resultados para los cuerpos de seguridad. No es legal, pero desde el punto de vista policial es una ventaja procesal y es muy rápido, porque de aquí a que el policía pregunte e investigue, el jefe ya les está pidiendo resultados -señaló. 

Sostuvo que desde la academia los elementos salen con la formación de castigar a quien hace el mal y torturar les abre la posibilidad de obtener un puesto mayor.

“Ven que, como sucedía en el Motel La Torre (usado como centro de detención en Saltillo), ahora tenemos que los jefes de eses entonces, como el Hummer y el Jaguar, después de torturar y matar gente hoy son líderes”, dijo al referirse a Jorge Miguel Barajas Hernández y Héctor Flores Rodríguez, fundadores del Grupo de Armas y Tácticas Especiales, conocidos con esos alias y quienes por años se han mantenido al frente de la Policía Estatal.

Otros testimonios 

Proceso entrevistó a dos personas que denunciaron al MNPT haber sido torturadas durante su detención y que forman parte de los casos por los que se recomendaron abrir carpetas para investigar y presentar la queja por violaciones a los derechos de las mujeres, pero debido a que varios de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal y Policía Estatal se encuentran aún activos, pidieron no abordarlos en esta publicación.

Meses antes de la visita de los integrantes del MNPT, Liliana Inés Martínez Domínguez permaneció interna en el reclusorio femenil y fue víctima de tortura desde antes de que se ejercitara una orden de aprehensión en su contra por la muerte de su hija menor, de lo cual quedó absuelta en 2021.

Liliana Inés permaneció un año ocho meses en el Cereso femenil de Saltillo y en ese tiempo se percató de que la mayor parte de sus compañeras fueron torturadas, al igual que ella. 

    Éramos 120 chicas y la mayoría fue torturada en algún momento de su detención, ya sea que les pusieron toques o el cigarro y me mostraban las marcas. A mí me ocurrió antes de la detención, o sea fue un abuso de poder y de todo porque ni siquiera estaba liberada una orden de aprehensión, y esta se liberó un mes después.  

Respecto de su caso, señala como la principal torturadora a la coordinadora de Homicidios, Beatriz Adriana Vázquez Juárez, quien, asegura, le mostró fotos de su hija en el anfiteatro, además de echarle salsa picante y golpearla. La funcionaria aún permanece en su puesto.

“Fue una tortura física y psicológica porque traigo todavía aquí todas sus palabras y agresiones verbales que me decía. Me gritaba que era una perra y muchas cosas más", denuncia.

También recuerda a otro elemento que se apellida Armenta y uno más que incluso estuvo presente en una de las audiencias. En total fueron 15 elementos quienes participaron en la tortura, sin que hubiera aún una orden de aprehensión sobre los hechos de los que a fin de cuentas fue sentenciado el beisbolista Sergio Mitre.

Arreglos económicos para desaparecer denuncias 

Liliana Inés denunció el caso de tortura en diferentes instancias. Se le aplicó el protocolo de Estambul de manera particular y otro más por parte de la Fiscalía local, mientras que la queja en la Comisión de Derechos Humanos del Estado recopiló varias evidencias que determinaron que sí fue objeto de tortura. 

La Fiscalía le ofreció un acuerdo económico por 120 mil pesos que la mujer aceptó y con ello tanto la FGE como CDHEC determinaron cerrar los expedientes.

“Se supone que Derechos Humanos busca el bien del ciudadano, ¿no?; pero en mi caso se contradijo, porque aceptó que me estuvieran sobornando o algo similar, aprovechándose de la vulnerabilidad", cuestiona.

Inicialmente el acuerdo era de 60 mil pesos y posteriormente subió al doble, pero porque ella aumentaba la cifra, cada mes que se retrasaban en pagarle iba subiendo una cantidad y considera que era una estrategia para que se desesperara y no insistiera. 

Asegura que de los 15 elementos que la torturaron, seis de ellos aún permanecen activos, pero a ninguno se sancionó y no descarta que incluso varios hayan sido ascendidos, mientras que Vázquez Juárez permanece aún en el cargo. 

García Bosque señaló que los acuerdos económicos que impulsan las autoridades con ciudadanos que han sido víctimas de tortura, no significan que la autoridad deba suspender la investigación que de oficio está obligada a realizar.

Tortura contra funcionario

La tortura en Coahuila es generalizada: en 2012 le tocó padecerla al exdirector Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, Enrique Pérez Gómez, quien asumió momentáneamente el cargo tras la fuga masiva de reos; posteriormente fue subdirector del mismo centro al ser nombrado en el cargo José Antonio Castillo Juárez, asesinado 17 días después de su asunción (en abril de 2013).

A Pérez Gómez le pretendieron adjudicar la responsabilidad del homicidio de Castillo Juárez. Tres elementos del grupo antisecuestros fueron quienes lo detuvieron y mantuvieron privado de su libertad en un edificio contiguo al penal de Piedras Negras, donde fue torturado. 

    Me golpearon –cuenta–, me pusieron bolsas de plástico en la cara con salsa valentina, me dieron golpes en los oídos lo que ocasionó que uno de ellos, el derecho, se me reventara y hasta la fecha tengo un problema con ese oído. Fueron; no sé, tres días o cuatro días y no nos trasladaban. Éramos yo y dos custodios más. 

Luego los llevaron a la subdelegación de la Fiscalía General en el municipio de Piedras Negras, donde fueron obligados a firmar una declaración ministerial que ya estaba elaborada. Posteriormente él fue trasladado a Saltillo donde se mantuvo en arraigo 40 días y otros tantos permaneció internado en un hospital por las lesiones que le causaron; los gastos fueron absorbidos por la autoridad estatal.

Al salir del hospital fue enviado de nueva cuenta a la casa de arraigo, donde le dijeron “ahí disculpe, nos equivocamos" y quedó en libertad.  

“Fue una cosa traumática para mí. Han pasado tantos años y no hay nada aún; confío en que el Poder Judicial resuelva la brevedad el juicio. Estar vivo ahora es una gran ganancia, pero es horrible. Imagínese que, en mi caso soy abogado que trabajó en gobierno y en el área de seguridad y le pasó esto; imaginémonos a las personas que no tienen esta condición y que agarren a cualquiera y lo torturen de esa manera".

El exdirector interpuso un amparo y presentó una queja en la Comisión de los Derechos Humanos por tortura y desaparición forzada.

"El amparo lo gané y con ello se declaraba que quedaba sin efecto la declaración ministerial, y al mes llegó la recomendación de derechos humanos. Hace como dos años me hablaron de la comisión para decir que habían enviado un oficio al gobierno del estado, a la Secretaría de Seguridad y a la Fiscalía para que presentaran pruebas del cumplimiento, pero hasta la fecha no hay nada”, dice. 

Con información de Proceso.