Crear registro de feminicidios ordenado en el caso Campo Algodonero, primera gran prueba para la fiscal Ernestina Godoy
Hace más de 17 años, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) ordenó al Estado mexicano crear en Chihuahua una base de datos de feminicidios, en su sentencia por el caso conocido como Campo Algodonero, mandato que podría convertirse en la primera gran prueba de fuego para la nueva fiscal Ernestina Godoy Ramos, tras su llegada a la Fiscalía General de la República (FGR).
Al crear el registro de feminicidios, la fiscal no solo estaría cumpliendo una obligación de carácter internacional, sino que podría tener el potencial de establecer un estándar para atender la violencia de género y feminicida en todo México, según especialistas.
La omisión de crear este registro de feminicidios por parte del Estado también forma parte de la lista de omisiones graves que cometió el exfiscal Alejandro Gertz Manero durante los más de seis años que estuvo al frente de la FGR, en los que no solo no presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia, sino que además abandonó totalmente bases de datos clave para combatir la crisis forense que vive México.
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que propuso a tres mujeres para encabezar la FGR, asegurando que “es tiempo de mujeres”, la fiscal Godoy podría demostrar que la llegada de un perfil como el suyo a un puesto de poder se puede traducir en acciones concretas y efectivas en favor de otras mujeres, según especialistas.
Alejandro Gertz Manero, extitular de la FGR. Foto: Cuartoscuro
Campo Algodonero: impunidad y 24 años de inacción del Estado
El Caso González y otras contra México, mejor conocido como Campo Algodonero, tiene que ver con la desaparición y asesinato de tres jóvenes en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el año 2001. Una ciudad fronteriza que ha sido fuertemente golpeada por el crimen organizado y que, además, ha presentado un aumento crítico de feminicidios desde 1993.
Se trató de Laura Berenice Ramos, estudiante de 17 años, que desapareció el 22 de septiembre de 2001; Claudia Ivette González, trabajadora de 20 años que laboraba en una empresa maquiladora y que desapareció el 10 de octubre de 2001; así como Esmeralda Herrera Monreal, empleada doméstica de 15 años, que desapareció el lunes 29 de octubre de 2001.
Al no saber nada de las jóvenes, sus familiares presentaron diversas denuncias por sus desapariciones. Sin embargo, las autoridades solo se limitaron a elaborar los registros de desaparición, los carteles de búsqueda y la toma de declaraciones.
Días después, el 6 de noviembre de 2001, se encontraron los cuerpos de las tres con signos de abuso sexual. A pesar de los recursos interpuestos, no se investigó ni sancionó a los responsables.
Foto: Cuartoscuro
El 6 de marzo de 2002, se presentó una petición inicial del caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que presentó un informe donde manifestó que los cuerpos de las jóvenes fueron objeto de ensañamiento por los perpetradores de los homicidios.
En su informe, la CIDH añadió que “la forma en que fueron encontrados los cuerpos de las tres víctimas sugiere que fueron violadas y abusadas con extrema crueldad”, por lo que realizó diversas recomendaciones al Estado mexicano para que diera justicia a las víctimas y sus familias.
Así, en un primer informe, las autoridades mexicanas reportaron el cumplimiento parcial de las recomendaciones, argumentando que para cumplirlas en su totalidad era necesario que la CIDH aumentara el plazo concedido para dar resultados.
La CIDH le concedió dos meses más, pero debido a que durante este periodo las autoridades no presentaron grandes avances, el 4 de noviembre de 2004 presentó una demanda en contra del Estado mexicano ante la CoIDH por su presunta responsabilidad en la desaparición y posterior muerte de Laura Berenice, Claudia Ivette y Esmeralda.
La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad realizó en 2011 un acto en el Campo Algodonero de Ciudad Juárez. Foto: Cuartoscuro
La sentencia de la CoIDH por el caso Campo Algodonero
Karla Micheel Salas Ramírez, abogada del caso Campo Algodonero, recuerda que durante el litigio ante la CoIDH el Estado mexicano se intentó justificar por la omisión bajo el argumento de que “se habían asesinado a más mujeres en otras partes del mundo” y que en México las muertes eran producto de la cultura machista, algo de lo que las autoridades aseguraban no podían hacerse responsables.
“Pero la Corte Interamericana le dio un giro al asunto y les dijo: ‘no, claro que eres responsable. Eres responsable, en general, de las acciones que modifiquen los procesos culturales. También eres responsable porque no puedes establecer con toda claridad las cifras —tema que en algún momento Marcela Lagarde, antropóloga e investigadora mexicana, llamó danza de las cifras— cuando por un lado las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación han reportado históricamente un número específico de mujeres asesinadas y, por otro lado, el Estado mexicano da otros datos, que evidentemente siempre son menores’”, señala.
Fue así como, tras analizar el caso, el 16 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las tres jóvenes, sentando un importante precedente contra el feminicidio y la violencia de género por la violación de diversos derechos estipulados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los derechos del niño, a la vida, a la integridad personal y a la honra y dignidad de las víctimas y sus familias.
Karla Micheel Salas Ramírez, abogada del caso Campo Algodonero. Foto: Cuartoscuro
El registro de feminicidios: la orden de la CoIDH y un modelo federal de justicia
Fue así que, como parte de su sentencia, la CoIDH ordenó al Estado mexicano implementar diversas medidas estructurales para prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia feminicida.
Entre estas medidas estaba la obligación de crear o actualizar bases de datos funcionales, accesibles, completas, centralizadas y actualizadas que incluyera la información “genética y muestras celulares provenientes de los cuerpos de cualquier mujer o niña no identificada que fuera privada de la vida en el estado de Chihuahua”.
También crear una base de datos con información de mujeres y niñas desaparecidas a nivel nacional y otra con datos genéticos y muestras celulares de sus familiares, con el objetivo de investigar sus desapariciones, órdenes que fueron incumplidas por las autoridades.
“Estas herramientas iban a permitir a las autoridades identificar patrones y modus operandi para saber, por ejemplo, dónde, cuándo, cómo se están llevando a las niñas, adolescentes y mujeres del país […] y georreferenciar, es decir, detectar zonas de riesgo para vincular los casos relacionados de feminicidios y desapariciones, fortalecer los sistemas de prevención y tener una alerta temprana”, explica Alejandra Cartagena, del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), en entrevista con Animal Político.
De acuerdo con la especialista, lo anterior tenía que ver con el “estándar de debida diligencia reforzada”, donde la Corte Interamericana le dijo al Estado que no tenía que ver a la violencia contra las mujeres —lo que incluye su desaparición y feminicidios— como casos aislados, porque eso no le permite identificar patrones o modus operandi.
Foto: Cuartocuro
“Y no solo por tener estadística, eso también es importante decirlo, sino porque estas bases nos permiten no solo documentar y sistematizar la información, sino prevenir y corregir aquellas fallas en la investigación y en la búsqueda que, sin duda, ponen en riesgo la vida y la integridad de las mujeres”.
Aunque la sentencia del caso Campo Algodonero se centra en Chihuahua, para las especialistas también se trata de una orden de la Corte Interamericana al Estado mexicano en la que le reiteró su obligación de tener bases de datos sobre feminicidios, misma que podría ser el precedente para una política nacional de registros que cumpla los estándares internacionales.
“Y cuando digo la palabra ‘reiterar’ es porque esa obligación surge, en realidad, desde 1994, justamente a partir de la Convención Belén Do Pará, que establece con toda puntualidad que los estados que sean parte, como fue el mexicano, deben tener esa base de datos, esa información desagregada por sexo. Es decir, sirvió para que la Corte Interamericana le recordara a México que esta obligación no la tiene a partir de que este caso llega a la Corte, sino que la tiene desde los años noventa”, agrega Karla Micheel.
De esta forma, aunque para especialistas seguir hablando del incumplimiento se puede calificar como “una vergüenza”, pues a más de 16 años no se ha cumplido, también podría ser la prueba de fuego para que Ernestina Godoy corrija la inacción de casi dos décadas y se implemente una base de datos que podría ser el primer paso para presionar a otros estados a estandarizar y mejorar sus registros, sentando un nuevo estándar de justicia para todo el país.
Norma Alejandra, madre de Lilia Alejandra García Andrade, víctima de feminicidio en 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. Foto: Cuartoscuro
La paradoja del “es tiempo de mujeres”
Días después de que Alejandro Gertz Manero presentó su renuncia como fiscal de la nación, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que propuso a tres mujeres para encabezar a la FGR argumentando que “es tiempo de mujeres”, una frase que ha repetido en al menos 55 veces desde que tomó posesión como la primera presidenta de México.
Así, en el contexto actual, esta frase se puede ver como un elemento de contraste y estándar de exigencia para la fiscal Godoy, pues la llegada de una mujer a este puesto puede tener un peso simbólico y práctico en cuanto a la creación de este registro, el avance de estrategias en materia de género y en general para cambiar la estructura de impartición de justicia del país.
—¿Crees que la llegada de Ernestina Godoy al frente de la FGR sea suficiente para vencer la omisión que ha persistido en este caso por más de 16 años? —se le preguntó a ambas especialistas.
— Por supuesto que la llegada de Ernestina Godoy cubre algunas posibilidades, sobre todo por el trabajo que vimos que se realizó en la Ciudad de México, con perfiles importantes como Sayuri [Herrera], una compañera que venía de las organizaciones civiles y una muy buena abogada con perspectiva de género. Tenemos la confianza, queremos tener la confianza de que se puedan impulsar procesos importantes, como este que mencionas —respondió Alejandra Cartagena, del CLADEM.
Sayuri Herrera Román. Foto: Cuartoscuro
Karla Micheel Salas, abogada del caso Campo Algodonero, si bien señala que la FGR tiene un papel muy importante, recuerda que en la extinta Procuraduría General de la República (PGR) no hubo interés real por dar cumplimiento a la sentencia, lo que ocurrió también durante la administración de Gertz Manero.
— Yo creo que el reto es gigantesco, es enorme. Obviamente sabemos que una persona no puede transformar, ojalá fuera así, romper estas graves omisiones que ha tenido históricamente la FGR. Sabemos que es difícil, porque al final una institución no solamente es la persona que le encabeza, sino toda la estructura, la forma en la que se han instalado las personas en el servicio público y la forma en la que se ha pensado y planteado la procuración de justicia. Sin embargo, debo decir que, en lo particular, sí tengo una esperanza en que Ernestina pueda encabezar una transformación profunda en la fiscalía —agrega.
A Alejandro Gertz Manero lo califica como “un lastre para la justicia y para las víctimas” y recordó que la sentencia de la Corte Interamericana fue dirigida a todo el Estado mexicano. Es decir, quien fue declarado responsable internacionalmente fue el Estado. “En ese sentido lo que implementen tiene que ser una política nacional”, agrega.
Ministerios públicos, comisiones de búsqueda y jueces, los otros desafíos de la FGR
Aunque en respuesta a esta sentencia de la Corte Interamericana contra México el Congreso de la Unión ha reformado la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se fortaleció al Instituto Nacional de la Mujeres (ahora Secretaría de las Mujeres), y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) creó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, existen otra serie de problemas identificados por las especialistas.
Por ejemplo, aseguran que sigue habiendo “registros fragmentados” en las fiscalías y en las comisiones de búsqueda (tanto a nivel estatal como a nivel federal), que se rehúsan a crear una base de datos unificada, homologada y que concentre información de feminicidios, homicidios y muertes violentas de mujeres en todo el país.
La SCJN creó el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género. Foto: Cuartoscuro
“Otra cosa importante es que seguimos teniendo fiscalías que no están acreditando los tipos penales de feminicidio, que siguen acreditando estos tipos penales, como homicidio doloso, parricidio, infanticidio e incluso algunos como suicidio, pero que ni siquiera se investigan con el protocolo de feminicidio, a pesar de tener el estándar de la sentencia del caso Mariana Lima, que ordenó que toda muerte violenta debe de investigarse como feminicidio”, recuerda Alejandra Cartagena.
Agrega que no solo es la falta de bases o bancos de datos, sino incluso la falta de capacitación y sensibilidad de los servidores públicos que están en estas instituciones y que siguen negando o hasta ocultando la existencia de los feminicidios, lo que implica que no se pueda identificar la violencia feminicida en el país.
“O sea, no tenemos patrones uniformes ni tipos penales importantes, y los que tenemos no se aplican por la falta de perspectiva de género por parte de quienes están en estos espacios, que les sigue pareciendo que el tipo penal de feminicidio no existe”, añade.
Además, señala que hay otros riesgos institucionales, estereotipos y roles de género que siguen atravesando los Ministerios Públicos del país, mismos que tienen capacidades muy limitadas en materia pericial y de investigación.
“No solo es tener un tipo penal y un protocolo, sino los recursos humanos con perfiles idóneos para investigar y tener también en las otras ramas personas que estén capacitadas, como los propios peritos”, añade Alejandra Cartagena.
Por su parte, Karla Micheel agrega que otro de los grandes pendientes que tendrá Ernestina Godoy al frente de la FGR, sobre todo porque ella fue parte de ese proceso litigioso en diferentes momentos y con diferentes puestos, es lo resolutivo de la sentencia del caso Digna Ochoa, que establece, entre otras cosas, la independencia de los servicios periciales.
Foto: Cuartoscuro
“Eso también es supremamente importante, también es uno de los grandes pendientes que le toca a la Fiscalía General de la República, por supuesto, el fortalecimiento de las investigaciones de los crímenes que se cometen en contra de las personas defensoras”. La especialista menciona que el país no puede seguir teniendo jueces y magistrados que no observen la violencia feminicida, que prefieran “hablar de casos donde hay una tentativa de feminicidio” argumentando que “si la hubiera querido matar, la mata”.
“Hay todo un montón de acciones que tiene que realizar el Estado mexicano para cumplir con sus obligaciones, no solo conforme a sentencias como la de Campo Algodonero, sino conforme a estándares internacionales y a las convenciones Belém do Pará que México ha firmado y ha ratificado”.
Con información de Animal Político.
Tips al momento
EU tendría en la mira a funcionarios de Chihuahua y el narco
En la reciente columna de Raymundo Riva Palacio para El Financiero del espacio Estrictamente Personal, bajo el título de "La narcopolítica no sólo es morena", menciona que el Departamento de Estado de los Estados Unidos tendría bajo la mira al gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos.
Riva Palacio realiza una sentencia firme: "La gobernadora Maru Campos no parece haber comprendido los embates estadounidenses contra la narcopolítica, y su falta de ajustes en las áreas judiciales ha creado otra sospecha" y deja en manifiesto que las investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra la narcopolítica han puesto a Chihuahua en el centro de atención, por la supuesta penetración del crimen organizado en la alta esfera del gobierno estatal.
Refiere que la cancelación de la visa a un alto funcionario de la Fiscalía General del Estado, habría sido parte de las investigaciones que sigue el gobierno estadounidense, que incluso se anticipa que otro de mayor rango está próximo a perderla.
Según Riva Palacio, cabe la posibilidad de que el gobierno de Donald Trump no se detuviera en revocar la visa de la gobernadora.
Otro de los puntos que aborda son los cambios de la estructura judicial y la sospecha de que dinero ilícito pueda ser inyectado en las campañas para la gubernatura de Chihuahua en 2027.
La molestia de EU y la atención sobre Chihuahua acrecenta al no advertir que no existe cambios en los cargos relevantes, a pesar de presuntas evidencias de vinculación institucional con el crimen organizado.
El gobierno de Estados Unidos cuenta con dos testigos protegidos ante el FBI que detallan el asesinato de cuatro agentes de la Agencia Estatal de Investigación y el delegado del INM en 2022 y que han revelado que existe una abogada de narcos vinculada a un alto funcionario de la fiscalía estatal fue quien puso a los agentes para ser emboscados. Así como la operación del Cereso número 3 de Ciudad Juárez por La Línea, que domina aproximadamente el 80% del crimen en el estado y está ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Tras la clasificación de los cárteles como organizaciones terroristas por parte de Trump, ha generado que se confirmen operaciones de contraterrorismo se están manejando desde Fort Bliss en El Paso, bajo la supervisión de Tulsi Gabbard, Directora Nacional de Inteligencia. Participan el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, demostrando que Estados Unidos está eliminando los límites para enfrentar a los cárteles en la frontera, lo que presiona directamente al gobierno de Chihuahua a actuar.
Mientras Maru Campos anda en Italia, otra gobernadora habla por los chihuahuenses con Sheinbaum
La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, habló a nombre de los chihuahuenses ante la ausencia de Maru Campos al Consejo Nacional de Seguridad Pública que convocó la presidenta Claudia Sheibaum en Palacio Nacional.
Mientras la gobernadora Maru Campos anda en Italia, los demás mandatarios del país respondieron al llamado de Sheinbaum en materia de seguridad.
Pero la ausencia de Maru Campos fue más evidente, porque su homóloga de Aguascalientes habló a nombre de los chihuahuenses.
“De parte del gobierno de Chihuahua: se piden más recursos para la Policía, tanto estatales, como municipales”, eso fue lo que según Tere Jiménez piden los chihuahuenses.
Jueza dicta prisión preventiva a Duarte por acusaciones de lavado de dinero
Durante la audiencia celebrada el día de ayer, en contra del ex gobernador César Duarte, se determinó que el parralense se mantendrá en prisión preventiva por acusaciones de lavado de dinero.
Medios nacionales expusieron que la audiencia se extendió por 15 horas en el Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, y la Jueza María Jazmín Ambriz López, determinó que Duarte se mantendrá privado de su libertad mientras avanza la investigación.
Por cierto, trascendió que la defensa de Duarte solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que será en los próximos días cuando se decida si será vinculado a proceso.
Y la FGR, ¿para cuándo los casos de la 4T con el mismo ímpetu?
Señalan en redes que, en medio de la detención de César Duarte por parte de la FGR, el ex gobernador Javier Corral se presenta como una figura clave nacional adjudicando a su quinquenio la investigación que replica la federación, y de la que personalmente la fiscal General de la República, Ernestina Godoy, confirma haber obtenido la autorización del gobierno de Estados Unidos.
Javier Corral, luego de la detención del ex gobernador Duarte, emprendió una serie de entrevistas en medios nacionales asegurando que la misma captura obedecería a la investigación en 2019 y que dio seguimiento la FGR durante la gestión de Gertz Manero.
Esto ocurre en el momento en el que Ernestina Godoy se autopresenta a nivel nacional como la primera Fiscal General de la República y con esta primera acción tratar de mandar un mensaje de cero impunidad y autonomía.
Ante este escenario en las redes sociales, se les cuestiona a Javier Corral por la pasarela mediática, y cuándo comparecerá ante la justicia de Chihuahua por el presunto delito de peculado de 98.6 millones de pesos, así como de su llegada a Morena para protegerse con el fuero.
Mientras que a Ernestina Godoy, se le señala si así con el mismo ímpetu con el que celebra la detención de César Duarte, lo mismo ocurrirá en contra de Adán Augusto López Hernández por el tema de "LaBarredora", las caravanas médicas donadas a Andrea Chávez, las denuncias contras los hijos de López Obrador, lo relacionado al Huachicol Fiscal, así como la corrupción en Segalmex y Pemex.
No coinciden agendas de Daniela y Lilia para el debate
El debate que se han cantado, la diputada federal del PT y la presidenta del PAN en Chihuahua, parece que no tendrá fecha de coincidir.
Primero fue Lilia Aguilar quien propuso debatir con Daniela en el DEGA el pasado viernes, sin embargo, no estuvo en Chihuahua Daniela Álvarez por agenda en otra ciudad.
Luego Daniela Álvarez durante el fin de semana convocó al debate para este lunes en el Congreso del Estado en punto de las 12pm.
Lilia Aguilar dio a conocer que no estará presente porque este lunes tienen trabajo en Comisión de Puntos Constitucionales, donde es Secretaria de la Comisión. "Quiero aclarar que el Congreso del Estado no es la oficina particular de nadie", dijo.
Rosa Icela Rodríguez encabeza la mañanera de este viernes
Debido a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a los Estados Unidos, la secretaria de gobernación Icela Rodríguez encabezó esta mañana la "mañanera del pueblo".
Rodríguez expuso que la presidenta salió a Estados Unidos la tarde del jueves 04 de diciembre en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, según la secretaria, por los tiempos de ida y vuelta, además expuso que se informó al Senado de la República sobre su ausencia y el motivo.
Sheinbaum estará esta mañana en el sorteo para determinar el grupo de países que jugarán en el Mundial de Futbol 2026, en compañía del presidente Donald Trump y el ministro de Canadá Mark Carney. Por otro lado, se espera que la mandataria nacional se reúna con los anteriormente mencionados para llevar a cabo platicas del T-MEC.
Conclave de "morenistas" con titular de Conagua, acusan mercado negro del agua
Este martes se reunieron en privado los senadores de Morena, con el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales, previo a la votación de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales que se someterá a votación este miércoles.
El senador Juan Carlos Loera confirmó que esta reunión es “para analizar la Ley de Aguas Nacionales, con la cual se busca frenar el mercado negro y la sobreexplotación de este recurso".
Aseguran que se legislará sin afectar derechos, pero poniendo límites a los abusos, a la corrupción y al acaparamiento del agua.
Se le olvida a Claudia Sheinbaum que el que calla otorga…
Bien dicen que el que calla otorga, y en esta ocasión quien evitó dar declaraciones sobre la causa de la salida de Alejandro Gertz Manero de la FGR que se calificó como “grave”, fue la presidenta Claudia Sheinbaum.
Pues al ser cuestionada por una reportera durante la rueda de prensa matutina, la mandataria nacional evadió la pregunta y dijo que se reconoce el trabajo del ex fiscal, “lo importante es el reconocimiento a su trabajo y que él acepta irse a una embajada, ahora está Ernestina Godoy de interina y el proceso que se va a llevar a cabo en el senado… creo yo que es importante, manteniendo la la autonomía de la fiscalía que es fundamental, fortalecer la coordinación”, se limitó a decir.
Pese a esta nula respuesta, la periodista reformuló la pregunta en vano y mencionó la carta enviada por parte del Senado, a lo que Sheinbaum respondió que se trata de “otra cosa”, la razón de la salida de Gertz, “eso es otra cosa, lo importante es que hoy estamos en esta circunstancia y vamos a seguir hacía adelante”, sentenció.
Loera y Mata se retan a debatir en medio de disputa por reforma a la Ley de Aguas Nacionales
La tensión política en torno a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales escaló luego de un intercambio directo entre el senador de Morena, Juan Carlos Loera, y el director general de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua, Mario Mata.
El desencuentro surgió en un chat donde Loera señaló a Mata como parte de un “grupo violento” y lo acusó de recurrir a agresiones físicas ante la falta de argumentos. Mata respondió de inmediato, rechazando categóricamente las acusaciones y negando haber agredido o mandado agredir a alguien.
“No sé a qué te refieres, estimado Juan Carlos. Nunca he agredido a nadie ni mandado agredir. Acepto tu reto y pon el lugar y la fecha”, escribió Mata, quien además exigió aclaraciones frente a lo que calificó como señalamientos infundados.
El intercambio terminó convirtiéndose en un reto público a debatir, aunque ninguno de los dos ha anunciado hasta ahora la fecha, el formato o el lugar donde podría realizarse el encuentro.
La discusión se da en medio del creciente debate nacional sobre la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, un tema que ha encendido fricciones entre distintos actores políticos y sectores productivos, especialmente en Chihuahua, entidad históricamente marcada por disputas sobre uso y control del agua.
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