EU: tres décadas permitiendo tráfico de armas a México
Ciudad de México, 04/02/2025 (Más / IA).- Durante las últimas tres décadas, distintos gobiernos de Estados Unidos han reconocido su responsabilidad en la fabricación y venta de armas que terminan en manos del crimen organizado en México. Sin embargo, estas declaraciones no se han traducido en acciones concretas para reducir el tráfico ilegal de armamento. Una investigación de Animal Político revela que, pese a los compromisos expresados por administraciones tanto demócratas como republicanas, el problema persiste sin una regulación efectiva.
Como parte de los acuerdos alcanzados con Donald Trump para suspender temporalmente la imposición de aranceles a México, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que, «por primera vez», Estados Unidos se comprometió a colaborar para evitar el ingreso de armas de alto poder a territorio mexicano. Sin embargo, especialistas advierten que este tipo de promesas han sido una constante entre los mandatarios estadounidenses, sin que se traduzcan en resultados tangibles.
El más reciente informe de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) señala que entre 2017 y 2021, el 74 % de las armas confiscadas en México tenían origen estadounidense. Además, el grupo de investigación Small Arms Survey estimó que en 2017 había alrededor de 16,800 armas de fuego provenientes de Estados Unidos en manos de civiles en México, un país que enfrenta una crisis de violencia con un promedio de más de 85 homicidios diarios.
Desde 1997, el entonces presidente Bill Clinton promovió la firma del Tratado Interamericano CIFTA para el control del tráfico de armas, pero la iniciativa fue bloqueada en el Congreso estadounidense, en gran medida por la presión de grupos favorables a la venta de armas. En gobiernos posteriores, los intentos de regular el flujo de armamento hacia México han chocado con la resistencia del Congreso y la influencia de la Asociación Nacional del Rifle (NRA).
El investigador Tomás Milton Muñoz, especialista en Relaciones Internacionales de la UNAM, advirtió que el acuerdo mencionado por Sheinbaum no ha sido formalizado por Trump, por lo que su cumplimiento es incierto. «No hay ningún indicio de que el gobierno estadounidense realmente trabajará para frenar el tráfico ilegal de armas. Una cosa es lo que declaran los presidentes y otra muy distinta es lo que realmente sucede», explicó.
Donald Trump, quien regresó a la Casa Blanca con el respaldo de sectores conservadores y de la NRA, prometió en febrero de 2024 eliminar las restricciones impuestas por Joe Biden a fabricantes y propietarios de armas. Su administración anterior (2017-2021) ya había abordado el problema del tráfico de armas, pero su solución fue la construcción de un muro fronterizo.
Estados Unidos es el mayor mercado de armas del mundo, con más de 77,000 establecimientos dedicados a la venta de armamento. Un informe de IBIS World reveló que entre 2014 y 2018, estas tiendas generaron 11,000 millones de dólares en ingresos, mientras que los fabricantes de armas y municiones obtuvieron 17,000 millones de dólares.
En varias de sus intervenciones públicas, la presidenta Sheinbaum ha cuestionado la postura de Washington, que exige a México hacer más para frenar el tráfico de fentanilo mientras no toma medidas contundentes contra el flujo de armas que terminan en manos del crimen organizado.
Promesas reiteradas y pocos resultados
A lo largo de los últimos gobiernos estadounidenses, las declaraciones de cooperación en materia de control de armas han sido frecuentes, pero sin avances significativos. En 2009, el entonces presidente George W. Bush reconoció la responsabilidad de su país en el tráfico de armas hacia México, aunque al mismo tiempo respaldó leyes que protegían a fabricantes y distribuidores de armas frente a demandas por violencia armada.
Durante la administración de Barack Obama (2009-2017), se impulsaron medidas para ratificar el tratado CIFTA y fortalecer el control de armas, pero la oposición del Congreso impidió cualquier avance. En 2011, su gobierno se vio envuelto en un escándalo cuando se reveló que, bajo el operativo «Rápido y Furioso», agentes de la ATF permitieron el tráfico ilegal de armas hacia México con el supuesto objetivo de rastrear a grupos criminales. Estas armas terminaron siendo utilizadas en diversos delitos, lo que generó una fuerte crisis diplomática.
En el caso de Joe Biden, su gobierno adoptó en 2021 el Entendimiento Bicentenario, un acuerdo con México para reducir el tráfico de armas y fortalecer la cooperación en seguridad. Sin embargo, hasta la fecha no se han presentado informes detallados que evidencien resultados concretos.
A pesar de los constantes compromisos de Estados Unidos para frenar el tráfico de armas, los datos muestran que el problema sigue sin resolverse. Con la llegada de Trump nuevamente al poder y su cercanía con los sectores pro-armas, los especialistas advierten que las posibilidades de un cambio real en la política estadounidense son mínimas.
Tips al momento
Pediría licencia Marina del Pilar
Con las acusaciones de los Estados Unidos a funcionarios morenistas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya, tal parece que la segunda mandataria estatal en pedir licencia será Marina del Pilar Ávila.
Trascendió que la gobernadora morenista citó de urgencia a todo el gabinete de Baja California en la ciudad de Tijuana, a las 18:00 horas, presuntamente para pedir licencia de su cargo.
Hay que recordar que la gobernadora ha sido señalada anteriormente por lavado de dinero y nexos con el crimen organizado en el estado de Baja California, además de que el gobierno de Estados Unidos le retiró la visa.
Se estrenan Alcalde y Ramírez en la mañanera de Sheinbaum
Tras una serie de cambios en el gabinete federal, esta mañana la Presidenta Claudia Sheinbaum le dio la bienvenida a Luisa María Alcalde como Consejera Jurídica y a Leticia Ramírez, como secretaria del Bienestar.
Las dos funcionarias, que este lunes se suman al equipo de la presidenta, fueron elegidas en días pasados, tras la salida de Estela Damián y la ahora presidenta de Morena, Ariadna Montiel.
Por cierto, Alcalde llega con un tema importante, tras las acusaciones de los Estados Unidos hacia el gobernador morenista con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, explicará porque no se llevó a cabo el aseguramiento y posterior extradición del mandatario, tomando en cuenta las leyes mexicanas.
Cláusula del TMEC y la narcopolítica sobre México
El Capítulo 27 del T-MEC se ha convertido en un punto crítico para México al ser una "cláusula que pone a México contra la pared" debido a sus estrictas exigencias en materia de anticorrupción.
Este apartado del tratado obliga a tipificar el cohecho nacional y transnacional, establecer la responsabilidad penal y sancionar a empresas involucradas en actos ilícitos, eliminar la deducción fiscal de sobornos y exigir declaraciones patrimoniales a funcionarios y fomentar la cooperación internacional.
Para que esta clausula sea aplicable, la corrupción debe afectar directamente el comercio o la inversión entre los tres países.
El panorama no es alentador para México, en medio del caso de "CIA-Chihuahua", la presencia del embajador Ronald Johnson en Sinaloa, la solicitud de EU de extradición del gobernador Rocha Moya, la desaparición del INAI y el debilitamiento del Sistema Nacional Anticorrupción.
Estados Unidos podría aplica la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la Ley Global Magnitsky (sanciones dirigidas), la cancelación de visas y la emisión de acusaciones en cortes federales.
El mensaje de Pérez Cuéllar rumbo a 400 días
El alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, difundió en redes sociales un mensaje en el que señala que “faltan 400 días” y afirma “Para allá vamos, Chihuahua”, acompañado del hashtag #400DíasParaLa4T.
La publicación se enmarca en una estrategia de posicionamiento político rumbo al proceso electoral en el que se renovará la gubernatura del estado, en un contexto donde el edil ha dejado ver sus aspiraciones para contender por dicho cargo.
En la imagen que acompaña el mensaje, se observa al fondo el Palacio de Gobierno de Chihuahua, lo que refuerza el simbolismo del mensaje en torno a la contienda estatal.
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