Ordena juez federal revisar cambios de directivos en COBACH

Una resolución de la justicia federal obligó al Colegio de Bachilleres del Estado de Chihuahua (COBACH) a revisar los procedimientos mediante los cuales se retiró o negó la continuidad a varios directivos de planteles, luego de que un juez determinara que las decisiones se tomaron sin apego al marco legal. El fallo abre la posibilidad de reexaminar diversas determinaciones administrativas dentro del subsistema educativo.

La administración encabezada por Humberto de las Casas enfrenta ahora un escenario jurídico complejo, luego de que tribunales federales otorgaran amparos a funcionarios que reclamaron irregularidades en la forma en que fueron sustituidos o removidos de sus cargos.

Según lo establecido en la resolución, la Dirección General del COBACH habría decidido no renovar los nombramientos sin realizar previamente evaluaciones formales de desempeño ni verificar el cumplimiento de objetivos institucionales, lo que contraviene disposiciones de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.

En su análisis, el juez federal señaló que la permanencia de personal directivo dentro del sistema educativo debe sustentarse en criterios de mérito profesional y evaluaciones objetivas, no en determinaciones discrecionales.

La resolución advierte que el subsistema omitió revisar el trabajo realizado por los directivos antes de reemplazarlos, lo que pone bajo cuestionamiento los mecanismos utilizados para realizar los cambios en distintos planteles.

Ante ello, la institución deberá revisar los procesos administrativos aplicados en estos casos.

Mientras avanzan los procedimientos legales, dentro de algunos planteles también han surgido inconformidades relacionadas con la gestión de nuevos responsables administrativos.

Versiones de personal y comunidad escolar apuntan a que ciertas designaciones habrían respondido a acuerdos políticos, situación que según señalan ha provocado menor control en algunas actividades escolares y la aparición de prácticas controvertidas.

Entre las situaciones señaladas se encuentran:

Comercialización de productos entre estudiantes: alumnos habrían sido incentivados o presionados para vender distintos artículos con el fin de obtener beneficios académicos, sin que exista claridad sobre el destino de los recursos generados.

Movimientos irregulares de fondos estudiantiles: también se menciona el retiro de dinero perteneciente a organizaciones estudiantiles bajo esquemas de préstamos personales, lo que habría reducido los recursos disponibles para actividades y mejoras en los planteles.

Descuido en infraestructura: la falta de experiencia administrativa de algunos responsables habría derivado en rezagos en mantenimiento y atención a instalaciones.

Aunque desde la Dirección General se ha argumentado que los cambios obedecieron a lineamientos superiores, la resolución federal señala que los procedimientos aplicados no cumplieron con las disposiciones legales correspondientes.

Especialistas advierten que el COBACH podría enfrentar más recursos legales y conflictos administrativos derivados de estas decisiones, lo que pondría presión sobre la estabilidad institucional de un sistema educativo que atiende a decenas de miles de estudiantes en el estado de Chihuahua.

Tips al momento

El enlace de la CIA en Chihuahua; operativos encubiertos   

La muerte de los dos exmilitares estadounidenses reclutados por la CIA, ocurrida en abril pasado en la Sierra Tarahumara, ha destapado una presunta red de operaciones armadas encubiertas en coordinación con exfuncionarios estatales, según expuso el periodista Raúl Rodríguez Cortés en su columna Gran Angular.

De acuerdo con el texto, los fallecidos eran Richard Leiter Johnston III, de 35 años, exoficial del Ejército de Estados Unidos entrenado como "boina verde" de las Fuerzas Especiales con historial antiterrorista en Afganistán, Oriente Medio, África y Asia, y John Dudley Black, de 44 años, exintegrante del cuerpo de marines y exayudante militar de la Primera División.

Ambos perdieron la vida al desbarrancarse el vehículo en el que regresaban tras el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua.

Aunque la Embajada de Estados Unidos en México argumentó en su momento que ambos elementos solo efectuaban labores de escritorio enfocadas en la capacitación policial, el perfil táctico de los agentes puso en duda esa versión oficial.

El columnista señala que el caso cobró relevancia esta semana al centrarse la atención pública en Guillermo Arturo Zuany Portillo, quien se desempeñaba como fiscal especializado en Operaciones Estratégicas y Antisecuestro de Chihuahua durante aquel operativo. Según confirmó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, el exfuncionario cuenta con órdenes de aprehensión y es investigado en México.

La columna señala que Zuany Portillo huyó del país y se encuentra bajo protección del gobierno estadounidense y en sus declaraciones, el exfiscal habría asegurado que operó como enlace directo entre la CIA y las corporaciones de seguridad de Chihuahua para integrar un grupo conjunto contra el narcotráfico, revelando además que agentes estadounidenses ya participaban armados en los operativos.

Mientras la CIA declinó comentar sobre el asunto y Washington no ha confirmado oficialmente el resguardo del exfuncionario, la FGR informó haber hallado indicios de que elementos estadounidenses realizaron actividades que excedieron los límites de cooperación.

La presidenta Claudia Sheinbaum sin negar que Zuany Portillo esté protegido por Estados Unidos, subrayó la relevancia de que una persona vinculada en su momento con la delincuencia organizada se acerque posteriormente a las agencias estadounidenses. Por este mismo caso permanece en prisión y vinculado a proceso por traición a la patria el exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno.

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