
Saltillo, Coahuila 17/04/26 (Más).- Aunque no existe evidencia pública de operaciones de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) en Coahuila, como ocurre en Chihuahua, reportes de agencias de seguridad como la Administración del Control de Drogas (DEA) o el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), entre muchas otras, así como publicaciones de medios e instituciones académicas y especializadas, han alimentado durante dos décadas expedientes sobre Los Zetas, corrupción policial coahuilense, rutas de tráfico en el estado, la masacre de Allende y la seguridad fronteriza con Texas.
El único vínculo visible entre Coahuila y la CIA es un reporte del FBI de 2010 sobre el presunto apoyo de policías municipales de Saltillo a Los Zetas, que fue distribuido dentro de un grupo de agencias de seguridad de Estados Unidos e incluyó a la CIA como una de sus destinatarias, de acuerdo con documentos publicados por el National Security Archive.
El hecho de que la CIA fuera incluida despierta la duda sobre por qué esta oficina de inteligencia tan relevante de Estados Unidos estaba interesada en conocer acerca de la corrupción de policías saltillenses y sus vínculos con los Zetas. El reporte sólo acredita que la CIA fue enterada de la situación, pero no hay información que revele una actuación o intervención de la CIA en Saltillo ni colaboración con autoridades locales.
La presencia de Coahuila en los expedientes de seguridad estadounidenses no se limita al conocimiento remoto de casos criminales. A lo largo de los últimos 20 años aparecen distintas formas de acción, como reportes de inteligencia, investigaciones federales, juicios en cortes de Texas, seguimiento periodístico, capacitación a corporaciones locales, reuniones con autoridades coahuilenses, acuerdos fronterizos y programas binacionales para ubicar objetivos criminales.
El documento más delicado para la línea CIA es el reporte del FBI fechado el 19 de noviembre de 2010, identificado por el National Security Archive, de la Universidad George Washington, como un informe de inteligencia sobre el presunto apoyo de policías municipales de Saltillo, Coahuila, a Los Zetas.
La ficha del archivo señala que autoridades del FBI en México reportaron información que vinculaba a policías saltillenses con Los Zetas, narcotráfico y homicidios, aunque la lista de oficiales aparece testada en la versión pública, lo que significa que en el documento público los nombres, cargos u otros datos identificables de esos policías fueron ocultados, tachados o censurados antes de liberar el archivo.
La importancia del documento está en que no quedó dentro de una sola oficina. El OCR (documento legible en sus caracteres) del archivo muestra que el reporte fue distribuido, además de a la Agencia Central de Inteligencia (CIA), dentro del circuito interagencial de Estados Unidos a otros destinatarios como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el Departamento de Estado (DOS), la Agencia de Seguridad Nacional (NSA), la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS), el Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS), el Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC), el Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), el Comando Sur de Estados Unidos (USSOUTHCOM) y otras instancias.

El interés estadounidense en Coahuila ya era visible desde diciembre de 2008, cuando el consultor antisecuestros estadounidense Félix Batista fue secuestrado en Saltillo.
CBS News/AP reportó el 15 de diciembre de 2008 que Batista había sido privado de la libertad en la capital coahuilense y que su empresa había notificado al FBI y a autoridades mexicanas, que trabajaban en el caso. La misma nota señaló que Batista había estado dando pláticas a policías locales y empresarios sobre prevención de secuestros.
Reuters publicó ese mismo día que Batista, consultor estadounidense radicado en Miami, fue secuestrado afuera de un restaurante en Saltillo y que su empleador había solicitado ayuda al FBI y a autoridades mexicanas. La cobertura ubicó a Coahuila no sólo como escenario de violencia criminal, sino como un caso con intervención de una agencia estadounidense por tratarse de un ciudadano y consultor de seguridad de EU.

Pero la línea más grave de intervención estadounidense en Coahuila aparece con la DEA y la masacre de Allende.
El 12 de junio de 2017, ProPublica y National Geographic publicaron la investigación Anatomía de una masacre, en la que reconstruyeron cómo una operación antidrogas estadounidense detonó indirectamente la represalia de Los Zetas contra Allende y comunidades cercanas.
El caso Allende también fue retomado por instituciones especializadas. El National Security Archive publicó el 18 de marzo de 2021 un expediente sobre la masacre, al cumplirse una década de impunidad, y describió el ataque como una oleada de violencia en la que Los Zetas secuestraron, asesinaron e incineraron cuerpos de hasta 300 víctimas en Allende y municipios cercanos como Villa Unión y Piedras Negras.
La Clínica de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas también colocó a Coahuila en el centro del análisis estadounidense. En 2017, junto con el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, de Saltillo, elaboró el informe Control… Over the Entire State of Coahuila, basado en testimonios de tres juicios federales en Austin, San Antonio y Del Río contra integrantes de Los Zetas entre 2013 y 2016.
El reporte sostuvo que esos juicios revelaron información sobre la estructura zeta, su relación con funcionarios estatales y municipales, y abusos graves en Coahuila cometidos con apoyo o aquiescencia de autoridades.
La misma ruta fue documentada por Open Society Justice Initiative en 2018 con el informe Corruption That Kills, que analizó la colusión de funcionarios públicos con Los Zetas en dos episodios centrales: la masacre de Allende y los crímenes cometidos en el penal de Piedras Negras entre 2009 y 2012, cuando la prisión habría sido utilizada como centro de operaciones del grupo criminal. El informe colocó la corrupción institucional como causante de esas atrocidades.
Las agencias estadounidenses también aparecen en expedientes judiciales formales sobre rutas de tráfico en Coahuila.
El 9 de abril de 2015, la DEA informó que un operador de la plaza de Piedras Negras se declaró culpable en una corte federal de San Antonio; según la agencia, desde los primeros años de la década de 2000 fue uno de los principales traficantes en esa plaza coahuilense y responsable de trasladar miles de kilogramos de cocaína y mariguana de México a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos documentó después otros procesos relacionados con Piedras Negras, Allende y Los Zetas, con participación de DEA, HSI, FBI, ATF, Border Patrol, CBP, Texas DPS, Texas Rangers y U.S. Marshals.
Es decir, Coahuila aparece en expedientes de EU no sólo como territorio observado, sino como parte de investigaciones criminales multiagencia sobre tráfico de drogas, armas, homicidios y violencia extrema vinculada a Los Zetas.
La colaboración con autoridades coahuilenses también aparece en episodios más explícitos. En marzo de 2018 15 policías municipales de Acuña asistieron a cursos de capacitación ofrecidos por el FBI y la Border Patrol en Del Río, Texas. Esa referencia muestra una cooperación directa en formación policial, más allá del seguimiento de casos criminales.
En marzo de 2019 se informó que el Gobierno de Coahuila tendría un primer “Cónclave de Seguridad” con agencias estadounidenses para estrechar lazos, intercambiar información, combatir al crimen organizado y establecer acuerdos para operaciones conjuntas. La lista de participantes incluía DEA, CBP, ATF, ICE, FBI, Texas Rangers, Consulado de Nuevo Laredo, U.S. Marshals, DPS, HSI y Border Patrol; por Coahuila asistirían la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General y mandos estatales y regionales.
Ese mismo año Coahuila buscaba certificar policías con un modelo del FBI, dentro de una estrategia de pacificación y mando unificado. Se informó la cooperación con la agencia estadounidense dentro de una política estatal para profesionalizar corporaciones, unificar capacidades y fortalecer el combate a la delincuencia.
En 2022, la cooperación rebasó el ámbito de agencias federales y llegó al plano estatal entre gobiernos. El 14 de abril de 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, firmó memorandos de entendimiento con los gobernadores de Chihuahua y Coahuila para reforzar medidas de seguridad fronteriza, prevenir migración ilegal hacia Texas y mejorar el flujo en cruces como Acuña-Del Río. El comunicado oficial del gobierno texano señala que Abbott se reunió con el entonces gobernador Miguel Ángel Riquelme para discutir desafíos en la frontera Texas-México.
El seguimiento periodístico en Estados Unidos confirmó el impacto de esos acuerdos. The Texas Tribune reportó el 14 de abril de 2022 que Abbott anunció acuerdos con gobernadores mexicanos para detener inspecciones estatales extraordinarias en puentes internacionales, y precisó que Coahuila comparte cruces con Del Río y Eagle Pass. La nota colocó el acuerdo en el contexto de una política texana de inspecciones a camiones comerciales por drogas e inmigración.
La coordinación operativa más reciente se observa con CBP/Border Patrol. El 18 de diciembre de 2025, Fox San Antonio reportó que U.S. Customs and Border Protection, en colaboración con autoridades mexicanas en Coahuila, presentó nuevos objetivos criminales de la iniciativa “Se Busca Información”.
El programa busca que la población de ambos lados de la frontera reporte de forma anónima información sobre personas buscadas por delitos en México y Estados Unidos; la información se recibe vía WhatsApp o teléfono y se comparte con corporaciones de ambos países.
En junio de 2025, la propia Fiscalía General del Estado de Coahuila publicó que su titular sostuvo una reunión con Homeland Security Investigations (HSI) para fortalecer la coordinación y colaboración binacional en seguridad y procuración de justicia.
También en 2025 hubo reuniones de la Fiscalía de Coahuila con el FBI como parte de una agenda permanente de colaboración para fortalecer la capacitación de agentes ministeriales y establecer canales de intercambio de información estratégica. El fiscal, Federico Fernández Montañez, afirmó que la colaboración con agencias internacionales como el FBI es fundamental para fortalecer la procuración de justicia en Coahuila.
Para abril de 2026, la cooperación con EU ya era defendida públicamente como parte del modelo estatal. El gobernador Manolo Jiménez, afirmó que Coahuila mantiene colaboración permanente en seguridad con autoridades estadounidenses, consulados, embajada, agencias de seguridad de Estados Unidos y el gobierno de Texas. También sostuvo que existe intercambio de buenas prácticas y patrullaje coordinado, aunque cada parte opera en su territorio.
El balance muestra varios niveles de intervención o acción estadounidense en Coahuila. Primero, el nivel de inteligencia e investigación, con el reporte del FBI sobre policías de Saltillo y Los Zetas, distribuido a múltiples agencias incluida la CIA.
Segundo, el nivel de investigaciones y juicios federales, con la DEA, HSI, FBI, ATF, CBP, Border Patrol y Texas DPS documentando rutas, plazas y crímenes de Los Zetas en Piedras Negras, Allende y la frontera con Texas.
Tercero, el nivel de colaboración directa con autoridades coahuilenses, con capacitación, reuniones, intercambio de información, convenios fronterizos y programas como “Se Busca Información”.
Todo esto permite conocer que Coahuila ha estado en el ojo de Estados Unidos por razones de seguridad pública, crimen organizado y frontera, pero no todas las agencias aparecen con el mismo grado de involucramiento.
La DEA está ligada al expediente más grave, Allende; el FBI aparece en reportes de inteligencia, casos de secuestro, capacitación y colaboración ministerial; HSI, CBP y Border Patrol aparecen en coordinación fronteriza y procuración de justicia; Texas DPS y el Gobierno de Texas aparecen en acuerdos de seguridad subnacional.
La CIA, en cambio, sólo aparece públicamente como destinataria de un reporte del FBI de 2010, lo que acredita recepción de información, no operación directa en territorio coahuilense.
Por Massinformación.